Llorca se encomienda a las promesas de Feijóo por la dana para rechazar el modelo de Sánchez

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado este fin de semana la chaqueta de barón popular como presidente del PPCV y ha endurecido su posición respecto al modelo de financiación que ha puesto sobre la mesa el Gobierno, enfriando las opciones de acercamiento pese al avance que supone para los intereses valencianos a falta de concretar la letra pequeña del sistema.

Ha sido en la cumbre de Zaragoza, a la que Llorca acudió junto al resto de barones autonómicos para cerrar filas con Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez. Una jornada en la que el PP nacional se ha comprometido a frenar un modelo que presenta como una «cesión bilateral al separatismo», en referencia a Esquerra Republicana.

En pocos días, desde la presentación del borrador por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la posición del Consell ha pasado de un “no pinta mal” a un se estudiará “en profundidad” hasta, este domingo, comprometerse a “acabar con el modelo”, en palabras del ‘president’ en sus redes sociales.

Si en días anteriores los reparos estaban en la ausencia de cuestiones como la quita de la deuda ligada a la infrafinanciación o un fondo transitorio de nivelación, ahora la enmienda parece general. El jefe del Consell señalaba antes del encuentro con todo el poder territorial del partido que iba a “defender los intereses de todos los valencianos. Entre otros, acabar con el sistema de financiación que propone el Partido Socialista que entre otras cosas te supondría a ti tener que pagar impuestos que ya hemos quitado en la C. Valenciana como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, señalaba. Esa ‘imposición tributaria’ parece que será la piedra sobre la que Llorca armará su rechazo a una propuesta que ha generado expectativas tras una década de bloqueo.

Al margen del ámbito del partido, siempre hiperbólico, y pese al contundente mensaje de Feijóo, el jefe del Consell todavía no ha aclarado si cierra definitivamente la puerta a negociar de manera bilateral con el Ministerio de Hacienda un modelo que los expertos y los agentes sociales avalan, y que reclaman negociar para mejorar esas observaciones sobre la deuda y el fondo, u otros desacuerdos.

Mientras existan estas condiciones [en referencia a los impuestos], el Partido Popular no va a negociar nada. Otra cosa distinta es que se plantee un sistema de financiación justo, con todos sentados en una mesa”

Juanfran Pérez Llorca

— President de la Generalitat

El president valenciano, siguiendo la línea que marca Feijóo, ha endurecido el tono, pero no parece quemar todos los puentes con el Gobierno. “Mi obligación y mi vocación están claras: defender a los valencianos. Y eso pasa por exigir una solución inmediata a la infrafinanciación y por no apoyar un modelo que divide, discrimina y no resuelve nada”, señalaba Llorca en una nota tras el acto de Zaragoza. “Mientras existan estas condiciones [en referencia a los impuestos], el Partido Popular no va a negociar nada. Otra cosa distinta es que se plantee un sistema de financiación justo, con todos sentados en una mesa”. “Ahí sí habrá diálogo y negociación”, añade, y rechaza “los pactos en despachos cerrados, los acuerdos secretos y los privilegios para unos a costa de castigos para otros”.

Este domingo, el presidente de la patronal autonómica CEV, Vicente Lafuente, presionaba de nuevo a Llorca con la necesidad de negociar: la propuesta del Gobierno es "un punto de avance". "Lo que no debemos es tirar todo por tierra porque haya dos puntos en los que no estemos de acuerdo", defiende.

Parece difícil que haya una foto con la ministra, atendiendo al tono de este domingo pero las cifras son públicas. Serían 3.669 millones más de financiación, lo que acabaría con los déficit crónicos y situaría a la C. Valenciana cerca de la media autonómica tras 22 años en el farolillo rojo de las maltratadas. Un escenario que, sin ser ideal, mejora la situación actual.

Espantar la negociación en víspera electoral

Si la Generalitat tiene urgencias para aprobar un nuevo modelo caducado desde hace más de una década, el PP de Feijóo, que se ve en las puertas de la Moncloa, ha mandado parar. No tiene intención de legitimar a Sánchez con una negociación, sino de subrayar su dependencia de ERC, de “los separatistas”. Y menos aún intención de abordar un debate que genera tensiones territoriales en vísperas de elecciones en Aragón y Castilla y León, dos comunidades a las que el actual modelo les va bien, y que con la propuesta socialista pierden posiciones. Comienza un largo ciclo electoral hasta las municipales y generales en 2027, si no hay adelantos.

La hoja de ruta que plantea Feijóo, de hecho, dilata el problema valenciano. El expresidente gallego exige volver a empezar. “Ni reuniones bilaterales ni imponer lo que se ha negociado en secreto a los demás. Reinicie el proceso desde el principio en los foros comunes que es donde hay que hacerlo. Retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar”, dijo a Sánchez desde Zaragoza. Al tiempo, anuncia que, si llega a la Moncloa, convocará una conferencia de presidentes para crear una comisión de expertos y comenzar las reuniones técnicas. Promete arreglar un problema crónico “en el plazo de un año”. La cuestión es que eso ya lo hizo Rajoy, hace justo nueve años y un día (2017), una Conferencia de Presidentes que terminó con un informe de la comisión de expertos que se quedó en un cajón por falta de decisión política.

Café para todos

De momento, el jefe del Consell parece aferrarse a las promesas de Feijóo antes que a los números de Sánchez. En la ‘Declaración de Zaragoza’ el PP hace equilibrios, evita el detalle y sortea las contradicciones entre los dispares intereses territoriales. Sobre el meollo del debate, los criterios técnicos para ordenar el reparto de fondos, la declaración los cita literalmente todos: “Reconocemos la existencia de distintas variables a tener en cuenta para poder elaborar un sistema justo, como la demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno. Estas variables, como por ejemplo una orografía complicada o niveles altos de despoblación o cualquiera de las enunciadas anteriormente, pueden suponer un incremento de necesidades presupuestarias que se deberán atender a la hora del cálculo del nuevo sistema. Todas las particularidades deben ser tenidas en cuenta”. De alguna manera, la Declaración enfatiza criterios que penalizan en el reparto a la C. Valenciana.

Fondo y excepcionalidad valenciana

La declaración es lo suficientemente amplia, de brocha gorda, para no dejar en fuera de juega a ningún barón. Feijóo, como ya pasó con Mazón, satisface a Llorca con una mención explícita a la creación de un “Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación” tal como reclama el Consell, aunque no concreta ni a quién ni cómo nivela, porque todas las comunidades, subraya, están infrafinanciadas, sin entrar en la singularidad valenciana.

La referencia más clara a la autonomía es la de “reconocer una excepción específica para la C. Valenciana como consecuencia de la dana”, aunque sin concretar cantidades o mecanismos. El jefe del Consell mostró su satisfacción: “Todos los presidentes autonómicos han apostado por que exista una excepcionalidad por el tema de la dana, lo que demuestra el compromiso del presidente Feijóo y de todo el PP con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

Por otro lado, el documento evita toda mención a la asunción de la deuda autonómica ligada a la infrafinanciación, algo que no gusta en la Comunidad de Madrid, y que era uno de los grandes argumentos del PP valenciano para no apoyar el modelo de Sánchez.

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