El Consell reivindica su política de VPO y culpa al Botànic de la crisis

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha destacado “la política integral de vivienda del Consell, para hacerla más ágil, generar oferta y proteger a los más vulnerables con soluciones reales que están poniendo coto a la crisis habitacional histórica provocada por ocho años de inacción en las anteriores legislaturas”.

“Tanto es así que, como ejemplo más gráfico, el Botánic construyó cero vivienda social en ocho años de Gobierno, heredamos un sistema en la UCI, sin planificación y sin ejecución y hoy, gracias a este Consell, estamos poniendo vivienda en el mercado, recuperando la colaboración con el sector, ejecutando fondos europeos y construyendo una política de vivienda realista, sostenible y con impacto social”, ha remarcado.

Cabe recordar que este lunes el Síndic de Comptes hizo pública una auditoria sobre la vivienda de protección y protección pública en 2023 y 2024 en la que, entre otras cosas, constata retrasos en la construcción de viviendas con fondos europeos, cuya finalización está comprometida para el 30 de junio de este año.

Fernández, que hoy ha visitado Meliana para avanzar en la adhesión del municipio al Plan Vive, ha valorado el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la política de vivienda en los ejercicios 2023 y 2024 y ha asegurado que el Consell “comparte el diagnóstico de fondo del Síndic sobre el déficit estructural de vivienda protegida que heredamos al acceder a la Generalitat y que explica por qué este Gobierno impulsa desde el primer día un cambio profundo en la política de vivienda en la Comunitat Valenciana”.

Respecto a la promoción de VPP, Fernández ha recordado que el desplome de la vivienda protegida no es un fenómeno reciente, sino “la consecuencia directa de una década perdida en materia de vivienda pública”. “Y esto es lo que estamos logrando revertir gracias al cambio de rumbo en la política del Consell”, ha indicado el secretario autonómico, quien ha recordado que el Plan Vive supone “un giro estructural”, al reactivar la promoción de vivienda protegida mediante nuevas fórmulas de colaboración interadmnistrativa y público-privada. “Una línea de actuación -ha dicho- que el propio Síndic valora, dado que insta a consolidar la cooperación público-privada para garantizar un flujo estable de nueva oferta de vivienda protegida"

En este punto, ha recordado que “ha sido este Consell el que ha logrado poner en marcha la VPP y está activando el mercado para ampliar el parque público, no solo mediante promoción directa y en derecho de superficie, sino que hemos buscado fórmulas que eviten el fracaso constante del Botánic en las licitaciones, con el régimen de permuta, que permitirá incorporar al parque público el 10% de las viviendas que se están construyendo”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que “hemos devuelto al sector a la ecuación, porque es quien tiene la capacidad real de construir, y, tras la modificación de decreto de VPP en diciembre de 2024, en solo un año se ha triplicado el número de solicitudes de calificación provisional por parte de promotores privados. Esto demuestra que el problema no era el mercado, sino el bloqueo normativo y administrativo que existía”.

Fondos europeos

Respecto a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia atribuidos a vivienda en la Comunitat Valenciana, Fernández ha destacado que, en dos años, este Consell ha destinado más del doble de fondos de lo que comprometió el Botánic en el mismo periodo, y no solo eso, sino que esta buena gestión ha logrado cumplir los hitos establecidos por Europa que han permitido sumar 46 millones de euros adicionales al programa, pasando de 383 millones que contemplaba inicialmente a más de 429,5 millones para la vivienda en esta tierra en el programa europeo 2021-2026.

En cifras exactas, el Botánic comprometió apenas 95 millones de euros en dos años, esto es, un 25% del total de los fondos previstos inicialmente en 2021 (383 millones), de los cuáles no ejecutó ni el 20%, dejando proyectos sin iniciar, licitaciones desiertas, proyectos a los que renuncian adjudicatarios y fondos sin utilizar. Frente a ello, también en un mismo periodo de dos años, este Consell ha destinado ya más de 213 millones, un 50% del global que actualmente contempla el programa gracias a la gestión del Consell (429,5 millones), esto es, más porcentaje sobre un mayor importe. “Esto ha hecho que, a día de hoy, gracias al trabajo de este Consell, podemos decir que un 72% del dinero ya está comprometido, con más de 301 millones concedidos, y un 27% ejecutado de los fondos, más de 115 millones ya invertidos”, ha subrayado.

Parque público

El secretario autonómico ha valorado las recomendaciones se realizan sobre un periodo anterior y que están en línea con este Consell, dado que ya están en marcha. Así, ha recordado que se ha iniciado la modificación de la normativa reguladora del parque público -que salió a consulta pública previa el pasado mes de diciembre- “para mejorar su gestión, reforzar la protección de las viviendas y luchar contra la ocupación ilegal, así como para mejorar los procedimientos de adjudicación con mayores garantías”

En concreto, ha explicado que esta modificación adapta el Registro de Demanda de Vivienda al nuevo decreto de VPP, de modo que solo sea obligatorio para solicitantes de vivienda del parque público, esto es, la referida como vivienda social. Fernández ha aclarado además que el incremento de demandantes registrado en los últimos años “no puede analizarse de forma simplista, sino en el contexto y para el objetivo inicial que perseguía”.

Así, ha indicado que “fue el anterior Gobierno del Botánic el que amplió en 2023 el umbral de ingresos del registro de 4,5 a 6,5 veces el IPREM en 12 pagas, lo que disparó el número de inscritos, que no tienen que ver con la demanda de vivienda social, ya que esta ampliación de ingresos no cumpliría con los requisitos y estaría destinada únicamente a aquellos que demandan VPP, pese a que, desde la modificación del decreto en 2024, no es necesario estar inscrito”.

En este sentido, ha insistido en que “vincular automáticamente los 41.000 inscritos en el registro como demandantes de vivienda social distorsiona la realidad, porque no todos podrían acceder -los que están por encima del 4,5 del IPREM incumplirían este requisito-” y ha avanzado que “la nueva regulación del parque púbico pretende solucionar esta disparidad y adaptarla a la realidad normativa actual”.

Fernández también se ha referido a las adjudicaciones de vivienda y ha sostenido que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) “cumple siempre escrupulosamente con la normativa”, al tiempo que ha recordado que la administración “está para estar al lado de quienes más lo necesitan”. Así, ha explicado que, “en casos como el incendio de Campanar o la dana, la Generalitat actúa en colaboración con los ayuntamientos para dar soluciones habitacionales inmediatas a personas afectadas en una emergencia, y, además, en el caso de la dana, se dictó una instrucción para priorizar a los afectados, siempre dentro de la normativa y dirigido únicamente a quienes cumplían los requisitos para acceder a vivienda social”. “Si priorizar a víctimas de una catástrofe, cumpliendo la ley, se considera discrecionalidad, este Gobierno seguirá haciéndolo, porque nuestra obligación es estar al lado de quienes más lo necesitan en situaciones críticas”, ha remarcado.

Suscríbete para seguir leyendo