La Generalitat deberá decidir si negocia la financiación con Montero antes de conocer más detalles

El Gobierno quiere volver a poner a prueba la obediencia de los barones del PP a las consignas de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. Génova ha salido en tromba contra la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, pese a que mejora sensiblemente el tratamiento a comunidades históricamente maltratadas como la valenciana y acota la brecha entre territorios, y ha logrado por ahora que sus presidentes regionales, incluso los potencialmente beneficiados como Juanfran Pérez Llorca, se ciñan a ese guion y rechacen la medida al unísono.

Para tratar de romper esa coreografía, Moncloa ha anunciado una ronda de reuniones bilaterales con las autonomías para detallar su planteamiento con la que pone en apuros sobre todo a esos presidentes populares de territorios que saldrían favorecidos, como la C. Valenciana, donde Llorca no ha aclarado todavía si se sentará a negociar.

Tras décadas a la cola del reparto, sería difícil para el Consell explicar una renuncia previa a una reforma que, aunque incompleta según los expertos, acabaría con lustros de bloqueo y con un maltrato histórico a los valencianos. Los agentes sociales, de hecho, ya han reclamado que se siente a dialogar una oferta que ven mejorable pero “positiva” para la autonomía.

El órdago de la voluntariedad

Anticipándose a esa negativa en bloque del PP y aprovechando que todas las comunidades elevarían sus ingresos con la reforma, Montero trasladó a todos los gobiernos autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la voluntariedad del nuevo modelo, dejando en manos de cada uno la posibilidad de acogerse o no al nuevo diseño. Y avanzó esos careos con cada autonomía para abordar detalles, lo que está generando incomodidad al Consell, que exige multilateralidad.

La Generalitat, que ha ido alineándose con Génova con el paso de los días, no ha aclarado todavía si se sentará con Montero pese a la inyección de casi 3.700 millones al año que supondría el cambio de sistema. El portavoz del Ejecutivo de Pérez Llorca, Miguel Barrachina, trató de ganar tiempo este viernes y no confirmó si el gobierno valenciano acudiría a esa bilateral para negociar con el ministerio de María Jesús Montero, que todavía no ha propuesto fecha. Incluso añadió nuevas condiciones al diálogo al señalar que antes de hablar quieren conocer el proyecto de ley.

Sin embargo, no parece que la Generalitat vaya a disponer de tanto tiempo y detalle para decidir. Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, las bilaterales se van a ofrecer a las autonomías antes de que se remita el texto legal al Congreso de los Diputados para su posterior tramitación parlamentaria. Es decir, que los gobiernos regionales deberán decidir si dialogan o no con Moncloa antes de poder leer la letra pequeña de la propuesta.

Sí hubo bilateral por la deuda

Y por ahora la Generalitat mantiene la incógnita. A consultas de Levante-EMV, fuentes de la Conselleria de Hacienda insisten en que “el diálogo debe ser multilateral y en el seno del CPFF, que es el órgano para ello”, pero sin cerrar ninguna puerta. Conviene recordar que el Consell ya adoptó una postura similar a la actual con la quita de la deuda, cuyo proceso siguió pasos muy parecidos, si bien pese a negarse en público a una negociación bilateral con el Gobierno, finalmente sí acudió a una reunión técnica sobre las condonaciones, que se celebró en abril de 2025 por vía telemática.

La actual no es una situación cómoda para Llorca, que gobierna una de las autonomías más beneficiadas por la reforma y que más ha apretado por ella desde la sociedad civil. El Consell ha ido modulando su valoración sobre la reforma y ha virado en cuestión de días del “no pinta mal” al rechazo frontal, plasmado este domingo en Zaragoza, donde el president unió su firma a la del resto de líderes regionales del PP en un documento que, entre otras cosas, reclama reiniciar el proceso desde cero, lo que prolongaría en el tiempo la infrafinanciación valenciana, y “tener en cuenta” variables de cálculo que perjudican los intereses valencianos.

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