El Síndic revela retrasos en la construcción de vivienda protegida del Consell con fondos de la UE

Con la vivienda convertida en la gran preocupación ciudadana, el mercado del alquiler disparado y la escasez de oferta agravando el problema, los esfuerzos públicos no consiguen coger la velocidad necesaria. La Sindicatura de Comptes de la C. Valenciana acaba de presentar una auditoría sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en la C. Valenciana en los años 2023 y 2024, y concluye, entre otras cosas, que la construcción de viviendas para alquiler social hecha con fondos europeos “presenta retrasos muy significativos en su ejecución”.

“Se ha comprobado que el ritmo de desarrollo de las actuaciones es insuficiente para alcanzar los hitos comprometidos con la Comisión Europea, cuyo plazo de finalización está fijado en junio de 2026, sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan establecerse”, relata el informe en sus conclusiones. Un documento que, eso sí, concede que el plazo es muy exigente, teniendo en cuenta la realidad constructiva, situación que se hace aún más complicada para la Comunitat Valenciana, si se tiene en cuenta la DANA acontecida en octubre de 2024 y sus efectos en la población y el sector, añade.

Esta situación constituye “el principal riesgo identificado en la fiscalización”, al poner en peligro el cumplimiento de los plazos vinculados a la financiación europea. Esta circunstancia refuerza la necesidad urgente de mejorar la planificación, el seguimiento y la coordinación de las actuaciones, añade el auditor.

El problema de falta de oferta viene de lejos. Tal como refleja el informe, los tres últimos planes estatales (desde 2013) han obviado la promoción, construcción y acceso a la vivienda protegida, por lo que la apuesta ha dependido de los fondos europeos ligados a la pandemia (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

La Generalitat captó 108 millones en 2023 y 2024 para construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, en concreto 2.164 viviendas construidas o rehabilitadas antes del 30 de junio de 2026.

Ritmo irregular

A través de diferentes acuerdos, entre mayo de 2022 y marzo de 2024, se han puesto en marcha actuaciones en Valencia, Sagunt, Castelló, Benidorm, Xàbia, Gandia o Sant Joan d’Alacant, para construir estas 2.184 viviendas. Los auditores realizaron visitas in situ el pasado mes de septiembre, inspeccionando seis actuaciones que suman 468 de estas viviendas. En algunos casos, como el sector Rabasa fase 2 en Alicante, la estructura está finalizada, y se prevé su finalización en el plazo previsto (el próximo 30 de junio).

En otro sector de Sant Joan d’Alacant (100 pisos) apenas está la cimentación, lo que no permitirá concluir en la fecha pactada con la UE. En una parcela de Silla donde se proyectan 41 viviendas, no está ni la cartelería europea de publicidad obligatoria. Otra parcela de Valencia está en la fase inicial de replanteo. En la parcela M3 Malilla Norte, donde se proyectan 91 viviendas, estaban en fase de cimentación, y “el grado de ejecución hace poco probable” terminar en plazo.

Stock bajo mínimos

Desde la Gran Recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria (2008), la construcción de vivienda protegida en la C. Valenciana, como en el resto de España, se ha hundido. Hasta mediados de la década de 2000, España mantenía un volumen de promoción de vivienda protegida relativamente estable, en torno a 60.000/70.000 viviendas anuales, lo que suponía cerca del 10 % de la producción de vivienda nueva. La Comunitat Valenciana, junto con Madrid, Cataluña y Andalucía, se situaba entre las comunidades con mayor número de calificaciones anuales.

La crisis lo cambió todo. La vivienda protegida, que ya dependía en gran medida de la iniciativa privada incentivada, fue la primera en detenerse por falta de rentabilidad, apunta el Síndic. En paralelo, la administración redujo la apuesta por la VPO, lo que llevó a “un colapso en las calificaciones de nuevas viviendas de protección pública”.

Los recursos se redirigieron a medidas de emergencia y ayudas al alquiler. El resultado es que mientras en los años 80 se calificaron más de 142.000 viviendas de protección pública, en el trienio 2021-2023 apenas se alcanzaron 1.395 viviendas. Hoy, el parque público de vivienda protegida valenciana se sitúa en 14.282 en 2024, un retroceso de 122 respecto al año anterior.

Demanda al calor del Plan Vive

En paralelo, la demanda se ha disparado. La auditoría constata que el registro de demandantes de vivienda protegida de la conselleria casi se ha triplicado solo en dos años: desde los 14.303 del 1 de enero de 2023 a los 40.998 del 31 de diciembre de 2024. El informe lo vincula en parte a la generación de expectativas tras el convenio marco suscrito con la FVMP para la movilización de suelo público para la construcción de vivienda de protección pública en el marco del Plan Vive de la Generalitat.

Para el Síndic, que cita las diferentes iniciativas, “el volumen de actuaciones previstas, no obstante, resulta insuficiente frente a la magnitud del déficit acumulado, e incluso cumpliendo íntegramente los objetivos de los programas vigentes, el incremento neto del parque apenas cubriría un porcentaje muy reducido de la demanda registrada en la Comunitat Valenciana, hasta el punto de resultar prácticamente irrelevante”, concluye con crudeza el informe.

Por otro lado, el informe sí pone buena nota a la ejecución del programa de adquisición de viviendas para aumentar el parque público, “de manera eficiente y eficaz”, gracias a la cooperación de la Generalitat y los ayuntamientos. Han sido 140 viviendas en 17 municipios durante 2023 y 2024.

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