La Generalitat destina 4,7 millones a alarmas antiocupación, casi el mismo dinero que a ayudas al alquiler

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles. La empresa Vigilantes Asociados al Servicios de Banca y Empresas, Vasbe S.L. ha sido la adjudicataria por 4.743.200 euros, para un periodo de cuatro años.

La licitación está distribuida en dos lotes: uno para la provincia de Alicante, con 150 alarmas y otro conjunto para las provincias de Valencia y Castellón, con otras 150. Un total de seis empresas presentaron ofertas a esta licitación. Además de la instalación de los sistemas de seguridad, el contrato incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato. Las alarmas son individuales y carecen de conexión al suministro eléctrico.

Un 30% de las solicitudes se quedan fuera

Mientras la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad intensifica las medidas para evitar la ocupación irregular de sus viviendas, la entidad Juntes per l'Habitatge exigen el pago de las ayudas de alquiler a las familias que cumplen los requisitos, ya que 2.969 personas (de 12.731, es decir una de cada tres) se han quedado fuera tras agotarse los 23.708.221,87 euros de esta línea de ayudas. Sin embargo, de estos más de 23 millones de euros, la Generalitat Valenciana solo aporta 5.347.999,95 euros (el 22%), una cuantía similar a la que destina ahora a las alarmas antiocupación.

"Es necesario y urgente ampliar el crédito para atender las solicitudes de estas familias que, cumpliendo los requisitos, se han desestimado o excluidos sus solicitudes porque no había dinero. Son el 30,41% de familias las que tienen derecho a recibir la ayuda. En la situación de emergencia residencial actual, tiene que atenderse de manera preferente las necesidades de estas familias que necesitan la ayuda para hacer frente a las rentas y evitar procedimientos judiciales. Esta situación contradice las palabras del presidente de la Generalitat y le recordamos a la Consellera de Vivienda que se comprometió a que nadie se quedara fuera si cumplía los requisitos", afirman desde Juntes per l'Habitatge.

Además, desde la entidad aseguran que si se quiere avanzar en el derecho a la vivienda "es obligatoria una revisión de las políticas de vivienda para disminución del precio de los alquileres, el aumento del parque público y en la eliminación de todo desahucio de familias sin alternativa residencial, empezando por los que son propiedad de la Generalitat y de los ayuntamientos".

Cuando los listados de las personas beneficiarias de las ayudas al alquiler salieron publicadas en el DOGV, desde la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de Susana Camarero garantizaron una ampliación de crédito para atender a todos los demandantes de la ayuda que cumplen con los requisitos. De hecho, la convocatoria arrancó con 16,5 millones de euros, de los que 11,2 millones (más de dos tercios) los aportaba el Gobierno de España y 5,3 millones, la administración autonómica. Así, a inicios de diciembre se acordó una ampliación de crédito de la convocatoria, capitalizada de forma íntegra por el Ejecutivo central, que aportó otros 7,1 millones, elevando la cuantía total hasta los 23,7 millones. El Consell no incrementó sus desembolsos y se desconoce si ahora lo hará, o no.

Ocupaciones "que impiden la rehabilitación"

Lo que sí se sabe es que la Conselleria de Vivienda apuesta por la instalación de los sistemas de seguridad con un contrato que incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, reconoce que unos de los problemas más importantes que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación ilegal de sus viviendas. "Estas ocupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad", asegura Martínez.

Así, las medidas implementadas por la Generalitat para evitar la ocupación ilegal de sus viviendas supone un aumento de la inversión en mecanismos de prevención como son la instalación de los sistemas de alarmas, las puertas antivandálicas o incluso la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques de vivienda pública.

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