Vox busca exprimir al Consell en las Corts, pero esquiva el choque de Extremadura

Ya les gustaría a María Guardiola, presidenta de Extremadura, o alguno de sus más próximos poder hablar de Vox como lo hacen en el PPCV. Casi a la vez que en la comunidad extremeña se materializaba la ruptura entre los dos partidos, con amenaza incluso de repetición de elecciones; a unos 600 kilómetros, en las Corts, el síndic 'popular', Fernando Pastor, se admitía "cómodo" con la formación de Santiago Abascal, que ha aprobado prácticamente todo lo que impulsa el Consell, hasta un cambio de president hace menos de dos meses. Claro que eso tiene un coste que los voxistas no dudan en cobrarse y exprimir hasta el final.

El último peaje por el que deben pasar los 'populares' a petición de Vox es el decreto-ley de Simplificación administrativa que el Ejecutivo autonómico impulsó a final de año y que tendrá que convalidarse el próximo jueves en la Diputación Permanente. Es un texto de casi 200 páginas con 750 artículos que modifica o elimina 96 normas autonómicas en favor de reducir la "hiperregulación" y la "burocracia" así como fomentar la "unidad de mercado", un macrodecreto del que el partido de ultraderecha se arrogó la influencia, e incluso la "iniciativa", igual que el de medidas de caza contra la proliferación de jabalíes.

"Es una muestra políticas acordadas por Vox", reivindicó su síndic, José María Llanos, sacando la factura del pacto de investidura de Juanfran Pérez Llorca. Sin embargo, el ticket en el caso del 'Simplifica 2' lo pagará el Consell dos veces a los voxistas, ya que no solo incluye medidas negociadas previamente como se jactó Llanos, sino que le obligará a tramitar como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Así, los voxistas forzarán al PPCV una nueva negociación, esta vez, con las enmiendas a la vista, aunque sin avanzar por dónde irán. "Es normal, es una de las posibilidades que existe", respondió al respecto Pastor con este paso obligado.

Este 'Simplifica 2' es un proyecto de enjundia para el Ejecutivo autonómico como demuestra su envergadura normativa igual que lo fue la primera edición. Este tuvo un pasaje similar con los voxistas. Los de Abascal, entonces recién salidos del Consell, obligaron a tramitar como proyecto de ley aquel macrodecreto para poder introducir cambios. Esa vía se repite año y medio después en una nueva forma de hacer valer sus 13 diputados y sacar más concesiones del Gobierno valenciano, como también hicieran con los Presupuestos de 2025, donde hubo concesiones tanto en su primera presentación como en la negociación parlamentaria.

Ambiente electoral

Precisamente hablando de unas posibles cuentas para 2026 Llanos deslizó la estrategia de los voxistas. "Seguimos apretando", dijo. Fue tras negar que hubiera habido hasta ahora negociación alguna sobre la composición del proyecto financiero para este año después de que se haya prorrogado el de 2025. Estos se aprobaron a finales de mayo, por lo que, dijo, "se tienen que aplicar y ejecutar", punto sobre el que incidió su objetivo de "apretar". En la lista de tareas había, entre otras cuestiones, dos partidas sobre inmigración irregular que incomodaban al Consell y exigía Vox, que insiste en "no aflojar".

Esa presión se proyecta sobre el Consell que sí que desearía sacar adelante unas cuentas, como manifestó el propio conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ante las Corts a final de diciembre. Otra cosa es que la coyuntura sea proclive. Es ahí donde podría influir el ambiente electoral que predomina en otras autonomías, como Aragón el 8 de febrero; Castilla y León el 15 de marzo o Andalucía en junio, lo que podría aumentar el precio del peaje, donde también está pendiente, entre otras cuestiones, las enmiendas a la nueva Renta Valenciana de Inclusión.

Frente a esa concatenación de elecciones el portavoz del PPCV puso una burbuja sobre las Corts y aseguró que no han sentido que incluya en la relación entre las formaciones. "La relación es como antes de que hubiera elecciones", dijo Pastor insistiendo en estar "cómodo" con Vox. Eso sí, esta comodidad no le permitió atreverse a lanzar un pronóstico sobre si habría negociación presupuestario y se limitó a contraponer la situación de la Generalitat con la del Gobierno central que lleva tres ejercicios sin presentar presupuestos. Cuánta de esa comodidad se mantiene y cuál es su precio se verá, en primer lugar, el próximo jueves, con cuatro decretos-ley en juego.

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