La huelga de trenes amenaza con dejar sin servicio a más de 400.000 valencianos

Los accidentes ferroviarios de los trenes de alta velocidad en Adamuz, tras el choque de un Iryo con un Alvia y cuya cifra de víctimas mortales es ya de 42 personas, y del Rodalies de Barcelona, que ha causado la muerte del maquinista en prácticas tras el desprendimiento de un muro por las lluvias; han colmado el vaso de los maquinistas ferroviarios de toda España. El sindicato mayoritario, Semaf, ha decidido convocar una huelga general en todo el sector para reivindicar que se garantice su "seguridad y la fiabilidad de toda la red".

Así, los trabajadores ferroviarios han convocado una huelga de tres días parta reclamar más medidas de seguridad los días 9, 10 y 11 de febrero; y, desde el sindicato, explican que se busca dar legalidad y amparo a las movilizaciones para hacerla"tan pronto como sea posible cumpliendo los procedimientos legales". También CCOO amenaza con convocar un paro y desarrollar diferentes "medidas de presión si no se garantiza la seguridad ferroviaria".

Casi 400.000 usuarios diarios

Más allá de conocer los detalles, la huelga amenaza con afectar a la movilidad de cerca de 378.000 valencianos y valencianas en cada uno de sus días. Es la cifra media de usuarios de los diferentes servicios ferroviarios, que ha calculado Levante-EMV, cogiendo como referencia los datos anuales del ejercicio 2024 tanto de Cercanías de Renfe, Media Distancia y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Según este cálculo, cerca de 65.400 personas usan Cercanías cada día; 7.800, la media distancia; y 305.700 usan los servicios de Metrovalencia y TRAM. A esta cifra habría que sumar los datos de larga distancia que no se ofrecen desgranados por comunidades autónomas, con origen y destino, por lo que es más complejo calcular su cifra diaria de usuarios. Sin temor a equivocarse, la cifra total de afectados se acercaría a los 400.000.

Los servicios mínimos

Si se convoca una huelga, la autoridad competente deberá establecer una serie de servicios mínimos con el objetivo de garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores, pero también la movilidad de la ciudadanía. Aunque no hay una norma que establezca la cantidad de servicios mínimos a establecer, los porcentajes se mueven en el entorno del 50 %, con ciertos refuerzos en horas puntas. En ocasiones anteriores, la cifras decretadas han sido controvertidas y los sindicatos los han considerado "abusivos".

Que los servicios mínimos obliguen a establecer al menos la mitad de los viajes, no significa que el paso de los convoyes sea puntual o que no se produzcan suspensiones o retrasos, por lo que la sensación de "caos" puede ser igualmente percibida por la ciudadanía, ya bastante cansada de los contínuos retrasos e incidencias.

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