Llorca enmienda a Mazón y elimina el tope de asesores en el Consell

Se acabó la austeridad en la Generalitat en materia de asesores. El Consell del president Juanfran Pérez Llorca ha acordado eliminar el límite de trabajadores eventuales que impuso su antecesor, Carlos Mazón, nada más llegar al Palau para acabar con lo que llamaba "grasa política" del "gobierno más caro de la historia", en referencia al Botànic, y regresa a los topes previos que fijó la izquierda.

Una de las primeras medidas del expresident Mazón fue reducir a la mitad el número de asesores de su gobierno, entonces compartido con Vox, respecto al del Botànic. Los 116 eventuales fueron recortados drásticamente a poco más de 60, una declaración de intenciones política que encandiló a su socio pero que tensionó a los trabajadores de las conselleries, que en privado admitían su sobrecarga de trabajo. Mazón fue más allá y fijó por escrito la autolimitación, estableciendo el nuevo máximo en 72 asesores.

Ahora Llorca, tras toparse con ese techo heredado al haber alcanzado esos 72 asesores, enmienda a Mazón y fulmina ese compromiso, por lo que el límite vuelve a los 116 trabajadores eventuales del Botànic, ese "gobierno más caro de la historia".

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha tratado de justificar ese regreso a los límites de la izquierda señalando las "nuevas necesidades" que han surgido desde 2023 a la actualidad, aunque no ha querido vincularlo expresamente a la dana y al evidente aumento de los esfuerzos públicos que ha conllevado en este último año.

Adaptarse a la nueva estructura

"Ante la posibilidad de que surjan nuevas necesidades, el Consell suprime esa limitación", ha anunciado Barrachina en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que pese a todo ha defendido que la medida de Mazón de 2023 fue "acertada". El portavoz no ha sabido concretar si esas "nuevas necesidades" no podían surgir al inicio de la legislatura.

Además de las exigencias de la dana, Barrachina se ha referido también como causa al aumento reciente de la estructura de la Generalitat acometido por Llorca, que ha creado una nueva vicepresidencia, la tercera, tras su llegada al Palau. Tras el 29-O Mazón también incrementó el organigrama al impulsar la vicepresidencia para la reconstrucción, pilotada entonces por Gan Pampols y ahora por Vicente Martínez Mus.

Hasta 44 asesores más

Al eliminar el tope, el Consell gana de golpe la capacidad para contratar 44 asesores más. Barrachina no ha confirmado si se llegará a ese techo y ha remarcado que "no hay un número establecido".

El también conseller de Agricultura ha rechazado que la medida suponga un "aumento de la grasa política", como decía Mazón, y ha recordado que la Generalitat ha aprobado ya dos decretos de simplificación administrativa y que está cumpliendo con su programa de reducción de impuestos y de gasto "solo indispensable".

En todo caso, el proceso guarda un claro paralelismo con el que trazó el Botànic. En la primera legislatura de la izquierda, PSPV y Compromís redujeron los 99 eventuales del Consell de Alberto Fabra a 74. Sin embargo, en 2019 tuvo que modificar el decreto que limitaba ese número de asesores, ampliándolo a esos 116 a los que ahora regresa también Pérez Llorca.

Cese de un 'mazonista'

Esta desrregulación no ha sido el único asunto que ha aprobado el Consell este viernes con el que Llorca marca cierta distancia con Mazón. El gobierno valenciano ha comunicado el cese "a petición propia" de Javier Lorente como director general de Función Pública, que será sustituido por Vicente Serra.

Lorente llevaba en el cargo desde el inicio de la legislatura y era considerado una persona cercana al círculo de confianza del expresident, aunque sin llegar a ser parte de ese reducidísimo núcleo duro de Mazón en el Palau.

El ya exdirector general deja la administración sin haber cumplido algunos de los retos principales que se marcó a su llegada, sobre todo en cuanto a la reducción de la temporalidad en el funcionariado. Lorente asumió el cargo con unos índices de interinos cercanos al 50 %, que se comprometió a reducir al 15 % en 2024 y al 8 % que exige la UE en 2025. Según el síndic, 2024 cerró por encima del 50 % de personal temporal.

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