Tres de los escoltas asignados a Carlos Mazón el 29-O declaran hoy ante la jueza de la dana

Tres de los escoltas asignados al presidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024 están hoy citados en los juzgados de Catarroja. La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó citarlos el pasado 21 de noviembre, como informó Levante-EMV. En otra providencia, la magistrada también acordó citar como testigo el próximo 20 de febrero al subinspector de la Policia y jefe de los tres agentes que declaran hoy por haber estado asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas. La comparecencia de los escoltas del exjefe del Consell se acordó a petición del abogado de la acusación particular de una víctima de Algemesí, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

La magistrada de la dana consideró necesario escuchar en sede judicial a los escoltas de Mazón como testigos para saber si "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", que se produjeron entre el entonces jefe del Consell y actual diputado en las Corts Valencianes, Carlos Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas. La jueza instructora considera que son extrapolables a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido aproximarse de forma tangencial a Carlos Mazón, al que no puede investigar por su condición de aforado al ser diputado en el parlamento valenciano.

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

La magistrada de la dana también razonó que "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

Un acta notarial en la que la magistrada detalla que "recoge las llamadas entrantes y salientes del teléfono de la requirente doña Salomé Pradas: “Con indicación de día (29 de octubre de 2024), horas, si es entrante o saliente, duración, si es cancelada (no se pudo realizar la conexión) o perdida (no se respondió). Es decir, se diferencia claramente entre la última categoría (no se respondió) lo que efectivamente haría referencia a que no se contestó por el receptor, frente a la denominada llamada cancelada, en la que la investigada Salomé Pradas no pudo realizar la conexión, le fue imposible".

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