Un año de investigación en las Corts: 20 horas, siete sesiones y pocos avances

El 27 de enero de 2025, cuando el Cecopi todavía se reunía de manera semanal y 28 municipios afectados seguían en nivel dos de emergencia, el parlamento valenciano constituyó una comisión con el fin de conocer "las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana y la gestión realizada por todas las Administraciones como también las consecuencias y las posibles actuaciones que se han de realizar para la recuperación social y económica en el territorio afectado". El título mostraba una empresa ambiciosa que, sin embargo, un año después, presenta una hoja de resultados más bien pobre: trece compareciencias técnicas y una muy política durante algo menos de 20 horas distribuidas en siete sesiones.

Este martes se cumplirá un año desde que la comisión que se aprobó en noviembre en el pleno de las Corts empezó su andadura. Lo hizo con la elección de los miembros de la Mesa, presidida por Vox y con vicepresidencia para el PP, que ha marcado la pauta de los trabajos que se han ido desempeñando. Esa mayoría ha sido clave en los pasos que se han dado desde entonces, más bien lentos, como lo refleja que en 12 meses solo se hayan convocado siete sesiones, algo que contrasta con las 17 que se han celebrado en el Senado, constituida una semana antes, o las 8 del Congreso, que empezó sus trabajos el 21 de mayo.

En ese balance de siete sesiones constan catorce intervinientes de los que trece han sido más bien clases magistrales de ingeniería y arquitectura legal (cinco de las cuales ya se habían escuchado previamente en el Senado). Este preámbulo técnico solo se ha roto con la presencia de Carlos Mazón entre medias, el 11 de noviembre, una semana después de dimitir. Su comparecencia ha sido la más mediática hasta la fecha, pero apenas trajo novedades, debido también al funcionamiento de la comisión, sin interrogatorio. Sí que dio datos nuevos una semana después en el Congreso, como la justificación del móvil en la mochila para no oír llamadas o que los escoltas se fueron durante su comida en el 29-O.

Su paso por las Corts se dio en una sesión para la que, en un principio, PP y Vox habían citado a representantes del Gobierno central, desde Pedro Sánchez hasta Pilar Bernabé, pero que excusaron asistencia al considerar que al ser dirigentes de ámbito estatal, las Corts no es el órgano que ha de fiscalizar su labor. La negativa de representantes de la Administración central a acudir a la comisión (no parece que vaya a cambiar) rebaja considerablemente el número de comparecientes previstos que en un inicio populares y voxistas situaron en más de 80 y que al ritmo seguido desde julio, cuando empezaron las declaraciones, se hubieran requerido 30 meses, dos años y medio, para completarlas.

"No han cumplido"

De momento, estos comparecientes han supuesto cuatro de las siete sesiones, las que se han celebrado en julio, octubre, noviembre y diciembre, con 17 de las algo menos de 20 horas que ha estado reunido este órgano. Por ponerlo en contexto: es lo que duró la doble sesión del último Debate de Política General. Quienes todavía no han pasado por la sala son los familiares de las víctimas. De hecho, en el primer plan de trabajo PP y Vox no las incluyeron y tuvieron que forzar una sesión para incorporarlas al erigirse su comparecencia en una exigencia ante Mazón que buscaba reunirse con ellas. Aquello fue en una sesión específica en junio y siete meses después siguen sin citación.

Esta semana el síndic del PPCV, Fernando Pastor, aseguró que si quieren, serán las próximas en comparecer en cuanto se celebre la próxima sesión, ya en febrero. No obstante, consultadas, ninguna de las tres entidades mayoritarias han recibido información alguna. "Se nos dijo antes de verano que nos invitarían y todavía no se ha materializado: no han cumplido su palabra, no tenemos ni fecha ni comunicación", resume Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre. Su queja se amplifica hacia los trabajos en general de la comisión, a la que llega a calificar de "pantomina", lamenta la falta de avances y pone su esperanza en la instrucción del Juzgado de Catarroja.

"La verdadera investigación es la que está haciendo la jueza", añade. El global de la crítica la comparten Álex Carabal, de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sur, y Rosa Álvarez presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana 29-O. "No podemos valorarla mucho porque no han salido muchas cosas diferentes", indica Carabal. Lo complementa Álvarez: "No podemos hacer ninguna valoración; me la estaría inventando porque no ha habido contenido". A ello añade el temor de que las conclusiones estén ya encaminadas. "Las conclusiones no serán que no nos avisaron; dirán que no tenían la información y que la culpa es de que no se hicieron las obras", indica, en referencia al barranco del Poyo. Por ahí van las preguntas ante cada experto en ingeniería.

Nueva fase

Su futurible comparecencia, a falta de que se materialice, abrirá una fase que dejará atrás esta parte técnica. Las organizaciones de Gradolí, Carabal y Álvarez, las citadas ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Congreso, serán llamadas junto a otras seis. Tres de ellas estaban en el primer listado del registro de entidades: Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer; Sólo Pueblo Salva Pueblo; y Unión del Pueblo 29; mientras que otras tres que no estaban en este listado también han comunicado a las Corts que quieren ser citadas. Son Sos Desaprecidos, la Asociación Tots a una veu y Liberum. Se suma a su vez la petición de un particular.

Cuántas sesiones se dedicarán para ello, durante qué lapso temporal o qué espacio se dará a cada organización serán cuestiones que se irán dirimiendo en las próximas reuniones de la mesa, todavía en barbecho en lo que llevamos de año. La incógnita será el siguiente paso, más encaminado hacia el apartado político. Con el camino de los representantes estatales cortado, el avance pasa bien por los cargos con una actuación directa en la emergencia el 29-O, algo que quedaría circunscrito a los cargos del Consell y la Diputación de Valencia, o por responsables municipales afectados.

Es decir, comienza un sendero delicado para la mayoría que hasta ahora ha llevado la batuta. No en vano, las únicas fisuras entre PP y Vox en la comisión se han visto en estos dos elementos: por un lado, Vox forzó al PP a incluir entre los 17 alcaldes que deben comparecer a María José Catalá, munícipe de València, a quien los populares no habían incorporado. También obligaron en la última sesión de diciembre a añadir, pese al rechazo del PP, al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, por la presa de Buseo. Con convergencia en cargar contra el Gobierno central, falta ver si acercarse cada vez más a las elecciones cambia el ritmo y el sentido de la comisión

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