El exalto cargo del PP juzgado en el caso Taula: "Todo el mundo sabía que Marcos Benavent estaba en el gabinete del conseller de Cultura Esteban González Pons"

El caso Taula-Imelsa "cumple" hoy diez años de la macroperación judicial contra la trama de amaño de contratos y saqueo de fondos públicos que arrancó el 26 de enero de 2015 con 24 detenidos, entre ellos Alfonso Rus, sus vicepresidentes primero y segundo en la Diputación de València (Juan José Medina y Máximo Caturla), de su mano derecha Emilio Llopis, y empresarios. En la operación Taula se practicaron 33 registros que afectaron al Ayuntamiento de València, la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat), el Olímpic de Xàtiva, las empresas de Rus o la firma de comunicación, Engloba.

Una efeméride que coincide con una nueva cita judicial de la macrocausa. La sección quinta de la Audiencia de València juzga a partir de hoy la pieza E del caso Taula por los contratos presuntamente amañados en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València que vuelve a sentar por cuarta vez en el banquillo a Marcos Benavent (condenado a doce años de cárcel en otras dos piezas del caso Taula recurridas ante el Supremo y absuelto en una), y a Vicente Burgos, histórico dirigente del PP, exgerente de la Fundació Jaume II el Just y exmarido de Maria José Alcón, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València, ya fallecida. También se juzgará a tres empresarios contratistas del Ayuntamiento de València en el momento de los hechos.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia, a Marcos Benavent se le ha preguntado si era un zombi en la Fundació Jaume II el Just, donde estaba contratado y por lo que se le acusa de cobrar sin trabajar. "Jo no no soc un treballado zombi, els zombis són els altres. Clar que treballava", ha asegurado brevemente antes de introducirse en la sede judicial donde hoy será juzgado por cuarta vez.

El juicio ha arrancado tras rechazar el tribunal las cuestiones previas de nulidad y prescripción alegadas por las defensas de los cinco acusados. La única prueba practicada hoy ha sido la declaración del exgerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos, que ha declarado que "todo el mundo sabía que Marcos Benavent estaba en el gabinete del conseller de Cultura Esteban González Pons".

Vicente Burgos fue un "pata negra" del Partido Popular, llamado a ostentar altas responsaibilidades, al igual que sus compañeros de facultad, Francisco Camps, Esteban González Pons y Gerardo Camps, con los que compartía amistad, tertulia e intereses políticos. De hecho, Burgos fue presidente de Nuevas Generaciones y atrajo al Partido Popular a sus dos compañeros de facultad.

En su declaración en el séptimo juicio que se celebra ddel caso Taula ha explicado que en octubre de 2003 fue contratado por la Fundació Jaume II el Just hasta noviembre de 2007 en calidad de gerente. "Me nombra, me contrata como gerente el patronato de la fundación a través de su presidente, el conseller de Cultura, Esteban González Pons". Según Burgos tuvo "funciones limitadas como gerente. Fui un mero gerente ordinario a las ordenes del patronato y de mis superiores, sin capacidad para establecer obligaciones por la fundacion a no ser por orden expresa del patronato y a cargo del personal ordinario de la fundación. Yo estaba adscrito al gabinete del conseller. Personal de confianza. Marcos Benavent era contratado laboral de la Fundación, un eventual del gabinete del conseller".

Una tarea que Benavent, después autobautizado como el yonqui del dinero, tenía adscrita a la Fundación Jaume II el Just "por voluntad del propio conseller, porque me lo dijo él y porque era evidente. Todo el mundo sabía que Marcos Benavent estaba en el gabinete del conseller de Cultura, que siempre se crea por voluntad del titular".

El nombramiento de Benavent como director de actos institucionales era "una etiqueta", sin más. Y ha justificado que la Jaume II el Just "fue creada al amparo de una ley que permitía qué fundaciones y organismos de carácter privado desarrollaran propósitos de interés general. La fundacion era de derecho privado. Recibía dinero". A partir de 2004, ha explicado, se creó una "línea finalista de subvención activada en 2004 destinada a recuperar el monasterio de la Valldigna. Las lineas se recibían a través de la conselleria de Cultura. El caudal [de dinero] era de la fundación cuando se había recibido".

La Fundación Jaume II el Just, el kilómetro cero de las mordidas del yonki del dinero

A Marcos Benavent se le juzga por ser contratado como director de actos institucionales de la Fundación Jaume II el Just entre el 14 de octubre de 2003 y el 30 de julio de 2007, por lo que cobró 164.676,08 euros brutos «sin que desarrollara actividad específica alguna». Un presunto zombi de libro. El contrato fue suscrito por Esteban González Pons, conseller de Cultura desde el 21 de junio de 2003 al 27 de agosto de 2004 y que presidía el patronato de la Fundación Jaume II el Just. Contra éste último no se pudo seguir la causa porque los hechos habían prescrito para el actual eurodiputado, vicepresidente tercero del Parlamento Europeo y vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular desde abril de 2022. A Vicente Burgos se le acusa de "ser consciente" del contrato zombi y consentir "que se le pagara a Marcos Benavent un sueldo público, sin asistir al trabajo".

 La denuncia original del caso Taula-Imelsa la presentó el 30 de julio de 2014 la entonces diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, que derivó en la apertura de las diligencias de investigación por la Fiscal Jefa de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, el 1 de agosto de 2014. La investigación judicial comenzó en marzo de 2015 en el Juzgado de Instrucción 18 y estalló el 26 de enero de 2016, con la operación policial que acabó con la detención de Alfonso Rus y María José Alcón, entre otros políticos del PP de la provincia y València. 

Diez años después esta macrocausa de corrupción arroja un balance, en cifras, de trece piezas separadas, 36 condenas (todas pendientes de recursos ante el Supremo y el TSJCV ), 19 absoluciones, 86 archivos (algunos por fallecimientos) y otros 34 acusados en las dos piezas que quedan en instrucción. 

La pieza A de la caja B del PP en el Ayuntamiento de València

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó el 30 de julio de 2024 a cuatro años y seis meses de cárcel y una multa de 5,3 millones de eurosal exvicealcalde de València, Alfonso Grau,  por las trampas en las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011 financiadas con una supuesta caja B del PP. Junto a Grau fue condenado a cuatro años de cárcel José Salinas, exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau. En esta juicio resultaron absueltos la exsecretaria del grupo municipal del PP de València, María del Carmen García-Fuster, el exconcejal Eduardo Santón.

En esta pieza A del caso Taula se indagó sobre el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) contra cincuenta exconcejales y exasesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València en las elecciones de 2015, más el Partido Popular como persona jurídica. Por esta causa llegó a declarar ante el Supremo la entonces senadora, Rita Barberá, dos días antes de fallecer, por lo que la causa se sobreseyó para ella en 2018. 

Esta parte de la investigación por la financiación de las elecciones en 2015 fue archivada por la sección cuarta de la Audiencia de València en un auto notificado el 14 de diciembre de 2021. Los magistrados de la sección cuarta consideraron que no existía relación entre el (entonces presunto) dinero negro o en «B» que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015 (en dos billetes de 500 euros). La decisión de la sección cuarta de la Audiencia de València, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, fue confirmada por el Tribunal Supremo. En las otras doce piezas, la situación es igual de variopinta. 

La piezas B y F: los zombis

El juicio de los contratos zombis (cobrar sin ir a trabajar) investigados en las piezas B y F del caso Taula se saldó con 21 condenas y seis absoluciones. El fallo aún no es firme ya que se recurrió ante el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto. 

La pieza C: el blanqueo de Rus

La pieza C del caso Taula indagaba el presunto blanqueo de capitales cometido por Alfonso Rus, en una pieza en la que se investigó a tres personas, entre ellos Rus, de los que uno ha fallecido. La pieza se archivo en mayo de 2024.  

Pieza D: el call center

De los ocho acusados por el presunto amaño del contrato del call center o centro de llamadas de la Diputación de València, siete fueron absueltos por la sección quinta de la Audiencia de València. Contra el octavo, el empresario Fernando Palomares, se ha desistido de la acusación por motivos de salud.

Pieza E: contratos de Cultura

La pieza E del caso Taula investigó el presunto amaño de los contratos de la Concejalía de Cultura cuando estaba dirigida por Maria José Alcón. Marcos Benavent ejercía de «recaudador» y mediador en el cobro de mordidas, mientras trabajaba como asesor de la Fundación Jaume II el Just, dirigida por Vicente Burgos, el primer marido de Alcón. En esta pieza se llegó a investigar a 12 acusados, pero finalmente se dictó auto de procedimiento abreviado (que marca el fin de la instrucción) sólo para seis acusados. Entre las personas a las que se archivó la causa, figura la exconcejala Maria José Alcón, fallecida el 16 de julio de 2018. Es la pieza que se juzga mañana.

Pieza G: mordidas en Ciegsa

El presunto amaño y pago de mordidas en la construcción de tres institutos y dos colegios en Torrevieja Torrevieja, Llosa de Ranes, El Cabanyal, Burriana y Santa Pola se archivó para los veinte investigados a petición de la Fiscalía Anticorrupción porque consideraba que sólo había podido probarse el cohecho, un delito que ya habría prescrito en 2015, cuando se inició la investigación judicial. 

Pieza H: mordidas por obras

Tras la declaración como testigo de Ricardo Costa, el juez del caso Taula abrió la pieza secreta H que investigaba el presunto pago de mordidas a cambio de contratos de obra pública de dos grandes empresas valencianas. No ha trascendido en qué situación está esta pieza secreta, carne de archivo. 

Pieza I: Thematica

La pieza I condenó al empresario Rafael García Barat por los contratos con el Ayuntamiento de València (Bibliobús) y la Diputación de València (por un evento en el Muvim) junto a Marcos Benavent, el yonqui del dinero y cinco condenados más. En la causa se absolvió al exalcalde de Moncada Juan José Medina y tres personas mas. Y al PPcomo persona jurídica. 

Pieza J: Juicio a Caturla

En la pieza J se condenó al exvicepresidente de la Diputación de València, Máximo Caturla, por alzamiento de bienes. El colaborador de Alfonso Rus aceptó 11 meses de cárcel por ocultar su patrimonio cuando se sabía investigado, el pago de 2.700 euros de multa, las costas y no delinquir en dos años. 

Pieza K: Requena y Enguera

La sección tercera de la Audiencia de València condenó el 16 de julio de 2025 a los cinco acusados, un exalcalde de Requena (1) y dos de Enguera (2) y un funcionario de la Diputación de València por contratos irregulares con la empresa del exsuegro del yonqui del dinero, Mariano López, Técnicas Legales Administrativas, ya absuelta en la pieza del «call center». La sentencia no es firme y se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Pieza L: el Olímpic

La pieza L, la última en crearse, investiga desde 2016 la presunta financiación irregular del Olímpic de Xàtiva a través de contratistas de obras del Ayuntamiento de Xàtiva y de la Diputación de València cuando estaban dirigidos por Alfonso Rus. Un total de 28 personas están investigadas en esta pieza separada.

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