La jueza de la dana cita a los escoltas de Carlos Mazón el 9 de febrero y al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, el 2 de marzo

El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado hoy una diligencia de ordenación (Dior) dictada por la letrada de la administración de justicia en la causa que investiga las 230 muertes de la dana como homicidios imprudentes, además de un número indeterminado de lesiones, en la que aprueba nuevas citaciones. Tras decidir la jueza de la dana citar como testigo el próximo 20 de febrero al subinspector de la Policia y jefe de los escoltas asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas, hoy se ha notificado la citación de los tres escoltas que trabajaron junto al subinspector anterior con Mazón el día de la dana.

El 20 de febrero también está citado el chófer del expresidente, Carlos Mazón. Unas diligencias que acordó la jueza de la dana a petición del abogado de una acusación particular, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

En la misma dior, la letrada de administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja cita a declarar el próximo 2 de febrero al diputado de Bomberos de la Diputación de València, Avelino Mascarell, que el 29 de octubre de 2024 estuvo presente en el Cecopi. Además de lo que presenció, Mascarell también deberá responder sobre la incógnita por la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo que nadie asume ante la jueza de la dana. Y a dos comandantes de la UME que también participaron de forma presencial en el Cecopi del 29 de octubre de 2024.

La magistrada de la dana consideró necesario escuchar en sede judicial a los escoltas de Mazón como testigos para saber si "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", que se produjeron entre el entonces jefe del Consell y actual diputado en las Corts Valencianes, Carlos Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas.

La jueza instructora acordó la diligencia el pasado 10 de diciembre porque considera que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido aproximarse de forma tangencial a Carlos Mazón, al que no puede investigar por su condición de aforado al ser diputado en el parlamento valenciano.

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

Por tanto, razonó la jueza, "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

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