Marcos Benavent asegura que no era un zombi y Vicente Burgos señala al exconseller González Pons

El décimo aniversario de la operación del caso Taula coincidió ayer con el séptimo juicio que se celebra de esta macrocausa de corrupción con 13 piezas separadas (otras dos piezas se archivaron y tres siguen abiertas). La sección quinta de la Audiencia de València comenzó ayer a juzgar la pieza E del caso Taula por los contratos presuntamente amañados en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València. Una vista que vuelve a sentar por cuarta vez en el banquillo a Marcos Benavent (condenado a doce años de cárcel en otras dos piezas del caso Taula recurridas ante el Supremo y absuelto en una tercera pieza), y a Vicente Burgos, histórico dirigente del PP, exgerente de la Fundació Jaume II el Just y exmarido de Maria José Alcón, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València, ya fallecida. También se juzga a tres empresarios contratistas del Ayuntamiento de València en el momento de los hechos.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia, a Marcos Benavent se le preguntó si era un zombi en la Fundació Jaume II el Just, donde estaba contratado y por lo que se le acusa de cobrar sin trabajar. "Jo no no soc un treballador zombi, els zombis són els altres. Clar que treballava", ha asegurado brevemente antes de introducirse en la sede judicial donde hoy será juzgado por cuarta vez.

El juicio ha arrancado tras rechazar el tribunal las cuestiones previas de nulidad y prescripción alegadas por las defensas de los cinco acusados. La única prueba practicada ayer fue la declaración del exgerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos, quien declaró que "todo el mundo sabía que Marcos Benavent estaba en el gabinete del conseller de Cultura Esteban González Pons".

Vicente Burgos fue un "pata negra" del Partido Popular, llamado a ostentar altas responsabilidades, al igual que sus compañeros de facultad, Francisco Camps, Esteban González Pons y Gerardo Camps, con los que compartía amistad, tertulia e intereses políticos. De hecho, Burgos fue presidente de Nuevas Generaciones y atrajo al Partido Popular a sus dos compañeros de facultad, según las crónicas de aquella época.

En su declaración en el séptimo juicio que se celebra del caso Taula explicó que en octubre de 2003 fue contratado por la Fundació Jaume II el Just hasta noviembre de 2007 en calidad de gerente. "Me nombra, me contrata como gerente el patronato de la fundación a través de su presidente, el conseller de Cultura, Esteban González Pons". Burgos explicó que tuvo "funciones limitadas como gerente. Fui un mero gerente ordinario a las ordenes del patronato y de mis superiores, sin capacidad para establecer obligaciones por la fundacion a no ser por orden expresa del patronato y a cargo del personal ordinario de la fundación. Yo estaba adscrito al gabinete del conseller. Personal de confianza. Marcos Benavent era contratado laboral de la Fundación, un eventual del gabinete del conseller".

Una tarea que Benavent, después autobautizado como el yonqui del dinero, tenía adscrita a la Fundación Jaume II el Just "por voluntad del propio conseller, porque me lo dijo él y porque era evidente. Todo el mundo sabía que Marcos Benavent estaba en el gabinete del conseller de Cultura, que siempre se crea por voluntad del titular".

El nombramiento de Benavent como director de actos institucionales era "una etiqueta", sin más. Y justificó que la Jaume II el Just "fue creada al amparo de una ley que permitía qué fundaciones y organismos de carácter privado desarrollaran propósitos de interés general. La fundacion era de derecho privado. Recibía dinero". A partir de 2004, explicó, se creó una "línea finalista de subvención activada en 2004 destinada a recuperar el monasterio de la Valldigna. Las lineas se recibían a través de la conselleria de Cultura. El caudal [de dinero] era de la fundación cuando se había recibido".

Sin embargo, cuando declaró como investigado el 19 de octubre de 2016, Vicente Burgos aseguró que «Marcos Benavent era un zombi» en la Fundació Jaume II el Just porque «no iba a trabajar y ni siquiera tenía una mesa asignada» pero cobraba un salario, como publicó Levante-EMV. Burgos añadió que fue «Esteban González Pons quien lo puso» en la fundación «y después se lo llevó a la Conselleria de Cultura. Esteban sabía que, pese a que cobraba de la fundación nunca aparecía por allí». Respecto a la gestión en la fundación, Burgos admitió que se contrataba a dedo, «se buscaban las empresas y se elegía», aunque negó haber cobrado comisiones.

La Fundación Jaume II el Just, el kilómetro cero de las mordidas del yonki del dinero

A Marcos Benavent se le juzga por ser contratado como director de actos institucionales de la Fundación Jaume II el Just entre el 14 de octubre de 2003 y el 30 de julio de 2007, por lo que cobró 164.676,08 euros brutos «sin que desarrollara actividad específica alguna». Un presunto zombi de libro. El contrato fue suscrito por Esteban González Pons, conseller de Cultura desde el 21 de junio de 2003 al 27 de agosto de 2004 y que presidía el patronato de la Fundación Jaume II el Just. Contra éste último no se pudo seguir la causa porque los hechos habían prescrito para el actual eurodiputado, vicepresidente tercero del Parlamento Europeo y vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular desde abril de 2022. A Vicente Burgos se le acusa de "ser consciente" del contrato zombi y consentir "que se le pagara a Marcos Benavent un sueldo público, sin asistir al trabajo".

Además, la Fundación Jaume II el Just recurría para los eventos a dos empresas relacionadas con otras ramas de la «Operación Taula»: Universo Selección y Thematica Events. Entre los pagos realizados a ambas empresas se encuentran los fastos organizados para la inauguración del claustrillo del Palau de l´Abat, trasladado piedra a piedra desde el palacete Canto del Pico (Madrid) y por el que se abonó un millón de euros para recuperarlo, en cuyas gestiones ayer explicó Vicente Burgos que trabajó junto a Marcos Benavent. La inauguración del emblemático claustro costó 256.095,15 euros a las arcas públicas en actos organizados entre marzo y mayo de 2007 por Thematica Events, según las facturas, adelantadas por Levante-EMV en 2016.

El caso Taula-Imelsa "cumplió" ayer diez años de la macroperación judicial contra la trama de amaño de contratos y saqueo de fondos públicos que arrancó el 26 de enero de 2015 con 24 detenidos, entre ellos Alfonso Rus, sus vicepresidentes primero y segundo en la Diputación de València (Juan José Medina y Máximo Caturla), de su mano derecha Emilio Llopis, y empresarios. En la operación Taula se practicaron 33 registros que afectaron al Ayuntamiento de València, la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat), el Olímpic de Xàtiva, las empresas de Rus o la firma de comunicación, Engloba.

La denuncia original del caso Taula-Imelsa la presentó el 30 de julio de 2014 la entonces diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo (que declara mañana como testigo), y que derivó en la apertura de las diligencias de investigación por la Fiscal Jefa de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, el 1 de agosto de 2014. La investigación judicial comenzó en marzo de 2015 en el Juzgado de Instrucción 18 y estalló el 26 de enero de 2016, con la operación policial que acabó con la detención de Alfonso Rus y María José Alcón, entre otros políticos del PP de la provincia y València. 

Diez años después esta macrocausa de corrupción arroja un balance, en cifras, de trece piezas separadas, 36 condenas (todas pendientes de recursos ante el Supremo y el TSJCV ), 19 absoluciones, 86 archivos (algunos por fallecimientos) y otros 34 acusados en las tres piezas que quedan en instrucción. 

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