El alumnado pobre que necesita apoyo en las aulas se ha disparado un 128 % en seis años

En una de las aulas de un centro público del barrio de Orriols, en València, un profesor corrige una redacción mientras repasa mentalmente la ficha de uno de sus alumnos. El niño vive con sus padres y dos hermanos en una sola habitación de un piso compartido; no tiene un pupitre, ni una silla, ni un rincón tranquilo donde abrir un libro al llegar a casa. Ante esta estampa, el docente se hace la misma pregunta que resuena hoy en los barrios más humildes de la ciudad: ¿Cómo puede la pedagogía compensar la falta de un techo digno? ¿Qué margen de maniobra tiene un maestro para que un niño salga adelante cuando el hambre o el frío son sus primeros compañeros de pupitre?

Esta escena, lejos de ser una excepción, es el síntoma de una realidad estructural que ha estallado en las cifras. Según el último informe de la Federación de Enseñanza de CC OO sobre el periodo 2018-2024, el número de estudiantes en situación de pobreza severa que requieren Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se ha disparado un 128 % en los últimos seis años en la Comunitat. Solo en el último curso, este incremento ha sido del 17 %, confirmando que la escuela se ha convertido en el principal dique de contención de una precariedad social que no deja de crecer.

Un sistema al límite de su capacidad

La radiografía presentada por el sindicato muestra un sistema educativo "estresado" y descompensado. Mientras que el conjunto de las dificultades y necesidades de apoyo educativo ha crecido un 76 % en seis años, la inversión en recursos apenas ha aumentado un 26 %. Esta diferencia de 50 puntos porcentuales explica por qué los docentes denuncian sentirse "como sardinas en lata" en aulas donde la complejidad aumenta pero el personal especializado brilla por su ausencia.

El informe detalla que no solo crece la pobreza. El alumnado con necesidades educativas especiales (discapacidad sensorial, intelectual o TEA) ha subido un 36 %, y aquellos con dificultades específicas de aprendizaje han aumentado un 66 %. Sin embargo, la administración parece no seguir el ritmo de una sociedad que cambia más rápido que los presupuestos.

La "invisibilidad" del diagnóstico

Uno de los datos más preocupantes que arroja el estudio es la "infradetección". Se estima que el 61 % del alumnado que debería estar recibiendo atención especializada no cuenta con un diagnóstico oficial. Son niños y niñas que "están pero no constan", lo que impide que el sistema les asigne los recursos de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL) que necesitan.

Esta falta de detección temprana condena a miles de estudiantes a una escolarización deficiente. Sin el diagnóstico, no hay refuerzo; y sin refuerzo, la vulnerabilidad se convierte en fracaso escolar. La red pública es la que asume el mayor peso de esta realidad, escolarizando al 67 % de los estudiantes con necesidades de apoyo, lo que genera una sobrecarga que degrada las condiciones de trabajo y aumenta la frustración de un personal que no puede llegar a todo.

La escuela como último refugio social

La crónica diaria en los barrios humildes ya no solo trata de objetivos curriculares. El profesorado se ve obligado a actuar como gestor social y administrativo. "La escuela asume muchas veces cosas que no debería, como tramitar becas o acompañar a las familias en sus derivaciones a servicios sociales", señalan desde el sindicato.

La realidad entra en vivo y en directo en las aulas: familias que no pueden permitirse comer carne o pescado una vez a la semana, hogares con pobreza energética que pasan frío en invierno, o niños que jamás han asistido a una actividad extraescolar por falta de dinero para gastos extraordinarios. El 29,9 % de los menores de 18 años en la Comunitat Valenciana está hoy en riesgo de exclusión social (según el informe Arope), y ese riesgo incide directamente en la capacidad de aprendizaje que manifiestan en clase.

A esto se suma el reto de la matriculación sobrevenida. El alumnado migrante que se incorpora a mitad de curso suele llegar con dificultades lingüísticas y carencias personales derivadas de procesos migratorios complejos. La falta de integradores sociales y trabajadores de servicios a la comunidad en los centros convierte su integración en una carrera de obstáculos.

La necesidad de un plan de choque

Para revertir esta situación, CC OO reclama un cambio de paradigma financiero y organizativo. Se cifra en 3.600 millones de euros la inversión necesaria a nivel estatal para compensar este déficit, con un aumento significativo del gasto público en la Comunitat Valenciana, que actualmente se sitúa por debajo de la media española.

La demanda principal de los docentes es clara: que el alumnado con necesidades específicas "cuente doble" a la hora de calcular las ratios. "Es una necesidad imperiosa bajar las ratios; necesitamos un profesor por cada 12 alumnos en los entornos más complejos", insisten. Solo con un aumento masivo de personal de orientación, fisioterapeutas y personal no docente se podrá garantizar el derecho a la educación inclusiva que, hoy por hoy, parece estar en serio peligro.

Mientras el debate político continúa, el profesor en Orriols seguirá mirando ese pupitre vacío en la casa de su alumno, sabiendo que, sin una inversión real, la educación difícilmente podrá cumplir su promesa de ser el gran igualador social.

Suscríbete para seguir leyendo