La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
CC OO denuncia que la institución ha negado a 32 empleados el permiso de una hora que antes concedía en aplicación de un decreto del Botànic y el equipo de gobierno se ampara en dos sentencias y un informe del Jurídic
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Sede principal de la Diputación de Valencia. / Miguel Angel Montesinos

Desde hace un tiempo, las relaciones entre la dirección de personal de la Diputación de Valencia y la representación sindical vuelve a estar marcada por el conflicto. El último, que ha estallado estos días, tiene que ver con la reestructuración profunda del área de Cultura, con más de 170 empleados, y que ha puesto en guardia a la plantilla. Ha recibido los cambios con inquietud, denuncia injerencias políticas y estudia medidas con los sindicatos.
Pero no es el único cambio en la gestión de personal que está molestando a la representación. La Diputación de Valencia ha decidido poner fin a la concesión de reducciones de jornada de una hora diaria sin merma de salario para los beneficiarios. Son 32 empleados que acaban de recibir la negativa a la petición que habían realizado meses atrás y que estaba pendiente de respuesta, según ha denunciado CC OO en una nota interna.
Se trata de una medida que la diputación ha estado aplicando a su plantilla desde que el Consell del Botànic, en 2019, la introdujo para los funcionarios de la Generalitat dentro de un decreto de conciliación laboral.
En concreto, el apartado 7.4 del decreto concede que se podrá solicitar dicha reducción de una hora sin pérdida económica para el cuidado de una persona mayor que requiera atención o persona discapacitada. También por parejas o familiar de hasta segundo grado que “requiera especial dedicación” o empleados que por tener enfermedad crónica o grado de discapacidad no pueda realizar la jornada completa. En los casos de guarda legal de niños, se requiere que el niño tenga tres años o menos o que requiera especial dedicación.
Según denuncia CCOO, desde antes del verano pasado la diputación ha estado bloqueando las solicitudes. En junio pasado, Recursos Humanos decidió acordar la suspensión cautelar de la concesión de nuevas licencias. El pasado 7 de enero se confirmó la desestimación de 32 peticiones pendientes.
Un informe valida la negativa
Por el camino, la responsable de Personal presentó el pasado mes de octubre un informe en el que concluye que, atendiendo al marco legal y a la jurisprudencia, “no resulta aplicable a la administración local el artículo 7.4” del decreto del Botànic de 2019. La decisión se apoya en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y también en un informe del Consell Jurídic Consultiu, que cuestionan que ese artículo del Consell choca con legislación estatal.
Este caso no es el único en que el actual equipo de gobierno ha puesto coto a lo que se considera concesiones desmesuradas hacia la plantilla. Recientemente se ha aprobado un nuevo reglamento que endurece el acceso a la prórroga del servicio activo más allá de la edad de jubilación. En estos momentos hay 25 empleados trabajando con más de 65 años, y hasta final de la legislatura están previstas 120 jubilaciones más, con lo que se busca limitar la permanencia de empleados en una plantilla ya muy envejecida y con un coste elevado.
Históricamente se ha considera que la diputación es una de las instituciones que mejor trata a sus trabajadores. No solo por los salarios, ya de por sí elevados sobre todo por una "inflación de jefaturas", según señalan informes internos de Recursos Humanos, además de por la veteranía o la concesión de complementos. Aproximadamente 120 de los 1.200 empleados ganan tanto o más que el presidente, 85.000 euros. Al margen de esto, también destacan las condiciones.
Préstamos y ayudas
Los empleados de esta administración local cuentan con un generoso paquete de beneficios que van desde préstamos a la adquisición de vivienda (de hasta 20.000 euros, financiables a diez años sin intereses) a “anticipos reintegrables”, de hasta 3.500 euros, para cualquier fin. O 6.500 euros si se destina a la rehabilitación o reforma de la vivienda habitual.
A esto se suman beneficios al trabajador ligados a la vista, salud buco-dental, prótesis o ayudas a los estudios, que se extienden a la familia. También cuentan con una Escola d'Estiu gratuita para los hijos de los funcionarios.
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