La Comunitat concentra a 100.000 migrantes 'sin papeles' ante la regularización extraordinaria del Gobierno

En los salones de los barrios acomodados de València y en las fincas agrícolas de l'Horta, hay una presencia constante que no figura en las estadísticas de la Seguridad Social. Se estiman en unas 100.000 personas migrantes en situación irregular residen en la Comunitat, según los cálculos más recientes que manejan entidades sociales e investigadores de la UV. María, una joven colombiana de 26 años, es una de ellas. Ella es uno de esos "fantasmas" que ahora ven en la regularización extraordinaria del Gobierno una puerta a la dignidad, aunque la acogida en su entorno laboral haya sido gélida: "A mis empleadores no les ha gustado nada la regularización", confiesa.

Obtener una cifra exacta de la irregularidad en la Comunitat es, por definición, una tarea compleja. Sin embargo, estudios recientes de la Universitat de València y la Universidad de Alicante que combinan el padrón municipal, las estadísticas del INE sobre población extranjera no comunitaria y las regularizaciones pasadas, sitúan el rango en la Comunitat entre las 100.000 personas en la oscuridad administrativa. Este grupo humano se concentra principalmente en sectores donde la precariedad es la norma: hostelería, cuidados y agricultura.

Para la plataforma Regularización YA, que ha liderado la batalla social por este decreto, estas cifras son solo la punta del iceberg de un modelo migratorio que el Informe Funcas define como un "limbo administrativo". Según el movimiento, la realidad en la Comunitat Valenciana es especialmente sangrante debido a la dependencia de mano de obra barata en el sector servicios. Madrid, Cataluña y C.Valenciana concentraría al 54 % de los 840.000 migrantes irregulares que viven en el país.

Silvana Cabrera, miembro de Regularización YA, advierte que la cifra de "la terreta" es de difícil estimación tras los movimientos de población posteriores a las catástrofes climáticas, pero los investigadores de la Universitat de València (UV) o de la Universidad de Alicante apuntan a que entre un 10% y un 12% de los extranjeros empadronados carecen de papeles en regla. Sólo en la provincia de València serían en torno a 40.000.

El testimonio de María: la vida en "estado de alerta"

María encarna perfectamente el perfil del migrante que el sistema prefiere mantener en la sombra. Llegó de Colombia atraída por un "panorama súper chévere" pintado por su madre, pero la imposibilidad de demostrar fondos para una residencia de estudios la empujó a la irregularidad. "Ha sido muy decepcionante no poder trabajar en lo que quisiera y tener que rebuscarme la vida", relata. Durante 24 meses ha limpiado casas y cuidado ancianos en un estado de alerta constante, sin contrato ni derechos básicos.

La regularización anunciada por el Gobierno ha generado un conflicto inesperado en los hogares donde trabaja. María explica que sus empleadores no ven este proceso como un avance en derechos humanos, sino como una amenaza a su comodidad económica. "Mis empleadores no son muy conscientes. Me compararon su situación con la mía, diciendo que ellos también sufrieron buscando trabajo al llegar a la ciudad", explica. Sin embargo, para María, la regularización es la diferencia entre cobrar si sus jefes se van de vacaciones o quedarse a cero. Es, en sus palabras, "la tranquilidad de no tener que mirar cómo vas a sacar la plata para la renta".

Para algunos empleadores, la regularización es una molestia administrativa que amenaza con encarecer el servicio. Prefieren a la María "fantasma", esa que no se pone enferma porque no tiene médico y que no protesta porque el miedo a la expulsión es el mejor de los bozales. La regularización extraordinaria que plantea el Gobierno no solo es un salvavidas para ella; es un espejo incómodo para una sociedad que ha construido su bienestar sobre el "limbo" administrativo de los demás.

Urgencia social

Desde el movimiento Regularización YA, la valoración de este proceso es clara: es una cuestión de justicia, pero también de cohesión social y salud económica. La plataforma subraya que la situación de irregularidad cronificada genera una economía dual que perjudica a todo el sistema. "La regularización permite aflorar la economía sumergida y garantiza que personas que ya contribuyen de facto a la sociedad valenciana lo hagan también de derecho", señalan desde el colectivo.

La plataforma pone el foco en la necesidad de que esta medida no se convierta en un nuevo cuello de botella burocrático. Alertan de que las oficinas de Extranjería de València y Alicante ya están saturadas, y que una regularización masiva sin un refuerzo de personal podría frustrar las expectativas de las miles de personas que, como María, ya tienen cita con sus abogados para iniciar los trámites. Para el movimiento, el éxito de las 700.000 firmas recogidas por la calle demuestra que la sociedad civil va por delante de la administración.

El laboratorio forzoso de la dana

La validez de las tesis de Regularización YA tuvo un ensayo general dramático durante la dan del 2024. El temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad extrema de las 40.000 personas en situación irregular que residían en la "zona cero". La imposibilidad de acceder a ayudas públicas por carecer de un NIE forzó a la Delegación del Gobierno a realizar una regularización extraordinaria para 23.000 afectados.

Aquel episodio demostró que, cuando existe voluntad política y urgencia social, el Estado puede ser ágil. "La regularización de la DANA ha servido para entender que esto no es solo un favor, es una necesidad de cohesión en momentos de crisis", apuntan las entidades sociales. Sin embargo, para quienes no viven en las zonas inundadas, la espera continúa. María sigue empujando carritos de la compra y fregando suelos mientras sueña con que su título técnico obtenido en Colombia deje de ser papel mojado.

El horizonte de la dignidad

El objetivo final de María es tan sencillo como ambicioso: "Que se garanticen los derechos, la Seguridad Social, un contrato y que te paguen lo que es". Su lucha no es solo por un documento, sino por la posibilidad de especializarse y estudiar en España, rompiendo el techo de cristal que condena a las mujeres migrantes a la limpieza de por vida.

Mientras el debate político sigue su curso en el Congreso, en las calles de València, los 40.000 "invisibles" esperan que la administración esté a la altura de su esfuerzo diario. La regularización no solo le daría papeles a María; le daría la voz que sus empleadores parecen temer. Como concluye el movimiento Regularización YA, la regularización es el paso necesario para que València deje de ser una tierra de sombras y empiece a ser, de verdad, una tierra de derechos para todos sus vecinos.

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