La concejala de Urbanismo de Alicante dimite tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida

Segunda dimisión en dos días. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado este viernes que también renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras la polémica surgida por ser una de las beneficiarias de vivienda protegida en la promoción construida en La Condomina. Se trata de la segunda dimisión, tras la avanzada por este diario de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó este jueves su cargo de libre designación al desvelar INFORMACIÓN que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus.

La edil Gómez, ahora de baja por maternidad, ha anunciado, a través de un comunicado, que deja el cargo al que accedió en julio de 2023, tras las últimas elecciones municipales, y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. Lo hace tras la polémica surgida tras conocerse que es propietaria de un piso, junto a su marido, en la polémica promoción de vivienda protegida, en la que también tienen propiedades otras personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante.

La concejala, según la nota del gobierno local, ha decidido apartarse del cargo "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado, a través del comunicado, que entró en "política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18", situada en el entorno de La Condomina.

Este diario ya adelantó que Rocío y su pareja se unieron a la cooperativa en 2018, destacando desde su entorno que fue cinco años antes de acceder al cargo político tras las elecciones municipales de 2023. También, ese mismo entorno, reflejó que en diciembre de 2021 cumplimentaron la ficha de datos de admisión a la promoción, el mismo mes en el que pagaron la reserva, solicitando días después la adhesión a la citada cooperativa, la ganadora en un controvertido concurso para la compra de la parcela, que se prolongó cuatro años y en el que tuvieron que intervenir los tribunales.

En febrero de 2022, la pareja fue aceptada en el consejo rector, con el número 18 en la cooperativa. En ese mismo mes, la edil y su marido hicieron el pago del 25 % de la vivienda. Un mes después, la pareja firmó el contrato de adhesión y adjudicación del piso. En febrero de 2025, ya como concejala, se visó el contrato de adhesión a la cooperativa y adjudicación de vivienda por parte de la Generalitat.

La responsable de Urbanismo del gobierno local adquirió "una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo" de una vivienda situada en una quinta planta, con 89,39 m² de superficie útil, cuya otra mitad compra su pareja en idénticas condiciones, "adquirida por adjudicación en escritura otorgada el 4 de septiembre de 2025" e inscrita el 24 de octubre de ese mismo año. El lote se completa con una plaza de garaje de 12,29 m² de y un trastero de 10,45 m² útiles por un importe total que supera en poco los 200.000 euros.

La dimisión de Gómez llega justo un día después de la salida de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, quien presentó su renuncia este jueves, tras desvelar este diario que al menos un miembro del gobierno de Luis Barcala (la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez), junto a miembros del Ayuntamiento de Alicante habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas.

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