El Consell se reafirma en poder construir grandes proyectos en suelo protegido pese a los reparos de la Abogacía

El Consell mantiene su hoja de ruta y no cierra la puerta a levantar grandes proyectos en suelo protegido pese a los reparos que ha expresado la Abogacía de la Generalitat en su informe sobre el decreto ley de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, convalidado este jueves por la diputación permanente de las Corts pero que deberá ser tramitado como proyecto de ley, por lo que los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas.

La norma, la segunda parte del plan desregulatorio del Consell del PP, afecta en torno a 750 artículos de cerca de un centenar de leyes, entre ellas la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), donde se incluyen algunas de las modificaciones de las que informó en su día este diario y que cuestiona la Abogacía en su informe, que en todo caso no es de obligado cumplimiento para la Generalitat.

En concreto, la norma impulsada por la secretaría autonómica de Simplificación de Cayetano García introduce cambios de calado en los Proyectos de Interés Urbanístico (PIA), una figura de reciente creación orientada a facilitar la llegada de grandes iniciativas empresariales a la autonomía y a los que la Generalitat, con la nueva vuelta de tuerca a la desregulación, dará más facilidades a los promotores para su instalación.

Según consta en el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, la Abogacía alerta de que estas modificaciones en la ley de urbanismo pueden "llegar a entrar en colisión con la protección al medio ambiente" al relajar las condiciones para construir en suelo protegido. También pone reparos a la fórmula legislativa escogida por el Consell (aunque corregida por orden de Vox) y remarca que "no se considera acreditada la urgente necesidad" para tramitarlo como decreto ley.

"Rebaja o retroceso de la protección ambiental"

Así, el informe apunta que "la implantación de un PIA en suelo no urbanizable protegido entra en claro conflicto con el principio de no regresión en materia de protección ambiental". Este principio establece que la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento y, recuerda la Abogacía, está recogido también en sentencias del Tribunal Supremo.

Pese a la advertencia, la Generalitat rechaza la consideración de la Abogacía acogiéndose a la excepción de la ley de Cambio Climático y Transición Energética estatal, que contempla ignorar ese principio de no regresión ante "situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental".

Así, alega que una "interpretación integradora y no reduccioninsta" le permite "concluir" que la figura de los PIA "se adapta perfectamente a la cohonestación de los bienes jurídicos en juego". Y mantiene por tanto que será el Consell quien "decidirá" si el suelo no urbanizable en cuestión "tiene efectivamente valores a proteger o no". Cabe recordar que el decreto también fija que en esa decisión la Generalitat podrá imponer su criterio al de los ayuntamientos afectados.

El Consell, por tanto, se ratifica en su decisión e incluso llega a cuestionar abiertamente las catalogaciones de protección actuales en su respuesta a la Abogacía que firma el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra Devesa. En ella señala que "planeamientos municipales antiguos determinan una clasificación genérica de suelos como protegidos (agrícolas, forestales, etc) que realmente no tienen esos valores a proteger".

Rectifica con la Red Natura 2000

La Generalitat sí que rectifica ante otro tirón de orejas de la Abogacía, en este caso por dar "luz verde a que por acuerdo del Consell (...) se ubique un PIA incluso en una zona perteneciente a la Red Natura 2000", los espacios de mayor protección ante el ladrillo por su valor medioambiental. En ese sentido, alerta de que "entra en conflicto con la normativa europea y estatal básica" y, de nuevo, cita su colisión con el principio de no regresión en caso de aplicarse.

En este caso, el Consell sí que escucha a su asesor jurídico. "Se acepta la consideración de la Abogacía en este punto de prohibir la implantación de un PIA en un ámbito de la Red Natura 2000". Esa salvedad queda reflejada en la nueva redacción, que excluye estos espacios pero mantiene la puerta abierta a levantar estos proyectos en suelo "integrado en la Infraestructura Verde de la C. Valenciana", el instrumento pensado para que los municipios identifiquen su 'esqueleto verde' y que esta red sea gestionada de forma integral a nivel autonómico.

Los PIA son herederos de las actuaciones territoriales estratégicas (ATE) creadas en 2012 que fracasaron todas. Y que fueron sustituidas por los proyectos territoriales estratégicos (PTE) que si salieron adelante como la gigafactoría de Sagunt, la sede de PLD Space en Elx o el proyecto de Edwards Lifesciences en Moncada, porque no precisaban reclasificar terrenos ni cambiar el planeamiento municipal.

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