Cortes de suministro: 216.177 familias valencianas pueden quedarse sin luz, agua o calefacción

Cae el escudo social y aumenta la miseria para miles de familias valencianas. Los votos en contra de Junts, PP y VOX han impedido que el Congreso de los Diputados convalidara el denominado decreto ómnibus (Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre) provocando su derogación automática. La consecuencia directa es que cae la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas a los hogares en situación de vulnerabilidad. Esta medida, que lleva prorrogándose desde 2020 y que se había ampliado de nuevo hace un mes, mantenía la protección a miles de familias en todo el Estado, una especie de salvavidas que, ahora, desaparece.

Entre las medidas que, hasta ahora, protegía a las familias que más lo necesitan figura que se beneficiario del bono social eléctrico impedía los cortes de suministro, a pesar de deudas por impago en las facturas. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, en la Comunitat Valenciana hay 221.778 beneficiarios de estos bonos. Ahora bien de esta dato deben ser excluidas las 5.601 familias numerosas que son beneficiarias de esta medida al tener en cuenta el número de hijos de la unidad familiar, pero no el nivel de renta.

Por ello, la cifra de familias vulnerables beneficiarias del bono social en la Comunitat Valenciana son 216.177, de las que 96.261 son vulnerables, 119.797 son vulnerables severas y 119 están en riesgo de exclusión social. En el caso de la provincia de Valencia hay 109.378 familias empobrecidas que son beneficiarias del bono social de las que 49.341 son familias vulnerables, 60.012 vulnerables severos y 25 en riesgo de exclusión social. En la provincia de Alicante tienen derecho al descuento 85.003 hogares de los que 37.426 están formados por familias vulnerables, 47.502 vulnerables severos y 75 en riesgo de exclusión social.En la provincia de Castellón hay 21.796 beneficiarios (familais numerosas, aparte) de los que 9.494 son familias vulnerables, 12.283 vulnerables severos y 19 en riesgo de exclusión social.

Ante el interés de los rentistas y la criminalización de la pobreza

La Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), que agrupa a una quincena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con hogares en situación de pobreza energética, denuncia "mensajes aporofóbicos" ante el decreto ómnibus "por incluir medidas sociales en materia de vivienda destinadas a proteger a personas con acreditada situación de vulnerabilidad con impagos de alquiler o en situación de ocupación forzada". "Se trata en realidad de un movimiento para proteger los intereses de los rentistas, que además criminaliza la pobreza", aseguran.

“Desde ReDE calificamos de irresponsabilidad mayúscula que se utilice la protección de derechos básicos como moneda de cambio parlamentaria y alertamos de que el rechazo del decreto tendrá efectos inmediatos e impactos graves sobre miles de hogares que, a partir de ahora, vuelven a quedar expuestos a cortes de suministros, añaden, tras recordar que el agua es un derecho humano reconocido por la NNUU desde 2010, y la energía es un derecho reconocido por la Declaración de derechos emergentes. "Así pues, el acceso garantizado al agua y a la energía es una condición indispensable para una vida digna y forma parte del contenido esencial del derecho a una vivienda adecuada", explican.

Es más, en febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que el Estado español había vulnerado la Carta Social Europea al no garantizar un acceso "estable, constante y seguro a una energía adecuada". Asimismo, la Directiva (UE) 2024/1711 del mercado eléctrico obliga a los Estados miembros a proteger a los consumidores vulnerables frente a las desconexiones. "Con la caída de este Real decreto-ley, y el retraso en la actualización de la ENPE, el Estado español vuelve a situarse en una posición de incumplimiento de estos marcos normativos internacionales y europeos, además de ignorar el impacto social de una medida cuya necesidad ha sido reiteradamente exigida", aseguran.

Ante esta situación, ReDE denuncia a los grupos parlamentarios que han votado en contra del decreto (PP, VOX y Junts), por las consecuencias sociales que tendrá la pérdida de esta protección. La red exige la adopción inmediata de medidas legislativas "como puede ser la implementación del principio de precaución que ya se recoge en la Ley catalana", que restituyan la prohibición de cortes de suministros y eviten "de una vez por todas que miles de hogares comiencen 2026 sin luz, sin agua o sin calefacción".

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