Las dificultades de aprendizaje se disparan un 120% en seis años y desbordan las aulas valencianas

Lo que hace apenas seis años eran casos puntuales en una clase de Primaria o Secundaria, hoy es la norma. El diagnóstico de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) -como la dislexia, la discalculia o el trastorno por déficit de atención, entre otros- ha experimentado un crecimiento vertiginoso del 119,63% en la Comunitat en los últimos seis cursos. Este estallido estadístico, recogido en el último informe de la Federación de Enseñanza de CCOO, no solo evidencia una mejora en la detección, sino que pone contra las cuerdas a un sistema educativo que no ha crecido al mismo ritmo en recursos humanos ni materiales.

La crónica de este inicio de curso 2025-2026 está marcada por la paradoja de la inclusión: tenemos más herramientas que nunca para identificar por qué un niño se queda atrás, pero menos capacidad para intervenir. A nivel nacional, el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) ha crecido un 75,24%, superando ya el millón de estudiantes. Sin embargo, es en la autonomía valenciana donde el salto en las dificultades de aprendizaje es más drástico, duplicando con creces la media estatal y tensionando la red pública, que asume el 78,59% de estos alumnos.

El estallido del diagnóstico

A pesar de que el número de alumnos detectados se ha duplicado, el informe advierte de que todavía estamos ante la punta del iceberg. Los expertos estiman que un 66,25% del alumnado valenciano que debería estar identificado por dificultades de aprendizaje permanece "invisibilizado" administrativamente. Esta brecha supone que miles de estudiantes atraviesan su escolarización sin las adaptaciones necesarias, lo que a menudo se traduce en fracaso escolar y un desgaste emocional profundo tanto para los menores como para sus familias.

Este incremento de las necesidades se produce en un contexto de cambio demográfico. La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía donde más ha crecido el número total de alumnos (un 5,42%), impulsada en gran medida por la llegada de 70.197 alumnos de origen extranjero en los últimos seis años. Esta nueva realidad multicultural añade una capa de complejidad a las aulas, donde las dificultades de aprendizaje se mezclan con las barreras lingüísticas y la necesidad de compensación educativa para niños y niñas emigrantes recién llegados.

La inversión camina en sentido contrario

La respuesta de la Administración arroja sombras. Según los datos del informe, el peso de las partidas destinadas a Educación Especial y Compensatoria sobre el presupuesto total de Educación en la Comunitat Valenciana ha descendido. Si en 2018 representaba el 1,72% del gasto, en 2023 la cifra ha caído hasta el 1,59%. Es decir, mientras las necesidades se multiplican, el esfuerzo presupuestario relativo para atenderlas disminuye.

Aunque la inversión educativa en relación con el PIB regional ha pasado del 3,12% al 3,25%, este crecimiento de apenas 0,13 puntos porcentuales es visto por el sindicato como una "mejora insuficiente" que no llega a cubrir el incremento del coste de la vida ni las demandas de una educación inclusiva real. El informe es tajante: para que la inclusión no sea una palabra vacía, la Comunitat necesitaría una inyección adicional inmediata de 158 millones de euros.

El factor de la pobreza y la exclusión

El escenario se complica al cruzar las variables educativas con las sociales. Con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 29,9% en el territorio valenciano, el sistema debería estar reforzando los mecanismos de compensación. Sin embargo, existe una diferencia de casi 12 puntos entre el alumnado que vive en hogares con carencias materiales severas y el que está oficialmente reconocido como beneficiario de medidas de compensación educativa.

Esta desconexión entre la realidad social y la administrativa deja a los centros públicos en una situación de "emergencia silenciosa". Los docentes se ven obligados a multiplicar sus funciones para atender la diversidad de una clase donde pueden convivir varios alumnos con dislexia, niños recién llegados que desconocen el idioma y menores en situaciones de vulnerabilidad extrema, todo ello con ratios que no siempre permiten la atención individualizada que requieren estos perfiles.

Propuestas para un cambio de rumbo

Para revertir esta situación, el informe propone aprovechar la coyuntura política de la condonación de la deuda autonómica para liberar recursos. CCOO reclama que, de los fondos que se ahorren en intereses, al menos 1.000 millones de euros a nivel estatal vayan directamente a educación. En la Comunitat, el objetivo prioritario sería la contratación de personal especializado (PT, AL y orientadores) y una reducción de ratios que permita que cada alumno con necesidades específicas cuente por dos en el cupo de la clase.

En definitiva, los datos muestran que el modelo de inclusión valenciano ha tenido éxito en la identificación de las dificultades de aprendizaje, pero ha fallado en la dotación de recursos para darles respuesta. Sin un compromiso financiero que iguale el ritmo de los diagnósticos, el derecho a una educación en igualdad de condiciones corre el riesgo de convertirse en un privilegio dependiente de la capacidad de las familias para costear apoyos externos.

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