"A mis empleadores no les ha gustado nada la regularización"

María tiene 26 años, una sonrisa que la burocracia todavía no ha marchitado y una cita con su abogada a las tres de la tarde que encara como quien va a una final de la Champions. Llegó de Colombia hace dos años bajo la promesa de su madre de un "panorama súper chévere": estudios, trabajo y esa vida europea que se ve tan nítida en Instagram y tan borrosa en las oficinas de Extranjería. Pero el sueño se estrelló pronto contra el muro del visado de estudios: le pedían demostrar una solvencia económica que no tenía. A los tres meses, el reloj de su legalidad se detuvo y María pasó a ser lo que la administración llama una "irregular" y se vio empujada a trabajar limpiando casas y cuidando de ancianos por salarios de miseria.

Tras dos años de fregar suelos y vigilar constantes vitales ajenas, la noticia de la regularización extraordinaria ha caído en su entorno laboral como un jarro de agua fría. "A mis empleadores no les ha gustado nada la noticia", suelta con una mezcla de ironía y tristeza. Parece que, para algunos, María es "de la familia" para las penas, pero una completa extraña para la Seguridad Social.

El espejismo del "panorama chévere"

La trayectoria de María es el manual de instrucciones de la decepción migratoria. "Ha sido muy frustrante no poder trabajar en lo que quisiera y tener que rebuscarme la vida", confiesa. Durante 24 meses ha sobrevivido en un estado de alerta permanente, aceptando pagos en mano y condiciones que rozan lo feudal. Lo más curioso es que, al principio, ella misma había interiorizado el relato de la explotación: "Venía con la mentalidad de que a eso veníamos aquí, a trabajar, y no caía en la cuenta de que tenía derechos, como un contrato".

Esa falta de conciencia no es casual; es el lubricante que hace que el sistema funcione. En la C.Valenciana, el sector de los cuidados y la limpieza descansa sobre los hombros de miles de Marías que no existen para el sistema. Cuando sus jefes se van de vacaciones, ella deja de cobrar. Si un día no la necesitan, su teléfono simplemente no suena. No hay indemnización, no hay paro, ni dolores de cabeza.

La paradoja del empleador valenciano

María relata cómo sus empleadores, esos que le confían su intimidad, son incapaces de empatizar con su necesidad de papeles. "El año pasado, cuando se fueron de viaje, les pregunté qué pasaría conmigo. Me soltaron que ellos también sufrieron mucho buscando trabajo cuando llegaron a la ciudad".

Para muchos empleadores, la regularización es una molestia administrativa que amenaza con encarecer el servicio. Prefieren a la María "fantasma", esa que no se pone enferma porque no tiene médico y que no protesta porque el miedo a la expulsión es el mejor de los bozales. La regularización extraordinaria que plantea el Gobierno no solo es un salvavidas para ella; es un espejo incómodo para una sociedad que ha construido su bienestar sobre el "limbo" administrativo de los demás.

València, tierra de sombras

Los datos respaldan el sentimiento de María, aunque las cifras de la irregularidad sean, por definición, movedizas. La Comunitat se ha consolidado, junto a Madrid y Cataluña, como el gran refugio de la economía sumergida en España. Según el último informe de Funcas (enero de 2026), la población irregular en el país roza las 840.000 personas, multiplicándose por ocho desde 2017.

En "la terreta", el fenómeno tiene nombres y apellidos colombianos, hondureños y peruanos. Cruzando los datos de migrantes empadronados —que ya superan el millón en la Comunitat— con las autorizaciones de residencia, los investigadores de la Universitat de València (UV) y de la Universidad de Alicante estiman que entre un 10% y un 12% de los extranjeros registrados carecen de papeles. Son unos 100.000 vecinos (según estimaciones que pueden variar) que compran en el supermercado, llevan a sus hijos al colegio y sostienen la hostelería y la construcción, pero que a ojos de la ley son invisibles.

El laboratorio de la DANA

Si algo sacó a la luz esta realidad fue la catástrofe de l'Horta Sud. La riada no solo se llevó puentes y coches; también arrastró la venda que ocultaba a los 40.000 irregulares que residían en la "zona cero". Familias que lo perdieron todo y que, de repente, descubrieron que no podían pedir una ayuda de emergencia porque no tenían un NIE que poner en el formulario.

La presión de colectivos como Regularización YA logró que 23.000 personas afectadas fueran dotadas de papeles por la Delegación del Gobierno. Aquello fue un experimento a la fuerza: se demostró que cuando hay urgencia, la administración puede dejar de ser un paquidermo burocrático. Sin embargo, para los que viven fuera de la zona del temporal, como María, el camino sigue siendo un "limbo administrativo" que Funcas denuncia como un mal crónico del modelo español. Los migrantes pasan años esperando un arraigo que siempre parece estar a una cita previa de distancia.

Títulos que no sirven y citas que no llegan

María no solo lucha contra la falta de papeles, sino contra el desperdicio de su propio talento. En Colombia terminó una carrera que aquí es papel mojado. "Muchos prefieren quedarse limpiando porque con la homologación no te reciben en ningún lado", explica. Es la paradoja de un sistema que importa mano de obra cualificada para que empuje carritos de la compra o friegue escaleras.

"Me gustaría estudiar acá, especializarme", dice con determinación. Pero antes de eso, tiene que superar el cuello de botella de las oficinas de Extranjería de València y Alicante, donde conseguir una cita es casi tan difícil como ganar la lotería. Para ella, la regularización es la oportunidad de dejar de ser una herramienta y empezar a ser una vecina. Al terminar la entrevista, María mira el reloj. Su abogada la espera.

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