La jueza de la dana pide identificar a los bomberos retirados del barranco del Poyo y el acta de la reunión de la Sgise durante la alerta roja

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha pedido a la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias) que identifique a los bomberos forestales que, en coordinación con el Consorcio Provincial de Bomberos, envió a vigilar los barrancos afectados por las crecidas de agua durante las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024. Unos bomberos que, en el caso del barranco del Poyo, se retiraron antes de las 15 horas. Una decisión que resultó fatal y que nadie asume, ya que tras un primer incremento del caudal, éste descendió, antes de la espectacular crecida del agua que comenzó a experimentar a partir de las 16 horas y que alcanzó, con las aportaciones de los barrancos del Poyo, Horteta y Gallego los 7.500 metros cúbicos por segundo, según las estimaciones realizadas por los especialistas del Cedex.

De ahí que la magistrada haya pedido a la Sgise que identifique a "los bomberos forestales que a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat fueron a realizar funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro en el área del puente de Carlet (bomberos forestales de la unidad de Alzira) y del barranco del Poyo en las áreas de Torrent-Picanya-Paiporta (Unidad de bomberos forestales de Buñol).

La jueza de la dana también requiere, a petición de la Asociación de víctimas mortales de la dana, la convocatoria, el orden del día y el acta de la reunión de la Sgise en plena alerta roja del 29-O para acordar "la compra de autobombas", según el acta de la reunión del consejo de administración de la empresa pública, aportada ayer por Ignacio Lleó de Nalda, abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior, el 29 de octubre de 2024.

Según el correo electrónico incorporado esta semana a la causa, a las 11 horas del 29 de octubre se remitió por correo electrónico la "Convocatoria reunión consejo administración Sgise" con inicio a las 11 horas y fin previsto a las 12.30 horas. Las personas convocadas eran los principales gestores de la emergencia en ese momento. La convocatoria la firmaba el presidente del consejo de administración de la Sgise, Emilio Argüeso, también secretario autonómico de Emergencias y, por tanto, mando único de la emergencia en los niveles 0 y 1 (al pasar al nivel 2 ya era la consellera, entonces Salomé Pradas, la que pasaba a ostentar el mando único).

Junto a Argüeso estaban convocados a asistir Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias y el hombre de Carlos Mazón en la conselleria, citado a declarar el próximo 6 de febrero; Raúl Mérida, entonces secretario autonómico de Medio Ambiente y actual comisionado de la Generalitat para la reconstrucción; Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras; Santiago Lumbreras, secretario autonómico de Transparencia y Relaciones Institucionales; Jesús Gual, secretario autonómico de Económica en aquel momento; Juan Martínez, subsecretario de la Conselleria de Medio Ambiente y la secretaria autonómica de Administración Pública, Emilia Selva.

En el orden del día consejo de administración la compra de cinco camiones autobomba y un informe de seguimiento del sistema de prevención de delitos vigente en la Sgise.

Cabe recordar que la Agencia estatal de meteorología (Aemet) elevó los avisos a nivel rojo en el litoral sur de la provincia de València a las 7.36 horas por acumulados en una hora de 90 mm; y también emitió nivel rojo en el litoral e interior norte de la provincia de València a partir de las las 9.41 horas.

El abogado de la Generalitat en la conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre, Ignacio Lleó de Nalda, confirmó en su declaración del martes a la jueza que la reunión del consejo de administración de la Sgise "fue breve por la situación climatológica" ya que "la situación se estaba poniendo complicada por Utiel-Requena" y Argüeso "se tenía que ir". El encuentro se convocó a las 11 horas y apenas duró 15-20 minutos. Fue especialmente breve", explicó el abogado de la Generalitat.

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