La gestora de Les Naus defiende la adjudicación de las viviendas: “Fue decisión de la cooperativa”

La gestora del residencial Les Naus, Fraorgi SLU, a través de un comunicado, sostiene que el Ayuntamiento de Alicante no adjudicó las viviendas de la promoción y niega que ninguna administración pública repartiera los pisos, tras la polémica por los pisos adquiridos por personas vinculadas al Ayuntamiento, como la hasta ahora concejala de Urbanismo y la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. Según la entidad, se trata de una promoción de viviendas de protección pública (VPP) de carácter privado, en régimen de cooperativa, y las viviendas “fueron adjudicadas por la propia cooperativa entre sus socios”.

La gestora añade que el cumplimiento de los requisitos de los adquirientes se acredita “mediante el visado del contrato por parte de la conselleria”, que revisa los datos económicos “de forma totalmente objetiva” con información que, según afirma, le facilita directamente la Agencia Tributaria.

En ese escrito, la entidad recalca que la parcela sobre la que se levanta el residencial fue adquirida por la cooperativa “en un concurso público” en el que concurrieron cinco licitadores y destaca que la adjudicación del suelo fue “consecuencia de una sentencia judicial”. Según detalla, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la sentencia 591/2021, que anuló una decisión municipal en el proceso y obligó al Ayuntamiento a continuar el procedimiento hasta adjudicar la parcela a la cooperativa.

Siempre según la gestora, una vez adjudicado el solar, se edificaron las viviendas en formato cooperativa, lo que, añade, implica que son los socios los que pagan la obra y asumen el riesgo de sobrecostes.

Normativa

La respuesta de la gestora llega después de las informaciones conocida sobre Les Naus. Fraorgi insiste en que el residencial no debe describirse como “viviendas públicas” y que la normativa distingue entre VPP de promoción pública y VPP de promoción privada. En su caso, asegura, se trata de VPP privada en régimen cooperativo y, por tanto, “la ‘adjudicación’ de las viviendas” no la realiza el Ayuntamiento ni “ninguna administración pública”.

En paralelo a ese comunicado, el responsable de la entidad y gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, ha defedido en declaraciones a este diario que la demanda era muy superior a la oferta y que la captación de interesados arrancó años antes de la construcción efectiva de la promoción. “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”, sostiene Ordiñana, quien situó el inicio “en 2018, mes arriba o mes abajo”, cuando “en junio o julio se publicó que iba a salir a concurso la parcela”.

Según su versión, entonces la gestora estaba desarrollando otra promoción en el PAU 5 y decidió constituir la cooperativa porque tenía una “lista de espera brutal”, lo que, afirma, permitió completar interesados “sin necesidad de publicidad” en portales inmobiliarios. “En agosto del 18 teníamos una lista de espera tremenda. En septiembre nos presentamos y la gente estaba apuntada en caso de que nos la concedieran”, asegura.

Proceso judicializado

El comunicado y las declaraciones coinciden en el relato de que el proceso se judicializó y en que fue la cooperativa la que acudió a los tribunales. Ordiñana expresa que en 2021 obtuvieron “una sentencia judicial del TSJ” y el comunicado precisa ahora que esa resolución fue la 591/2021.

En ambos casos, sostienen que el solar acabó en manos de la cooperativa en 2022. El comunicado fija la fecha de adquisición en el 29 de marzo de 2022, mientras que Ordiñana habla de compra “a principios de 2022”. Según su explicación, tras reactivarse el proyecto se contactó con personas inscritas inicialmente y parte de ellas continuaron, completándose el resto con lista de espera. El gestor añade, además, que en el proceso hubo sustituciones: “Había gente que no cumplía y tuvimos que sustituirla”.

Sobre los controles, Ordiñana afirma que los requisitos se comprueban con un “volcado” de datos que realiza Hacienda y que “si no, por un euro se quedan fuera”, aludiendo a la última renta. Fraorgi formula ese mismo punto en términos administrativos y sostiene que el cumplimiento de requisitos se certifica mediante el visado del contrato por conselleria y que, entre otras comprobaciones, la administración autonómica revisa los datos económicos que recibe de forma directa desde Hacienda.

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