El sector social, en venta: empresas privadas ya gestionan el 95% de los servicios

El asesinato de Belén, mientras trabajaba sola en un turno de noche en una vivienda tutelada, fue el punto de inflexión. El crimen ocurrió en Extremadura, pero hoy se ha presentado en València la Plataforma de Profesionales del Sector Social, de ámbito estatal y con delegaciones en todas las autonomías, ya que tras el crimen y las manifestaciones protagonizadas por las plantillas del sector "seguimos exactamente igual".

Así, tras años de "recortes, pérdidas salariales, impagos, cierres de recursos sociales, copagos y un abandono total del sector social por parte de las instituciones" los trabajadores del sector social dan un paso al frente para denunciar un sector que ya está en manos privadas "en la gestión del 95% de los servicios". "En la Comunitat Valenciana los servicios ya están casi todos privatizados. De gestión pública apenas hay centros y servicios. El resto ya dependen de manos privadas, ya sea por concurso público o por contrato programa, con plazas concertadas o con centros públicos de gestión privada. Y al final, las empresas que gestionan los servicios son quienes han presentado las ofertas más económicas y ahí no pierde la empresa. Cuando la gestión se decide por quien cuesta menos, los perjudicados son los usuarios y los trabajadores", han explicado los representantes de la Plataforma.

Sin embargo, mientras sí existe un movimiento social que defiende la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales se quedan al margen. "Todas las personas necesitaremos de los servicios sociales en algún momento de nuestras vidas. No podemos permitir que el cuidado se convierta en un negocio en manos de unos pocos. Lo social no está en venta. Invertir en el sector social mejora la atención, protege derechos y construye una sociedad más justa, segura y cohesionada", afirman desde la entidad.

La precarización del sector conlleva al malestar laboral. Así consta en el informe presentado por la plataforma y que lleva por título "Violencia y Desprotección en el Sector Social" donde destaca que una de cada dos personas ha sufrido agresiones verbales, una de cada cuatro afirma haber recibido amenazas y una de cada diez agresiones físicas. Además, dos de cada tres profesionales presentan síntomas de estrés, ansiedad o agotamiento extremo y casi la mitad se plantea abandonarlo "si no mejoran las condiciones actuales".

Sin estabilidad laboral y con sueldos bajos

"El informe presentado evidencia la precariedad en los centros, la desprotección de los trabajadores, la externalización de la gestión y el abandono del sector. Un 70% de personal carece de estabilidad laboral y percibe salarios inferiores a la media estatal. Los contratos temporales y parciales se han convertido en la norma. No se respetan ni descansos ni convenios y no ocurren más desgracias por el esfuerzo que realizan unas plantillas agotadas. El de Belén no fue un hecho aislado. Nos afecta a todos y no estamos acusando a los usuarios. Estamos denunciando a una administración que debería proteger a los más vulnerables y hace todo lo contrario", explican los portavoces de la plataforma.

Entre las medidas propuestas destaca "un convenio marco estatal con la participación de los sindicados, un refuerzo en las inspecciones (y dotación para este servicio), garantizar que ningún servicio se adjudique por debajo del coste real de un trabajo digno y cláusulas sociales obligatorias en todos los pliegos de contratación pública". Además, piden aplicar "sanciones efectivas ante incumplimientos de convenios, pliegos o normativa laboral, crear un Protocolo Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Laboral, un Observatorio Estatal de Violencias Laborales y formación obligatoria en gestión de conflictos", entre otros.

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