Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades

El escándalo generado, con amplio eco a nivel nacional, por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas del entorno municipal, que desveló este diario el pasado jueves, podría no quedarse en una polémica de carácter político, con las dimisiones ya confirmadas de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman.

La Generalitat Valenciana ha anunciado que revisará, de nuevo, la documentación para comprobar si los adjudicatarios de la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante cumplían los requisitos exigidos. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, avanzó este sábado que cotejará "todos y cada uno de los expedientes" de adjudicación de la promoción Les Naus, en La Condomina, para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido "manipulación" en el proceso.

"Se cotejarán todos los expedientes para verificar que no ha habido manipulaciones en el proceso"

Susana Camarero

— Consellera de Vivienda

Si se desvelasen irregularidades en el proceso, se podrían imponer sanciones que irían hasta los 30.000 euros, según refleja la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. Esa norma, actualizada por última vez en mayo de 2025, recoge una serie de infracciones, que van desde las leves a las muy graves, con su correspondiente sanción económica, que irían desde los 150 a los 30.000 euros.

Entre las infracciones que se recogen, y que podrían estar bajo lupa tras la polémica surgida, está el "acceso a viviendas de protección pública cuando se superen los límites de ingresos", que actualmente a nivel general están situados en torno a los 55.000 euros por núcleo familiar, al ser 6,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

La ley considera muy grave acceso a viviendas protegidas cuando se superen los límites de ingresos

También podrían estar bajo sospecha otras posibles actuaciones, también incluidas entre las infracciones de la ley autonómica, como "falsear las condiciones personales, familiares o económicas en las declaraciones o documentación exigidas, así como no destinar a domicilio habitual y permanente, o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses, las viviendas de protección pública". Todas ellas se encuentran tipificadas como infracciones muy graves, por lo que de aplicarse en algún caso la sanción iría entre los 3.000 y los 30.000 euros.

Pero hay infracciones tipificadas en el escalón más elevado que no serían de aplicación para los propietariosd e las viviendas protegidas, sino para los funcionarios responsables de un proceso que ahora está bajo sospecha. Entre ellas, el "incumplimiento por parte de los organismos y funcionarios públicos de las obligaciones contenidas en el procedimiento de adquisición preferente", aunque en este caso las sanciones se aplicarían según el régimen disciplinario.

Sanciones al cuadrado

La ley autonómica, por otro lado, contempla que a los autores de infracciones graves y muy graves se les podrían imponer, además, otras sanciones, como la descalificación de la vivienda como protegida, con "pérdida de los beneficios tributarios obtenidos y su devolución incrementada por los intereses legales correspondientes". Esta sanción implicará la "imposibilidad durante diez años de poder concertar ventas o arrendamientos a precios superiores a los establecidos para las viviendas con protección pública".

Entre las cuestiones más sancionables, falsear las condiciones familiares o económicas y no destinar el piso a domicilio habitual

También figura una posible sanción "extra" para las infracciones más elevadas como sería la "pérdida y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas".

Adjudicaciones en el foco

Camarero ha insistido este sábado, tal y como hizo el jefe del Consell el viernes, que la Generalitat "no tiene ninguna relación con la adjudicación" de esas viviendas, pues es la promotora, en este caso la cooperativa, la que las adjudica y al ser viviendas de protección pública, solicita a la Dirección Territorial de Vivienda "la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda" de estas características.

Las palabras de Camarero llegaron un día después de la segunda dimisión por el escándalo surgido en torno a la promoción de vivienda protegida. Este viernes, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunció la renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras desvelar este diario que es una de las beneficiarias de vivienda protegida en la promoción construida en La Condomina.

La de la edil se trató de la segunda dimisión, tras la avanzada por INFORMACIÓN de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó este jueves su cargo de libre designación al saberse que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus.

La Conselleria de Vivienda, tras un primer informe de urgencia, está a la espera del resultado de un segundo informe. La Secretaría Autonómica de Vivienda emitió el viernes una instrucción a la Dirección Territorial para la elaboración de "un informe detallado que incluya toda la información pertinente sobre el expediente de visado de esta promoción, incluyendo información sobre el procedimiento, personas intervinientes e información acreditativa, con el fin de analizar y determinar, en su caso, la apertura de expediente informativo". Ese informe tiene que estar listo el próximo lunes, 2 de febrero.

Primera denuncia en Fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción debe mover ficha tras la denuncia registrada por Sumar, que en un escrito presentado este viernes solicitaba que se practiquen diligencias de investigación para esclarecer si el procedimiento respetó “estrictamente” los requisitos legales, se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia y garantizó la imparcialidad de los órganos intervinientes, además de descartar “desviación de poder, tráfico de influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales”.

También se espera ante Fiscalía una denuncia más, al menos. El grupo municipal del PSOE ya anunció su decisión de elevar los hechos ante el Ministerio Público. Lo hizo el pasado jueves, justo tras desvelar este diario al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto del área de Urbanismo, entre otras personas con vínculos con el Ayuntamiento, habían sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas.

Ese mismo jueves, una jornada de pleno ordinario, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se mostró tajante con la polémica por la adjudicación de viviendas. “Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar", advirtió el regidor, quien además de ordenar la apertura de un expediente de averiguación de hechos, avanzó que pondrá en conocimiento de Fiscalía "la menor sospecha" sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

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