Comarcas valencianas: cuatro décadas a la espera de un nombre

Las 33 comarcas valencianas, incluidos sus nombres, son una realidad social plenamente aceptada que, sin embargo, no tiene blindaje legal. Los padres del Estatut decidieron que una “ley de comarcas” valenciana, prevista en el artículo 65 del Estatuto de Autonomía, fijaría los nombres oficiales de las comarcas, pero sigue inédita tras casi medio siglo de autogobierno. Ha habido varios intentos de aprobarla por parte de la izquierda, en el gobierno y en la oposición. De momento, todos frustrados.

La comarca, una idea asentada en la calle, vive en la paradoja de ser una extraña en muchos despachos del poder. Mientras la sociedad civil se ha articulado con multitud de ejemplos a través de la comarca (ediciones de medios de comunicación, asociaciones empresariales, mancomunidades, colectivos sociales o comerciales), en los parlamentos no tiene apenas quien le escriba.

Las denominaciones actuales son una patente del gobierno autonómico de Joan Lerma plasmada en el decreto 170/1985 de 28 de octubre de Propuesta de Demarcaciones Territoriales Homologadas, del que ahora se cumplen 40 años. Este decreto es lo más parecido a una “ley de comarcas” como la que tienen Cataluña o Aragón. Una propuesta de división y denominación territorial que con el tiempo se ha consolidado, ha cuajado, aunque sin rango de ley y que, en sus orígenes, no estuvo exenta de complejidad, debate y rechazo, en especial de las grandes ciudades y de las diputaciones, que creían ver en esta división comarcal un elemento disruptor del orden provincial establecido.

Cambios de nombres

La ausencia de una denominación oficial con fuerza de ley para las comarcas deja al albur de gobiernos con una visión de la organización territorial más centralista posibles cambios en la actual división comarcal. Un caso reciente se ha visto con el topónimo de València, que el gobierno de PP y Vox de Mª José Catalá quiere sustituir por una denominación bilingüe con tilde cerrada en valenciano, en contra de las directrices de la AVL.

El catedrático de Economía y exconseller de Hacienda, Vicent Soler, que fue conseller de Administración Pública con el gobierno de Joan Lerma y uno de los artífices de la nomenclatura comarcal actual, recuerda lo complicado que ya fue en su día aprobar el decreto de las demarcaciones territoriales en un momento en que “el hecho comarcal no existía”. “Era todo nuevo”. Firme defensor de la ley de comarcas, Soler previene del peligro de involución en el proceso descentralizador del territorio.

El objetivo del decreto del 85, casi coetáneo de la ley de comarcas catalana, era “crear una distribución comarcal que reconociera las singularidades de cada comarca, dotarnos de un marco referencial”. “Dimos unos nombres que, en la mayoría de los casos y con alguna excepción, han funcionado hasta ahora”, explica el catedrático. Como ocurre a los personajes de Cien años de soledad, el recuperado autogobierno de los valencianos era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y 'para nombrarlas había que señalarlas con el dedo'.

Recelos y disputas

En comarcas como el Valle de Ayora hubo que añadir Cofrentes para que no hubiera distinciones. Se intentó evitar, por aquello de la bicefalia y rivalidad típica entre poblaciones vecinas de más entidad, favorecer a una en detrimento de otra. Ocurrió en Utiel y Requena donde se acordó poner delante Altiplano de Requena-Utiel, para significar la orografía y no la capitalidad, aunque este denominación tampoco cayó en gracia, apenas se uso y tampoco ha servido para atajar la rivalidad sobre quien va delante si Utiel o Requena. "La conciencia comarcal ha cuajado aunque siempre hay dinamicas internas", apunta Soler. Poner delante un nombre u otro, es “un tema menor", afirma el exconseller quien reconoce que en comarcas como Requena-Utiel hubo "más problemas" porque era un territorio que hasta el siglo XIX había formado parte de Castilla.

La Safor, Els Ports, l’Alcoià, l’Alacantí, la Marina Alta y la Marina Baixa o la Ribera Baixa y la Ribera Alta... con todas se hizo lo mismo. “En general se intentó que la toponimia no favoreciera a la capital natural. “Se trataba de cuidar que en el nombre no se repitiera la capital para que todos los municipios se adscribieran”. “Se hizo con la mejor intención y con el objetivo de reconocer las singularidades de cada territorio”.

El Vinalopó es una cosa y la Marina otra. “Hay que aceptar esa diferencia, aunque también ha comarcas con mas carga identitaria, en función muchas veces de las elites intelectuales, empresariales y políticas". Reconocer las diferencias de cada territorio y potenciar un sistema de ciudades intermedias, ese es el camino a juicio de Soler, partidario de dar protagonismo a esas ciudades de tamaño medio que aportan riqueza, como Vila-real, Gandia, Requena, Lliria, Oliva o Benidorm. “No todo es València, Castelló y Alicante”, subraya Soler, cuestionando el mantra del PP que repetían primerero Mazón y hoy Pérez Llorca.

Un intento en l’Horta

El Consell Metropolità de l’Horta fue un intento. Gestado durante el mandato del alcalde socialista Ricard Pérez Casado este órgano de gestión supramunicipal potenciaba la idea de metrópoli de València y la gobernanza compartida con los pueblos de l'Horta. Rita Barberá y Eduardo Zaplana lo liquidarían en 1999. “Rita Barberá no veía más allá de las cruces de término de València”, asegura Soler. Hoy, la Mancomunitat de l'Horta Sud sigue reivindicando su recuperación.

El Botànic y las mancomunidades

El largo mandato del PP entre 1995 y 2015 devaluó la idea comarcal. La izquierda y la derecha valenciana, aunque sin la pirotecnia de otras batallas identitarias, también tienen una trinchera en la organización territorial. “El PP rechaza la idea de comarcas del mismo modo que Vox rechaza las comunidades autónomas. Tienen una visión centralista del poder, la acción política y del desarrollo territorial que choca con la idea de promocionar la autonomía local o ceder competencias”, opina Toni Such, el que fuera director general de Administración Local el primer Botànic.

Precisamente, Toni Such impulsó lo más parecido a esa ley 'imposible' que desarrolle el mandato estatutario de legislar las comarcas. El Estatut obliga a que la ley de comarcas se apruebe por dos tercios. Así que en 2018, a través de la ley de mancomunidades, se incluyó el listado de demarcaciones territoriales comarcales en el anexo de esta ley, que también es ley, lo que eleva su rango legal.

2023, el nuevo mapa

En esta ley desaparecía, por ejemplo, la polémica subdivisión de l’Horta Oest, que generaba un fuerte rechazo en l’Horta Sud. Esta ley, precisamente, culmino años de reivindicaciones al sur del río Túria para normalizar el mapa, cartografía y estadísticas valencianas, incluyendo l’Horta Sud con sus 20 pueblos y ciudades.

En la misma línea que este texto, en enero de 2023 la Generalitat publicaba la revisión de su mapa comarcal por primera vez desde 1987, y suprimiendo esa subcomarca, carente de tradición y sin reconocimiento ciudadano.

La citada ley de 2018 reforzaba además la idea comarcal con la constitución de mancomunidades comarcales. El texto generó el rechazo del PP, de regreso al Palau en 2023. En su primer año presentó la reforma del texto para eliminar las mancomunidades de ámbito comarcal con el argumento de "simplificar la estructura administrativa local" y de "mejorar la eficiencia”, ya que entendía que se duplicarían con mancomunidades ya existentes. Ahí siguen las comarcas, reivindicadas y olvidadas a partes iguales 40 años después de su primer reflejo en papel oficial.

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