Desahucios en 2026: A la calle con discapacidad, 60 años y sus cosas en un trastero

El 2026 comenzaba en los juzgados de la Comunitat Valenciana con el desahucio de Malika y de su hijo. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH y de varias asociaciones de Juntes per l'Habitatge (en concreto, Iaioflautes, A.V. Benimaclet, Sindicat de barri de Malilla, A.V. La Torre y Psicólogas sin fronteras) les acompañaron para mediar con el juzgado en aras de buscar una solución que no dejara a la familia en la calle. Se fijó una nueva cita en el calendario: el 2 de febrero. Y hoy no ha habido nada que hacer. La familia está en la calle, con sus cosas en un trastero y más miseria de la que ya tenían.

La mujer, de 60 años y con una discapacidad reconocida del 46%) compró la vivienda en el 2003, pero la crisis inmobiliaria les arrasó y ya no ha podido levantar cabeza. El informe de Cáritas y de la Fundación Foessa de 2025 reflejaba esta realidad al alertar de que una de cada cinco familias en la Comunitat Valenciana vive en exclusión social y fue golpeada por la burbuja inmobiliaria de hace casi 20 años. La familia de Malika es una de ellas, pero hoy está en la calle. La mujer no pudo hacer frente al pago de la hipoteca y la vivienda pasó del banco Sabadell a un Fondo de Titulización de Activos (FTA). Es decir, la entidad bancaria vendió ese derecho de cobro de la hipoteca a terceros para obtener liquidez inmediata, y así transformó el préstamo en valores negociables. Para la PAH es "indignante que la banca rescatada priorice el beneficio de los Fondos de Titulización de Activos al derecho de vivir de la gente pobre y de la clase trabajadora".

Desde la PAH advierten de las "Malikas que hay" y de las que vendrán tras la caída del escudo social. El desahucio de esta familia ya estaba escrito antes de que cayera el escudo social a nivel estatal (incluido en el decreto Ómnibus), ya que la jueza podía haber ampliado la moratoria de esta familia cuatro años más, como permite la ley, pero decidió limitarla solo a un año. "Los gobiernos diseñan herramientas que luego hay jueces que no aplican. Vemos este caso, donde la jueza podía haber ampliado la moratoria cuatro años y solo ha hecho uno, o desahucios en los que se puede aplicar el escudo social, perolos jueces no lo hacen. Es una indefensión tremenda", explican. Y con este panorama, cae el escudo social y 4.800 familias (según cálculos de la PAH) pueden perder sus viviendas.

Intervención directa del Gobierno

Por ello, desde la PAH piden la intervención directa del gobierno estatal. "El gobierno de la Generalitat debería intermediar y negociar un protocolo de mediación tal y como establece la ley de Vivienda. Pero el protocolo no se ha hecho y eso restringe las posibilidades de evitar desahucios. Por otra parte, el ayuntamiento no está intermediando de forma clara y efectiva y de hecho ha eliminado la oficina antidesahucios que había. Por eso creemos que el Estado central debería intervenir para garantizar que la vivienda sea un derecho, como lo es la sanidad y la educación. Las políticas de vivienda no pueden estar condicionadas a colores políticos ni a coyunturas específicas. Debaten sobre competencias, pero el Estado tiene herramientas para actuar", explican desde la PAH.

Quienes han acompañado a Malika en su desahucio definitivo coinciden en el drama que implica. "La vivienda es un derecho universal, pero pese a ello en España no se tiene en cuenta. Todo el mundo se lava las manos. En el juzgado le deniegan la moratoria hipotecaria y la respuesta es que sean los servicios sociales quienes le den una vivienda social. Pero la Administración alega que no tiene viviendas sociales y a lo más a lo que va a llegar es a una plaza en un albergue, si la hay, temporal y solo para ella. Necesitamos vivienda social, adjudicaciones de urgencia y un sistema que impida desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional. No olvidemos que el propietario es un banco y que los desahucios atacan directamente a la salud mental. Después de este duro golpe Malika suma miseria", explican desde Psicólogos sin Fronteras, tras atender a la mujer.

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