Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0

Un jefe de zona, dos responsables de subzona, seis agentes medioambientales y dos guardas forestales son los operativos que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tenía destinados el 29 de octubre a la zona centro que abarca las cuencas altas y bajas de los ríos Magro y Júcar, el Turia y los barrancos de Horteta y el Poyo, según el informe remitido por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a la jueza de la dana. Se trata de los operativos que realizan el trabajo de Policía de aguas y que el día de la dana trabajaron en diferentes horarios desde las 7.30 o las 8 horas a las 15, 15.30 o 17 horas, según los diferentes horarios que cumplieron, durante las horas de luz del 29 de octubre de 2024, cuando el ocaso fue a las 18.03 horas.

La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra pidió a la CHJ que identificara a los agentes medioambientales, pero también a la Conselleria de Medio Ambiente y al Consorcio Provincial de Bomberos los efectivos que vigilaron ríos y barrancos en la provincia de València (o deberían haberlo hecho, porque en el caso de la conselleria no se movilizaron o en el de los bomberos se retiraron) durante la jornada del 29-O.

La identificación de los agentes medioambientales desplegados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), fue denegada inicialmente por la magistrada, pero la Audiencia de València revocó esta decisión, tras el recurso presentado por el abogado Francisco Regalado, que representa a varias familias como acusación particular. Una petición a la que se dio trámite y que la CHJ respondió en un oficio recibido el 12 de diciembre de 2025, en el que se identifica a los agentes de dicho organismo que estuvieron desplegados, ejerciendo sus funciones, el día 29 de octubre de 2024.

Aunque la CHJ incluyó los agentes medioambientales de toda la demarcación de la CHJ que abarca una superficie de 42.756 km² ya que cubre parte de cinco comunidades autónomas y ocho provincias, lo que supuso el despliegue de 50 agentes medioambientales el 29 de octubre de 2024, en el territorio que abarca el organismo de cuenca. Aunque el fiscal de la causa de la dana, Cristobal Melgarejo, pidió a la magistrada que requiriera a la CHJ la identidad de los agentes medioambientales o guardas fluviales que realizaron su trabajo en "ríos y barrancos relacionados con los hechos investigados" en la causa de la dana, a efectos de ser citados como testigos.

Aunque en la misma providencia, la magistrada reclamó al Consorcio Provincial de Bomberos que identificara a "los bomberos forestales que, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el día 29 de octubre de 2024, fueron a realizar funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro en el área del puente de Carlet, (bomberos forestales de la Unidad de Alzira), y del Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent-Picanya- Paiporta, (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol), a efectos de ser citados como testigos". Al respecto sigue la incógnita, como ha contado Levante-EMV, sobre quién decidió retirar a los bomberos forestales de la vigilancia del barranco del poyo durante la tarde de la dana.

De igual manera, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra también solicitó a la Conselleria de Medio Ambiente para que remitiera un informe sobre los agentes medioambientales dependientes de dicha conselleria que el día 29 de octubre de 2024 ejercieron sus funciones ordinarias en la provincia de Valencia, con su identificación personal y ubicación de trabajo de cada uno de ellos, y el horario en el que desplegaron dichas funciones ordinarias". Como informó Levante-EMV, la Conselleria de Medio Ambiente ofreció de 64 a 80 agentes ambientales para vigilar barrancos en la zona dana que los responsables de Emergencias ignoraron.

Por último, la magistrada también requirió a la Conselleria de Agricultura para que informara "si existía algún representante de dicha conselleria, presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), de forma presencial o telemática, el día 29 de octubre de 2024, para informar sobre la presa de Buseo". Se trata de la única presa sobre la que tenía competencia la Generalitat Valenciana.

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