València deriva a los migrantes a Extranjería ante el colapso del padrón por la regularización

El amanecer frente al Ayuntamiento de València se ha convertido en una estampa de la incertidumbre burocrática. Desde las cinco de la mañana, la calle Periodista Azzati es el escenario de una fila que dobla la esquina, compuesta mayoritariamente por personas extranjeras que aguardan con carpetas llenas de documentos. El anuncio de la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes por parte del Gobierno de España ha disparado una demanda que el sistema municipal no es capaz de digerir.

Ante la avalancha de consultas, el consistorio ha optado por desmarcarse. A través de un comunicado en sus canales oficiales, el Ayuntamiento ha sido tajante: "Ante las numerosas personas que preguntan sobre la regularización extraordinaria: las Oficinas de Padrón no poseen información al respecto". La consigna interna en los mostradores de atención ciudadana es clara: derivar sistemáticamente a los solicitantes a la Oficina de Extranjería, situada en la Plaza del Temple. Sin embargo, esta maniobra administrativa no ha logrado disuadir a quienes esperan en la acera, pues saben que, sin el sello del padrón, el camino en Extranjería termina antes de empezar.

El padrón, llave ineludible de la regularización

El problema de esta situación reside en los requisitos del proceso de regularización. Para que un migrante pueda acogerse a esta medida extraordinaria, debe demostrar que reside en España de manera continuada desde antes del 31 de diciembre de 2025. Concretamente, se exige acreditar una estancia mínima de cinco meses en el momento de la solicitud.

Aunque el Ministerio del Interior admite otras pruebas —como citas médicas o recibos de transporte—, el certificado de empadronamiento es el documento de mayor peso jurídico y el que garantiza una tramitación sin sobresaltos. Por ello, aunque el Ayuntamiento derive a Extranjería alegando falta de información sobre el proceso estatal, los migrantes regresan inevitablemente a la ventanilla municipal: necesitan el padrón para poder existir legalmente ante el Estado. Esta desconexión entre administraciones ha creado un "limbo" donde el ciudadano se convierte en un mensajero entre dos ventanillas que no se comunican.

La alcaldesa de València, María José Català, ha criticado de hecho que "el gobierno no nos ha hecho llegar nada de información sobre esa cuestión lo cual es complicado porque muchos migrantes acuden y el ayuntamiento no es capaz de darle información". Català ha añadido que "antes de hacer un anuncio, Pedro Sánchez tiene que hacer una transmisión de información correcta y no debe volcarnos a los ayuntamientos esta responsabilidad de atender sin informaicón".

Un colapso que viene de lejos

La saturación de las oficinas municipales no es un fenómeno nuevo, pero la urgencia del proceso migratorio ha terminado por reventar las costuras del servicio. Ya en agosto pasado, el Padrón de València arrastraba un retraso de más de 4.800 expedientes pendientes de resolución en la sede electrónica. Los ciudadanos denuncian que el canal digital es "poco operativo" debido a la rigidez del sistema y la cantidad de subsanaciones que se exigen, lo que obliga a miles de personas a buscar la atención presencial.

Actualmente, el consistorio reparte cada día un cupo limitado de citas, una cifra ínfima frente a las cientos de personas que se agolpan en Azzati. A esta presión se suma la política de vivienda de la alcaldesa María José Catalá, que recientemente elevó a siete los años de empadronamiento necesarios para acceder a programas de alquiler asequible. Esta medida ha convertido al padrón en un activo de supervivencia, no solo para regularizarse, sino para optar a un techo.

El peligro del mercado negro de citas

La desesperación generada por el embudo administrativo ha tenido una consecuencia previsible: el florecimiento de redes delictivas. La Policía Nacional desarticuló recientemente en la ciudad una trama que cobraba hasta 750 euros por realizar empadronamientos fraudulentos en domicilios donde los solicitantes nunca residían.

Estas mafias aprovechaban el bloqueo de las citas legales para vender registros falsos y contratos de alquiler simulados, obteniendo beneficios que superaron los 26.000 euros. Las asociaciones de apoyo al migrante advierten que, mientras el Ayuntamiento no agilice los trámites y las administraciones sigan "pasándose la pelota" de una ventanilla a otra, los colectivos más vulnerables seguirán siendo pasto de estafas para obtener un derecho que debería ser gratuito y accesible.

La construcción y la reconstrucción pos-DANA

Mientras la burocracia se detiene, la economía real de la Comunitat Valenciana aguarda con ansiedad los resultados de la regularización. Sectores estratégicos como la construcción, la hostelería y la agricultura sufren una carestía de mano de obra que amenaza su crecimiento. En el sector agrario, la autonomía cuenta con más de 26.000 afiliados extranjeros, siendo un pilar fundamental para las campañas de recogida. Los empresarios, de hecho, aplaudieron abiertamente esta medida.

Especialmente crítica es la situación en la construcción. Con 108.000 trabajadores actuales, la patronal calcula que todavía faltan 70.000 obreros para cubrir la demanda. Este déficit se ha visto agravado por los ingentes trabajos de reconstrucción tras la DANA de octubre de 2024, que devastó infraestructuras e inmuebles en toda la provincia. El dato es demoledor: el 90% de los nuevos trabajadores del sector nació en el extranjero.

Para estos sectores, la regularización no es una cuestión ideológica, sino una necesidad de supervivencia económica. Sin embargo, para que un trabajador pueda subirse al andamio de una obra de reconstrucción en l’Horta Sud, primero debe superar la batalla de la calle Azzati. Mientras el Ayuntamiento de València insista en que no tiene información y derive a Extranjería, y Extranjería siga exigiendo un padrón que no llega, el proceso de regularización de 500.000 personas seguirá encallado en las aceras de la capital del Turia.

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