Compromís enarbola su recetario en vivienda frente al escándalo de Alicante y el bloqueo en el Congreso

Aplicar la limitación de precios del alquiler, impulsar contratos de duración indefinida, que todos los pisos de la Sareb pasen a alquiler público, prohibir que los fondos buitres y grandes especuladores compren viviendas para hacer negocio, recuperar el derecho de tanteo y retracto, prohibir los apartamentos turísticos en zonas tensionadas, que estos paguen más impuestos o habilitar un fondo para la rehabilitación de viviendas rurales. Son algunas de las medidas que forman parte del recetario que Compromís ha exhibido este miércoles, propuestas que pese a que la formación no pierde "la esperanza" en que se puedan aplicar ahora, tienen más la vista puesta en el escenario que se abra tras el paso por las urnas.

La vivienda lleva tiempo anclada en las primeras posiciones de la tabla de problemas de la ciudadanía. Los datos abruman, tanto en los sondeos que muestran las preocupaciones sociales como los que sobrevuelan el mercado inmobiliario. Sin embargo, la presentación de la campaña de Compromís llega en un momento determinante: días después de que se haya destapado el escándalo de las VPP en el Ayuntamiento de Alicante que afecta a cargos del PP y en un momento de bloqueo en el Congreso donde Junts (junto a PP y Vox) evita apoyar una parte importante de las medidas que tienen que ver con la materia.

Es en ese contexto en el que Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís-Sumar en el Congreso, y MJ Calabuig, responsable de vivienda del partido en las Corts, han presentado la campaña 'La vivenda no és un negoci, la vivenda és un dret' con un diseño para ello, una página web propia, reparto de folletos y, sobre todo, propuestas para "darle una vuelta de 180 grados" a la situación, en palabras de Calabuig y que apuntan tanto a la Generalitat, es decir, al PPCV y Juanfran Pérez Llorca, como al Gobierno central, fijando la mirada en el PSOE al que le han criticado la falta de "valentía". "No es una cuestión de mercado, es de voluntad política", ha agregado.

Datos, han señalado, no faltan para evidenciar el problema: en enero la Comunitat Valenciana fue donde más subió el alquiler, la ciudad de València es donde mayor brecha hay en la renta entre inquilinos y caseros, el 70 % de las viviendas compradas en la Comunitat Valenciana el año pasado fueron a tocateja, el 40 % de las compras fue por parte de quien tenía más de 8 viviendas, un tercio de las viviendas compradas en Alicante fueron de población no residente, una cifra que cuadruplica la media estatal, y es además la provincia que es la segunda con mayor pisos turísticos de España.

"Apelamos al conjunto de las instituciones", ha incidido Ibáñez quien se ha referido directamente al Consell para que aplique la ley de Vivienda estatal y tope los precios del alquiler en los municipios donde lo permite la normativa y al Gobierno de España al que le ha reclamado no ir "prórroga a prórroga" en la protección de los contratos de alquiler para lo que han presentado una Proposición de ley que renueve los que caducan próximamente. No es la única. También han vuelto a plantear una ley para prohibir la compra de viviendas de fondos buitres que ya fue tumbada por PP, Vox y Junts.

Objetivo 2030: 9,2 %

El motivo para recuperarla es que Trump ha apoyado una medida similar para EEUU lo que podría cambiar las posiciones de PP y Vox, o al menos en eso confía Compromís. Ese debate deberá llegar igual que el de la rebaja fiscal a los caseros que mantengan el precio que propone el ala socialista del Gobierno. Los valencianistas han advertido que no apoyarán la medida al considerarla de "regalo fiscal", lo que podría evitar que saliera y de momento esta medida no se ha incluido en el decreto-ley del escudo social, que tiene medidas antidesahucios y que también está en el aire por el 'no' de Junts.

Es esa mayoría de bloqueo en la Cámara Baja así como la que existe de PP y Vox en las Corts la que lleva a Compromís a mirar más a 2027 y que las medidas señaladas suenen más a programa electoral (incluso se fijan como objetivo llegar a 9,2 % de parque de vivienda pública en 2030) que a acciones que se vayan a implementar ahora. No obstante, Ibáñez ha asegurado que no pierden la "esperanza" y que no quieren "perder ni un día" para que se puedan aplicar estas medidas. "Son reclamaciones trabajadas y ya hechas", ha añadido Calabuig recordando que algunas de estas propuestas ya han sido debatidas (y negadas) en el parlamento valenciano. Falta ver si el contexto hace que se replanteen o estas sirven de acicate electoral.

Suscríbete para seguir leyendo