UGT denuncia que los docentes valencianos pierden parte de su sueldo a partir del tercer mes de baja médica

Para los miles de docentes valencianos adscritos a Muface, caer enfermo durante más de tres meses supone un "castigo salarial". Al alcanzar el día 91 de una Incapacidad Temporal (IT), el sueldo sufre una reducción, una situación que el sindicato UGT califica de "maltrato institucional" y que pone de relieve una desigualdad territorial creciente respecto a otras comunidades autónomas.

El problema radica en la gestión de las licencias por enfermedad. Durante los primeros 90 días de baja, la administración autonómica se hace cargo de la totalidad de las retribuciones del docente. Sin embargo, a partir del cuarto mes, el funcionario deja de percibir su salario de la nómina ordinaria y pasa a cobrar un subsidio directamente de MUFACE. En este traspaso, desaparece el complemento que garantiza el 100% de los conceptos retributivos, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo que puede oscilar entre los 300 y los 600 euros mensuales, dependiendo del cuerpo y la antigüedad.

Desde el sindicato explican que, aunque el marco estatal de MUFACE es común, las comunidades autónomas tienen la competencia de suscribir acuerdos para complementar ese subsidio hasta alcanzar la totalidad del salario. "Es una cuestión de voluntad política y de prioridades presupuestarias", señalan desde el sindicato.

Agravio comparativo entre autonomías

La denuncia de UGT no solo se centra en la pérdida económica, sino en el agravio que supone respecto a otros territorios. Comunidades como Cataluña, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha ya han suscrito acuerdos para garantizar que sus docentes perciban el salario íntegro durante toda la duración de la baja médica, asumiendo la administración regional la diferencia económica.

Desde el sindicato subrayan que la Comunitat Valenciana se sitúa a la cola en protección social docente. "Es inadmisible que una enfermedad o un accidente acaben convirtiéndose en un recorte salarial", denuncian fuentes sindicales, que exigen que la Conselleria de Educación asuma la diferencia del subsidio. Esta situación afecta especialmente a docentes con enfermedades crónicas o procesos oncológicos, quienes ven cómo su vulnerabilidad física se ve agravada por una reducción de ingresos en el momento en que más gastos médicos pueden afrontar.

Un acuerdo congelado desde 2007

El conflicto por las bajas de MUFACE es solo una parte de una parálisis negociadora más amplia. El profesorado de la escuela pública valenciana trabaja bajo el marco de un Acuerdo Sociolaboral y Retributivo que data del año 2007. Son ya 19 años sin una actualización profunda de las condiciones laborales del colectivo.

Las demandas que UGT ha vuelto a poner sobre la mesa incluyen no solo el blindaje del 100% del sueldo, sino también la actualización de complementos como las tutorías, el bilingüismo y los sexenios. El colectivo reclama una equiparación retributiva real con el resto del Estado, argumentando que el coste de la vida en la Comunitat Valenciana ha crecido de forma exponencial mientras los complementos autonómicos permanecen anclados en fórmulas de hace dos décadas.

El escenario de las movilizaciones

La paciencia del sector parece haber llegado a un punto de inflexión. Tras observar cómo la Administración ha resuelto recientemente las demandas de otros cuerpos, como la inspección educativa o el profesorado de religión, el sentimiento de agravio entre los docentes de la escuela pública ha aumentado.

La Conselleria de Educación, por su parte, mantiene una posición de cautela, aludiendo a la necesidad de estudiar el impacto presupuestario de cualquier nueva medida retributiva en un contexto de infrafinanciación autonómica. No obstante, para los representantes de los trabajadores, este argumento pierde fuerza tras casi dos décadas sin renovar el acuerdo marco.

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