Anticorrupción asume la investigación de las adjudicaciones de las viviendas protegidas de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. Los dos fiscales delegados en la provincia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de latienen sobre la mesa las cuatro denuncias que, hasta el momento, se han presentado en la Fiscalía por las presuntas irregularidades: el Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda, el PSOE y Sumar.

A todas estas denuncias se suma ahora una quinta, la presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias que se ha presentado directamente en los juzgados de Alicante este tarde por presuntos delitos contra la Administración Pública. Esta última denuncia podría provocar que todas las que ya se encuentran en la Fiscalía se tengan que remitir al juzgado, en el caso en que el juez decida abrir diligencias. En ese supuesto, los mismis fiscales anticorrupción seguirian llevando la acusación pública.

La denuncia del Ayuntamiento de Alicante detalla que desde el Servicio de Gestión Patrimonial se alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario directa o indirectamente de una vivienda protegida en el complejo construido. Así consta en un informe de Patrimonio, el área que puso sobre aviso al ejecutivo de Barcala tras estudiar el listado de beneficiarios de las 140 casas de La Condomina, entre las que se encontraba la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, dos hijos y un sobrino de la ya ex directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, la funcionaria María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto de Urbanismo.

Desde la Conselleria de Vivienda, la denuncia va dirigida por las presuntas irregularidades cometidas por uno de sus técnicos, encargado de visar los contratos de compra y que validó que su esposa cumplía las condiciones de renta para acceder a uno de esos pisos. La denuncia estaba pendiente de ser ampliada tras detectarse más expedientes en los que falta documentación clave sobre los cónyuges de los solicitantes, quienes alegan estar en separación de bienes.

La denuncia de los socialistas aprecia indicios de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley. Concretamente, la denuncia de los socialistas se dirige contra la ya exedil de Urbanismo; la exdirectora general de Organización Interna; el arquitecto municipal Francisco Nieto Torres; el administrador único de la gestora de la promoción, Francisco Ordiñana Gilbert; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino.

Denuncias de la oposición

La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, aseguró tras presentar la denuncia que "el gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal. En este sentido recordo que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad.

Por su parte, desde Sumar se presentó otra denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para poner en conocimiento hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública. La formación reclamaba que se practicaran diligencias para esclarecer si el procedimiento respetó los requisitos legales y los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad.

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