Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante

Los hijos de la exdirectora general del Ayuntamiento de Alicante que dimitió tras hacerse público que sus dos vástagos y un sobrino habían resultado agraciados con otras tantas adjudicaciones de pisos protegidos en el residencial Les Naus no podrán alquilarlos, al menos, como es debido.

Los dos hijos de María Pérez-Hickman, que ha vuelto a la jefatura del servicio de Contratación, donde estaba antes de ser aupada por el alcalde Luis Barcala a la dirección general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de fondos, tienen dos viviendas contiguas en una octava planta de uno de los bloques del residencial. Dos pisos que, según parece, no piensan ocupar de momento.

Al tratarse de una promoción protegida destinada a primera vivienda y, por lo tanto, sometida a una normativa, ambos habían solicitado autorización para alquilarlas alegando «cambio de residencia». Un permiso que inicialmente les fue concedido, pero que ahora la Conselleria de Vivienda ha revocado tras examinar sus expedientes y comprobar que los hermanos no han aportado la documentación que se le exigía para acreditar ese cambio de ciudad que les permitiera arrendar sus casas de acuerdo a las normas.

Una de las viviendas tiene una superficie útil de 89,97 m2 y la otra 79,90 m2 contando ambas con un garaje de 12,29 m2 y un trastero de 10,45 m2 útiles.

Los pisos fueron escriturados con unos quince días de diferencia (el 16 de octubre uno y el 3 de noviembre el otro) y el importe oscila entre los alrededor de 200.000 uno y los cerca de 230.000 el más grande.

La consellera de Vivienda, Susana Camarero, explicó ayer que la ley establece que los propietarios de viviendas de protección pública pueden alquilar sus propiedades solo en situaciones excepcionales, como tener un contrato de trabajo en el extranjero o tener que cuidar a una persona dependiente.

Derecho de retracto de la Generalitat

Camarero ha detallado que la Generalitat ha recibido una solicitud de venta y tres peticiones de alquiler de viviendas, dos de ellas las de los Pérez-Hickman, y ha anunciado la intención de la Generalitat de aplicar el derecho de retracto o adquisición preferente.

Una iniciativa que se produce después de que INFORMACIÓN desvelara que adjudicatarios de estas viviendas protegidas estaban anunciando su venta en portales inmobiliarios a precios de mercado, duplicando el valor inicial y tasado y exigiendo pagar en negro cantidades cercanas a los 200.000 eurospara eludir los controles de la Generalitat sobre las viviendas protegidas.

La consellera aclaró que para que un propietario pueda vender una VPP (Vivienda de Protección Pública) debe pedir autorización a la conselleria. «Si un propietario solicita vender su vivienda, primero debe contar con nuestra autorización, y en segundo lugar, como administración, tenemos la opción de ejercer el derecho de retracto», indicó.

Además, resaltó que cualquier venta debe realizarse bajo los requisitos establecidos, garantizando que la vivienda se venda al mismo precio que se pagó en su momento y que el comprador cumpla con las condiciones para acceder a una VPP. La consellera enfatizó que no se ha recibido ninguna otra solicitud de venta, y subrayó que «la Generalitat no puede estar pendiente de los portales inmobiliarios».