La crisis por las viviendas protegidas de Alicante pone a prueba la alianza entre PP y Vox en las Corts

Vox ha sido un socio dócil del PP pese a lo convulsa que ha sido legislatura en la Comunitat Valenciana hasta el momento. Después de cerrar un pacto de gobierno por la vía rápida que alumbró varias leyes compartidas y tras completar un primer año de idilio con Carlos Mazón, los voxistas salieron del Consell por orden de Santiago Abascal en verano de 2024. Pero ni aquel divorcio ni la cuestionada gestión de la dana y sus 230 muertos han roto esa alianza azul y verde, que de hecho se renovó recientemente al avalar Vox una sucesión tranquila y sin pasar por las urnas al PP, a través de la investidura de Juanfran Pérez Llorca.

Sin embargo, esa relación que ha resistido prácticamente sin fisuras a la tragedia del 29-O y a los cambios de versión de Mazón sobre su comida en El Ventorro puede empezar a agrietarse por un asunto municipal pero que está expandiéndose rápidamente al ámbito autonómico. El escándalo de las adjudicaciones de viviendas públicas protegidas a altos cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante, que ya salpica al Consell, puede abrir la primera brecha seria entre populares y voxistas, de quien Llorca, sin mayoría en las Corts, depende para sacar adelante cualquier iniciativa ante los puentes rotos con la izquierda.

Está por ver si terminará mordiendo pero Vox, cuanto menos, ya ha enseñado los dientes, algo muy poco habitual en esta legislatura. Este jueves, tras la comparecencia de Luis Barcala, alcalde de Alicante, para tratar de explicar el polémico proceso de adjudicación de viviendas, los de Abascal salieron a pedir su dimisión por unos hechos que consideran de "gravedad extrema" y anunciaron también el registro en las Corts de una petición para impulsar una comisión de investigación parlamentaria, como antes ya habían hecho tanto PSPV como Compromís.

Con el paso adelante de Vox, se garantiza esa mayoría para que la comisión de investigación salga adelante, haga lo que haga el PP. De hecho, y aunque no hay fecha para el pleno en el que deberá votarse, los populares confirman ya a Levante-EMV que votarán a favor de su puesta en marcha. Fuentes del PP argumentan ese respaldo en que "complementa la labor de investigación que está haciendo la propia Conselleria de Vivienda" y "con la misma transparencia que se ha apoyado y dado impulso a otras comisiones de investigación". Además, otros dirigentes del partido niegan que suponga un cambio de paso y enmarcan la petición "dentro de la normalidad".

Una clave relevante para saber si el movimiento de Vox se queda en el plano retórico o tiene carga de profundidad será el reparto de la Mesa de la comisión y el posterior diseño del plan de trabajo. Por ahora, los voxistas aplican su habitual hermetismo y no aclaran si buscarán el entendimiento con el PP o con la izquierda: "Ya se verá. Nosotros queremos que salga. Quién la vote es problema de ellos", señalaba fuentes de la formación voxista en las Corts.

Dudas en la izquierda

En la izquierda había cierta división de opiniones. Una diputada de Compromís, ubicada en el sector pesimista, recordaba el antecedente de la comisión de la dana, propuesta por Vox y apoyada por el PP (y la propia coalición valencianista) pero que, un año después, apenas ha avanzado y ni siquiera ha citado a las asociaciones de víctimas. Así, esta dirigente cree que se trata de un "paripé" con el que Vox trata de trasladar contundencia de cara a la galería pero sin intención real de indagar en el asunto.

Otra diputada, en este caso del PSPV, sí que cree que el movimiento voxista puede suponer un cambio en su relación con el PP. En pleno ciclo electoral autonómico que además incluye una dura pugna entre ambas formaciones del espectro de la derecha y con Vox aún buscando su techo, defiende que "es de cajón" que los de Abascal comiencen a "apretarle las tuercas" al PPCV de Pérez Llorca "para exprimirlos más".

Sería una novedad. Hasta la fecha y pese a todos los sobresaltos y el enfrentamiento nacional, las relaciones entre PP y Vox en la C. Valenciana se han demostrado a prueba de balas. Nunca en estos dos años y medio ha forzado una derrota parlamentaria de su socio. Incluso en los momentos de máxima debilidad de Mazón, Vox le dio oxígeno político al aprobarle los presupuestos de 2025. Eso sí, a cambio de importantes concesiones en algunos de los grandes temas de la agenda ultra, como inmigración o medio ambiente.

Vox sólo ha puesto en apuros al PP en contadas ocasiones, como al obligarle a tramitar sus dos decretos de simplificación administrativa como proyectos de ley o con la petición de citar al conseller Miguel Barrachina por su papel en la gestión de la presa de Buseo durante la dana. La gran prueba de fuego serán los presupuestos de 2026, que por ahora Vox ha metido en el congelador y que el propio Pérez Llorca ha reconocido que tendrá difícil aprobar con los voxistas dada la contienda electoral nacional.

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