Asesores y "grasa política": al PP le sube el colesterol

Octubre de 2023. Carlos Mazón y su flamante “Consell de los mejores”, tras apenas unos meses en el poder, anuncian a bombo y platillo un drástico recorte del número de asesores respecto a los de la izquierda, que se suma a un adelgazamiento de la estructura de la Generalitat, tanto de conselleries como de altos cargos, acometido poco antes. La entonces portavoz del gobierno valenciano, Ruth Merino, presumía de esa “reducción de la grasa política” y del ahorro de dinero público que iba a generar: “Por supuesto que se puede trabajar con la mitad de asesores y con la misma eficiencia. Nos parecía excesivo el número que había antes”. El Botànic, subrayaban, era el Consell “más caro de la historia”.

El de Mazón, en busca de marcar distancias, arrancó con 61 asesores, cuando la izquierda dejó esa cifra en 116, casi el doble. El compromiso se plasmó por escrito posteriormente, dejando la autolimitación en 72 trabajadores eventuales. Sumando el descenso de asesores al de altos cargos (consellers, secretarios autonómicos y directores generales), las estimaciones del gobierno valenciano apuntaban a un ahorro de unos 5 millones al año, un 0,016 % del presupuesto autonómico en 2024.

La propia Merino admitía entonces que se trataba de un “gesto político” sin demasiadas repercusiones en las maltrechas finanzas de la Generalitat. El impacto presupuestario fue ínfimo pero, sin embargo, la medida sí podía afectar al funcionamiento interno del Consell (se prescindió de unas 85 personas sumando eventuales y altos cargos), tal como admitían en privado algunos de los propios asesores. Así, se planteó el debate de si la iniciativa, además de limitar la institución con esa reducción de recursos humanos , alimentaba los discursos de antipolítica que critican tanto la dimensión de las administraciones como la retribución de sus dirigentes.

Sea como fuere, el experimento no ha durado demasiado. Tampoco le duró antes a la izquierda, que rebajó de 99 a 74 los asesores en 2015 tras reconquistar el Palau pero finalmente eliminó esos topes y acabó en los citados 116 eventuales. Mazón no levantó el límite pese al golpe de la dana y toda la gestión que trajo consigo la emergencia y postemergencia, pero sí lo ha hecho su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, al poco de asumir el cargo. Llorca también ha ampliado la estructura de la Generalitat que redujo Mazón.

“¿Y por qué era necesario crearlo?”, replicó el 'president' esta pasada semana, preguntado por las razones de su enmienda a Mazón, destacando también que de momento, pese a retirar ese techo, la cifra no ha aumentado. A eso parece acogerse también Vox, aliado ahora de Llorca y que estaba dentro del Consell cuando Mazón limitó los asesores. Su síndic, José María Llanos, ha recordado estos días que a su partido le gusta la “austeridad” y está “en contra del gasto innecesario”, pero ha vuelto a mostrarse dócil con el PP y ha evitado criticar la medida, señalando que por ahora no se ha aumentado el número de asesores. En ese sentido, cabe recordar que el Consell del PP, con 72 eventuales, está lejos aún del máximo autoimpuesto. Esta semana, precisamente, Llorca ha alcanzado esa cifra simbólica, con el fichaje de María Teresa Estevan Mieres, para el Palau.

El discurso mantenido por el PP de Mazón (ahora enmendado) choca con la realidad de los números. Según el último informe de fiscalización de la Generalitat de la Sindicatura de Comptes, en el último año completo del Botànic, 2022, el gasto de personal en altos cargos fue de 8,9 millones. En 2024, primer año completo del PP, creció hasta los 14,7, casi seis millones más. Unas cifras que contrastan con las aireadas por el gobierno de Mazón en su día, cuando habló de un recorte de 30 altos cargos para ahorrar 1,75 millones de euros al año por esa vía (más los 3,3 millones por el lado de los asesores). Ahí, en los eventuales, el informe del síndic sí que destaca una caída del gasto de 5,8 a 4,6 millones en dos años.

Ayuntamiento: 63

Mientras el Palau devuelve el techo de eventuales al lugar en que lo dejó el Botànic, otras instituciones controladas por el PP se encuentran en máximos históricos de asesores políticos, para beneficio de todos los partidos con representación, aunque principalmente quien ostenta el gobierno.

El Ayuntamiento de València que preside María José Catalá aprobó 63 plazas de eventuales tras las últimas elecciones. Es el resultado de aplicar el 0,7 % de la plantilla, el máximo legal, más seis adicionales. Aquello supuso elevar el límite, que ha ido creciendo, desde los 51 y 54 que se aprobaron en los dos legislaturas anteriores. Las actuales son cifras superan a los años de Rita Barberá. Los salarios oscilan entre los 65.873 de asesor raso y los 77.214 del jefe de gabinete de alcaldía.

Diputación, un 50 % más en 10 años

Lo mismo puede decirse de la Diputación de Valencia. El equipo de Vicent Mompó, en acuerdo con el resto de grupos, ha llevado el número al máximo histórico. Hoy son también 63 eventuales, con todas las plazas ocupadas, y un salario entre los 46.000 del asesor raso hasta los casi 66.000 del coordinador.

El número, 63 plazas, no es casual. Se ajusta al máximo del ayuntamiento más poblado, en este caso Valencia. A principio de la legislatura eran 58, pero hace unos meses elevaron el tope, “tras un año de gestión y una vez analizadas por los grupos políticos las necesidades de la corporación provincial en cuanto al ejercicio de funciones de confianza y asesoramiento especial, se considera que debe incrementarse su número a 63, igual que el Ayuntamiento de Valencia”.

El aumento en los últimos años es relevante. En época de Rus, en 2007, por ejemplo, se aprobó un asesor por diputado (31) más un coordinador por grupo. En la última década, el número de eventuales se disparó un 50 %. En julio 2015, el pleno organizativo de la nueva legislatura, la del cambio político con Jorge Rodríguez como presidente con el PSPV tras las legislaturas del PP, aprobó 41 plazas. En ese momento, había más margen. El límite estaba en 45. Cuatro años después, en la segunda legislatura progresista, se amplió el número de plazas a 48.

Por último, en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), también controlada por el PP de manera mayoritaria, hay un importante aparato político. Además de los puestos de secretario general (65.000 euros), vicesecretario (casi 56.000) o jefe de gabinete (47.637), se reparten una veintena de eventuales: 11 el PP, frente a los ocho del PSPV y los dos que tiene Compromís.

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