El sindicato SFF-CGT alertó a Puente en septiembre de 2025 que "la guerra de precios en la alta velocidad pone en riesgo la calidad y seguridad del servicio"

El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT) alertó al ministro de Transportes Óscar Puente en septiembre de 2025 que "la guerra de precios en la alta velocidad pone en riesgo la calidad y seguridad del servicio y la viabilidad económica de las empresas". Una misiva en la que el sindicato ferroviario analizaba la situación que afronta el sector ferroviario en España. Y en la que Noelia Martín Sanguino, secretaria general de la SFF-CGT también solicitaba "formalmente la convocatoria de una reunión con el ministerio, en la que podamos debatir y establecer soluciones que garanticen el futuro de un ferrocarril público, social, seguro y de calidad, y las condiciones laborales de las personas que prestan servicio en el sector". Se trataba, según explicaba la secretaria general en la misiva, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, analizar la situación del ferrocarril, los efectos de la liberalización, las amenazas para las obligaciones de servicio público y las condiciones laborales de las plantillas.

Carta enviada el 26 de septiembre de 2025

Algunas de estas advertencias, realizadas el 26 de septiembre de 2025, casi cuatro meses antes del accidente de Adamuz, el segundo de la alta velocidad española (el primero fue el de Angrois en Santiago de 2013) en el que fallecieron 46 personas, casi que resultaron premonitorias. El SFF-CGT aseguraba en su misiva que "el proceso de liberalización ferroviaria" que ha permitido la entrada de operadores privados en las líneas de alta velocidad en la península ibérica "lejos de consolidar un modelo estable y eficiente, ha derivado en una dinámica de competencia descontrolada que amenaza la sostenibilidad del sistema. La denominada 'guerra de precios' está poniendo en riesgo no solo la viabilidad económica de las empresas, sino también la calidad y la seguridad del servicio".

Tira y alfoja sobre los cánones, que se destinan al mantenimiento de la infraestructura

Ante este panorama, "tanto los operadores como la propia Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC) han reclamado de forma reiterada una rebaja de dichos cánones (que los operadores pagan a Adif como gestor de la infraestructura ferroviaria) como vía para compensar las pérdidas derivadas de esta competencia feroz" entre las tres empresas operadoras de trenes (Renfe, Iryo y Ouigo). "El resultado de estas políticas es una paradoja, las pérdidas de los operadores privados quieren que sean compensadas con una reducción de los ingresos [de Adif] que se destinan al mantenimiento de la infraestructura. La conclusión es que la liberalización nos ha llevado, en definitiva, de un esquema que convierte un derecho ciudadano a un negocio inviable y frágil, cargando los riesgos sobre la plantilla y mermando el erario público".

Además de la liberalización, el sindicato ferroviario SFF-CGT considera que también amenazan las condiciones del ferrocarril "la externalización y subcontratación de servicios esenciales en el sector ferroviario que está generando un deterioro evidente en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía". Una queja que no es patrimonio de la alta velocidad, ya que también se denuncia por los sindicatos tanto en Cercanías y el ferrocarril convencional como en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). "Resulta inaceptable que recursos públicos destinados a garantizar un servicio ferroviario de calidad terminen en manos de contratistas y multinacionales que priorizan la maximización de beneficios sobre la seguridad y el interés general". Un modelo que para el SFF-CGT, "lejos de fortalecer al ferrocarril como servicio a la ciudadanía, lo somete a una lógica de precariedad estructural que compromete su fiabilidad y su función social".

"La infraestructura ferroviaria española atraviesa un momento crítico"

La misiva de la SFF-CGT también advertía, en septiembre de 2025, que "la infraestructura ferroviaria española atraviesa un momento crítico. A pesar de que en los últimos años Adif ha recibido miles de millones de euros en fondos públicos —más que ningún otro organismo del sector—, y que estos recursos se han orientado mayoritariamente a la alta velocidad, la falta de mantenimiento preventivo, unida a la obsolescencia de los sistemas de señalización, telecomunicaciones e informática, está provocando fallos críticos que impactan directamente en la seguridad y en la regularidad del servicio. La exposición creciente a fenómenos climáticos extremos o a actos de vandalismo agrava esta vulnerabilidad, generando desconfianza entre los usuarios y usuarias y debilitando la imagen del ferrocarril como un medio seguro y eficiente".

Un 25,4% de incidencias más en 2024

De ahí que el sindicato concluya que "las políticas de liberalización, externalización masiva de tareas y abandono del mantenimiento están comprometiendo de manera alarmante la seguridad ferroviaria". Una conclusión a la que llegan a partir de los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). "En el año 2024 se registraron más de 12.000 incidencias en la red ferroviaria, lo que supone un incremento del 25,4% respecto a ejercicios anteriores. A ello se suma un deterioro de la puntualidad en Cercanías y Media Distancia, con consecuencias directas para miles de usuarios y usuarias que dependen de estos servicios a diario. Según los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), durante ese mismo año se contabilizaron 81 accidentes, 20 descarrilamientos y 21 incidentes en pasos a nivel. Estas cifras, lejos de ser asumibles, configuran un panorama que no puede ser considerado normal ni tolerable en un sistema de transporte que debe ser sinónimo de seguridad y confianza", señalaban desde la SFF-CGT.

Potenciar la inversión pública en el ferrocarril

También añadían que "a nivel estructural, la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril ha sido un fracaso". El SFF-CGT apuesta por "una inversión pública decidida para incrementar el reducido 4% de mercancías que actualmente se transportan por ferrocarril. Se debe invertir en modernizar la infraestructura, conectar puertos y terminales ferroviarias de cargas, modernizar el material rodante, implementar tecnologías que optimicen la eficiencia y la sostenibilidad, con el medio ambiente. Privatizar el Sector, no representa una solución real al problema".

La amenaza de la liberalización de las obligaciones del servicio público

Sin olvidar el reto que habrá que afrontar, recuerdan desde la SFF-CGT, con "la liberalización de las obligaciones de servicio público (OSP), "que representan la esencia del ferrocarril como servicio social y constituyen la garantía de que el tren llegue a todos los territorios, de que ninguna comarca quede aislada y de que el derecho a la movilidad no dependa de criterios de rentabilidad empresarial. La aplicación de una lógica de mercado a las OSP conducirá inevitablemente, viendo la lógica de la liberalización de la alta velocidad, al recorte de servicios, al abandono de líneas con menor demanda y al deterioro de la calidad".

Supresión de la línea València-Cuenca-Madrid

De hecho, es lo que le ha sucedido a la veterana línea ferroviaria València-Cuenca-Madrid. La desidia inversora durante décadas, con el trazado ferroviario abandonado a su suerte, la competencia con la línea de alta velocidad València-Madrid inaugurada en 2010 y la borrasca Filomena de 2021 dieron la estocada mortal definitiva al «Borreguero», como se le conoce cariñosamente al tren regional que hacía las funciones de Cercanías para las poblaciones más occidentales de la comarca de Requena-Utiel y de Cuenca como Las Cuevas y Camporrobles, que no han dejado de reclamar la recuperación del servicio desde hace cuatro años.

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