La lista de espera de dependencia: 258 valencianos fallecen cada mes sin recibir ayuda

La lista de espera de la Dependencia es el talón de Aquiles del sistema, ya que la conforman personas que necesitan una ayuda que, sin embargo, no llega. En esa lista de espera se encuentra todo aquel que ha presentado una solicitud (independientemente del estado del expediente), según los datos del Observatorio de la Dependencia, que publica de forma periódica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos del Imserso, que es el dato oficial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda. En el último informe del Observatorio, en la Comunitat Valenciana hay 28.847 personas en lista de espera (a fecha del 31 de diciembre de 2025), lo que posiciona a la valenciana como la tercera autonomía con más personas pendientes de recibir la ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Sin embargo, en la Comunitat Valenciana ese tiempo casi se duplica, ya que el informe registra un tiempo medio de espera de 300 días lo que obliga a las personas dependientes y a sus familias a esperar mínimo 10 meses desde que se solicita la prestación hasta que se resuelve el expediente. Y ahí llega el peor dato: Cada mes, más de 258 valencianos fallecen esperando la ayuda. "Casi dos de cada tres personas fallecieron en estas cuatro comunidades: Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunitat Valenciana (3.103) y Canarias (2.202)", apunta el informe.

El sistema de la dependencia avanza a medio gas, ya que a pesar de que cada vez el sistema atiende a más personas el ritmo es "claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones". Y llegan los retrasos que, tras 18 años de implementación de la ley, el Observatorio enmarca en dos motivos: los recortes y el diseño de una ayuda con demasiado entramado burocrático. Así, las listas de espera se generan por "los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones" y por el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones", apunta el informe.

En ras de reducir las listas de espera, el Gobierno diseñó un Plan de Choque para la dependencia que, sin embargo, "no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025".

Procedimientos largos y complejos

"La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho. La 'lista de espera' se inicia en el momento en que una persona solicita una valoración de grado de dependencia, momento en el que se desencadena un conjunto de procedimientos complejos que comprenden cuando menos: una revisión de documentación e informes; la valoración de cada persona en su entorno por equipos técnicos aplicando un baremo; la emisión de propuesta de resolución; una resolución administrativa del grado de dependencia; un trámite de audiencia con la persona interesada para elaborar el Proyecto Individual de Atención (PIA) en función de sus necesidades y preferencias; los cálculos económicos de renta y patrimonio para determinar copagos o descuentos en las prestaciones; la resolución del PIA y, finalmente, una entrega de servicios que en no pocas ocasiones, al ser prestados por otras administraciones (administraciones locales) conllevan nuevas resoluciones administrativas que ralentizan los procedimientos", explican desde el Observatorio, tras añadir que más del 70% de las personas que se encuentran en lista de espera están en cinco comunidades: Cataluña (83.951 personas), Andalucía (44.284 personas), Comunitat Valenciana (27.639 personas), Canarias (24.744) y Murcia (16.502).

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