Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba en Paiporta y le niegan los papeles por no estar empadronada

"Cuando me llamó la familia para advertirme de que tapara bien la puerta, el agua ya estaba entrando. A los pocos minutos la teníamos hasta la rodilla y le dije a la mujer que yo la subiría, que no la iba a dejar allí. Subimos al primer piso con mucha agua y mucha dificultad. Tuve muchísimo miedo. Los tres días siguientes busqué comida, movía a la mujer a pulso con mucho esfuerzo y la cuidé hasta que llegó su familia. Les ayudé a recoger las cosas de la anciana y entonces me dijeron que me fuera, que la señora se iba a una residencia. Me echaron de allí y me tuve que ir andando hasta Bétera, donde tenía a un conocido porque no tenía adónde ir ni con quien quedarme". Mercedes Gámez relata de esta forma la tragedia que la ha marcado de por vida y la forma en la que la trató la familia para la que trabajaba como interna, sin contrato y sin descanso, 7 días a la semana, 24 horas, de lunes a domingo, por 1.600 euros para encargarse de una anciana de 95 años. Es más, si necesitaba ausentarse del trabajo debía buscar sustituta (previo visto bueno de la familia) y pagarle con su salario.

La mujer llegó de Honduras hace 3 años con el único objetivo de trabajar. "Allí trabajo no te va a faltar", le dijeron. Y así ha sido. Otra cosa es que la falta de regularización administrativa la haya condenado a trabajos precarios, sin contrato y sin derechos. Primero trabajó recogiendo broza en el campo a 5 euros la hora. Luego, de interna para la familia donde vivió la dana en primera persona, y ahora para otra familia, también cuidando a una persona mayor, pero de 8 a 15 horas. El primer trabajo fue en Albuixech. Los otros dos, en Paiporta. Tood el dinero que reúne lo envía a su país, donde tiene 3 hijos, una de ellas enferma y en silla de ruedas por un tumor que le detectaron cuando Mercedes llevaba apenas un año en España. "Vivo en una habitación, en Moncada, por 250 euros. Envío el máximo de dinero a mis hijos porque lo necesitan. Allí no hay trabajo y hay mucha violencia e inseguridad. Necesito regularizar mi situación y visitar a mi hija, es mi máxima prioridad", afirma.

Más de 14.000 personas se quedan fuera

Como persona afectada por la dana y en situación administrativa irregular, Mercedes centró todas sus esperanzas en la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno para quienes sufrieron la tragedia. Sin embargo, la obligación de presentar el certificado de empadronamiento la ha dejado fuera de una medida que mejoraría su vida. De hecho, 25.000 personas sí consiguieron papeles y más 14.000 se quedaron sin ellos. Una de ellas ha sido Mercedes. Y eso que la mujer aportó otros documentos para acreditar que sí vivía en Paiporta. "Presenté un carné de biblioteca porque era analfabeta y quise aprender a leer y a escribir. Es de la biblioteca de Paiporta y data del 2023, pero no lo consideraron documento válido. Igual que una carta manuscrita de la nieta de la anciana donde daba fe de que yo vivía en la casa cuidando a su abuela. Yo le había solicitado a la familia que quería empadronarme en la casa porque vivía allí, pero no me hacían caso. Y al final me he quedado fuera", explica la mujer, que ha presentado recurso.

Desde València Acull defienden que en el proceso de regularización extraordinaria que ha anunciado el Gobierno "no se incluya la exigencia del padrón y que existan otros medios alternativos de prueba de residencia porque ya hemos visto los problemas que ha habido con el proceso extraordinario tras la dana y no deben repartirse los mismos errores. Hay muchas maneras de acreditar la residencia y reducirlo al certificado del padrón solo implica dejar a gente fuera".

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