420 colegios e IES valencianos firman un comunicado pidiendo mejoras salariales y laborales

La comunidad educativa valenciana ha dado un golpe de autoridad este martes. Los equipos directivos de 420 centros públicos de las tres provincias han suscrito un manifiesto unitario para denunciar lo que consideran un "estrangulamiento" de la escuela pública.

El documento, que ya reposa en los despachos de la Conselleria de Educación, pone nombre y apellidos a las carencias del sistema: falta de personal especializado para la inclusión, una carga burocrática inasumible y, especialmente, una brecha salarial que sitúa a los docentes valencianos a la cola de España.

Este frente común surge en un momento delicado para la nueva titular de la cartera, Carmen Ortí, quien asumió el cargo el pasado mes de diciembre con la promesa de una "mano tendida" al sector. Sin embargo, para las direcciones de los colegios e institutos, las palabras ya no bastan. "Este documento se fundamenta en la experiencia profesional de quienes gestionamos los centros día a día", reza el texto, que advierte de que la calidad educativa está en riesgo si no se acometen reformas.

Recursos insuficientes para la inclusión

Uno de los puntos más críticos del manifiesto es el referido a la atención a la diversidad. Los directores denuncian que la actual orden de plantillas no se está cumpliendo de forma efectiva durante este curso escolar. Según el documento, la dotación de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y personal de orientación es "insuficiente para atender las necesidades reales".

"Reclamamos un modelo que no dependa de medidas coyunturales", subrayan los firmantes. La crítica apunta directamente a la falta de estabilidad de las plantillas, que impide dar continuidad a los proyectos de inclusión. Además, el manifiesto exige el cumplimiento estricto de las ratios en las aulas UECO (Unidades Especializadas en Centros Ordinarios) y en los centros de educación especial, alertando de que el aumento de la complejidad en las aulas no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional de los recursos humanos.

Una brecha salarial de dos décadas

El apartado económico es, sin duda, el que más presión ejerce sobre el gabinete de Carmen Ortí. Los sindicatos del sector, apoyados ahora por este manifiesto de directivos, recuerdan que las retribuciones de los docentes valencianos llevan casi 20 años sin una actualización real de sus complementos específicos. La Comunitat afronta 2026 con el reto de evitar que sus profesores se conviertan en los peor pagados del país.

El manifiesto es claro: se exige la actualización de los complementos por formación (sexenios) y el reconocimiento de la carrera profesional, conceptos que han permanecido congelados o por debajo de la media nacional durante legislaturas. A esto se suma la histórica reivindicación del pago del 100% de las pagas extra, que todavía arrastra recortes de la etapa de la crisis financiera.

El "muro" de la burocracia y las infraestructuras

Más allá del sueldo, el día a día de las direcciones se ha convertido, según el texto, en una carrera de obstáculos administrativos. Los equipos directivos denuncian que el exceso de burocracia "desvirtúa la función pedagógica" de los centros. Piden una simplificación urgente de los procedimientos y un aumento de la autonomía de gestión que permita dar respuesta a las necesidades de las familias sin quedar atrapados en la tramitación de expedientes.

En cuanto a las infraestructuras, el manifiesto reclama un impulso definitivo al Plan Edificant y una inversión real en el mantenimiento de los centros, muchos de los cuales carecen de sistemas de climatización adecuados para las olas de calor que cada vez afectan más al calendario escolar. "No podemos hablar de innovación pedagógica cuando tenemos centros con goteras o instalaciones eléctricas obsoletas", denuncian.

Pulso a la Conselleria de Carmen Ortí

La respuesta de la administración, hasta ahora, ha sido la de convocar calendarios de negociación. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se comprometió recientemente a incluir las reivindicaciones en las mesas sectoriales de aquí a julio. No obstante, el malestar es patente. La subida salarial del 2,5% prevista para febrero de 2026 por parte del Gobierno es vista por el sector como una actualización necesaria por la inflación, pero insuficiente para cerrar la brecha histórica.

La figura de Carmen Ortí, inspectora de educación de carrera y con un perfil técnico-político, se enfrenta a su primera gran crisis de gestión. Los 420 centros firmantes representan una parte sustancial de la red pública y su mensaje es unánime: la educación pública valenciana necesita recursos estables y una mejora de las condiciones laborales que garantice la estabilidad de las plantillas.

El conflicto no es solo laboral, sino de modelo. El manifiesto concluye con una petición de "democratización" de la educación y un blindaje de la escuela pública frente a los recortes. Con el calendario de protestas ya en marcha y la amenaza de huelgas en el horizonte si las negociaciones de primavera no dan frutos concretos, la pelota está ahora en el tejado de la Generalitat. La firma de estos 420 centros es el último aviso antes de que el conflicto educativo pase de las salas de reuniones a la calle.

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