El Consell defiende el sueldo público y los derechos vitalicios de los expresidents para su "dignidad y "decoro"

La Generalitat rechaza rebajar el trato a los expresidents contemplado en la ley actual (aprobada en 2002) porque tanto el sueldo público (de 75.000 euros durante hasta 15 años) como el derecho a disponer de una oficina (con despacho, dos asesores, vehículo, chófer) son recursos "necesarios" para que los exjefes del Consell puedan "atender las necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas". Con todo, pese a oponerse a modificar "aspectos esenciales", el Consell se abre a "incorporar alguna precisión o limitación en la regulación".

Así consta en el acuerdo del gobierno valenciano sellado este pasado lunes, con el que el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca justifica su criterio contrario a la modificación de esta norma que ha propuesto Compromís por segunda vez en las Corts, y que este miércoles ha sido registrada en el parlamento valenciano. La posición del Consell, sumada a la de un Vox que se pone de perfil pese a haber pedido retirar esta oficina en Extremadura, anticipa una nueva derrota de los valencianistas cuando su iniciativa llegue al pleno.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ya anunció la decisión tras el pleno del lunes, pero ahora el Consell desarrolla sus argumentos en el documento depositado en las Corts, firmado por el vicepresidente segundo y secretario del Consell José Díez. En él, el gobierno de Llorca defiende que la ley que regula el estatuto de los expresident, pese a aprobarse hace casi 25 años y en un contexto político y social muy diferente, salió adelante con una "mayoría ampliamente cualificada, superior al 90 % de los votos emitidos". Un respaldo que "demuestra el elevado grado de consenso" logrado en este sentido y que dan por vigente.

Por ello, el Consell expresa su oposición a eliminar la posibilidad de que los expresidents se conviertan en miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), lo que les brinda un salario de 75.000 euros durante un máximo de 15 años. Si no completan una legislatura, como es el caso de Carlos Mazón, tienen derecho a percibir ese sueldo durante el mismo tiempo en el que hayan estado en el cargo, siempre que hayan alcanzado los dos años como jefe del Consell. Defiende además que "la experiencia de los expresidentes supone un activo para el correcto ejercicio de las funciones" del CJC.

Cataluña, más

En cuanto al resto de prebendas (la oficina con despacho, dos asesores, vehículo oficial y chófer), que sí son vitalicias independientemente del tiempo que ejerzan, el Consell apunta que los expresidents de la Generalitat "no tienen derecho a percibir ninguna pensión vitalicia, como sí está previsto en las leyes de otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña".

Y defiende que la norma ofrece los "recursos necesarios" para que los expresidents "mantengan una oficina institucional de representación para atender las necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas". Además, explica que "la provisión de medios personales y materiales de apoyo se adecúa a un esquema equivalente" recogido en la normativa estatal.

En este sentido, el Consell vuelve a recurrir a las comparaciones con otros territorios o incluso con el Gobierno de España. "Se trata de una regulación análoga a la que existe para el Gobierno de España y para los expresidentes de numerosas comunidades autónomas", señala el documento.

Con todo, y pese a reafirmar ese rechazo a cambios en "aspectos esenciales" de la norma, el Consell de Llorca se abre a "incorporar alguna precisión o limitación" en la normativa si "pudiera ser oportuno" en algún momento.

Compromís insistirá

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado "absolutamente lamentable" la postura del Consell de Llorca por "oponerse a acabar con los privilegios de expresidents como Mazón", cuya gestión de la dana fue el detonante para que la coalición promoviera estas modificaciones, y ha anunciado que seguirán peleando por este objetivo.

"En su momento ni el PP, ni el PSOE, ni Vox votaron nuestra propuesta para acabar con esta injusticia. En Compromís no nos preocupa ser los únicos que defendemos acabar con estos privilegios, porque sabemos que tenemos a nuestro lado a una amplísima mayoría de valencianos y valencianas. Y más pronto que tarde, acabaremos con estos privilegios", ha vaticinado.

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