La "factura" del modelo Alzira: liquidaciones pendientes, 5.000 sanitarios subrogados y deficiencias en los centros

Casi dos años ha tardado el Ministerio de Sanidad en llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, con la que el Ejecutivo pretende blindar la sanidad pública y cerrar la puerta al modelo Alzira, creado en la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, exportado a otras autonomías hasta la polémica surgida en el hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud. Según adelantó el lunes la cadena Ser, el texto permitirá la privatización con "carácter excepcional" y solo se permitirá con tres condicionantes: que no sea posible prestarlo desde lo público, que se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia, y que se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. En su anuncio, Mónica García aseguró que la normativa facilitaría las reversiones que tantos quebraderos de cabeza dieron al Botànic.

Los tres condicionantes para la privatización de la gestión de la sanidad chocarían de frente con el funcionamiento de las concesiones administrativas en la autonomía valenciana desde 1999. Sanidad podía gestionar el servicio, pero prefirió privatizarla a empresas afines alegando un ahorro de costes; el primer presidente de Ribera Salud fue Alberto de Rosa, hermano del exconseller. Y nada más comenzar probó su falta de eficiencia al quebrar y ser rescatada por la Generalitat, que inventó una fórmula alternativa ampliando la gestión a todo el departamento. Si por último se analiza la calidad del servicio, también queda en entredicho; Alzira tenía dos teléfonos, uno para los propios pacientes y otro para los externos, los más rentables y por los que cobraba un plus.

De más a menos

El modelo Alzira ha ido desapareciendo en la Comunitat Valenciana, tras las reversiones emprendidas por el Botànic. Solo persiste en el Vinalopó, gestionado por Ribera Salud, cuya prórroga aprobó el actual Consell hasta 2030 y que no se ha replanteado pese a las polémicas publicadas por eldiario.es, como la reutilización de hasta 10 veces de material sanitario de un solo uso. El conseller Marciano Gómez sigue defendiendo que "si es necesario para satisfacer a los pacientes, no dudará en usar la colaboración público-privada", como repitió el martes en Xàtiva; y son muchos quienes le atribuyen la afirmación de haber llegado tarde por poco tiempo para frenar las reversiones de Dénia y Manises en 2024.

30 años después de la apertura del hospital de la Ribera, la sanidad pública mantiene las deficiencias heredadas -presupuestarias, de infraestructuras y personal- que son los frentes abiertos del modelo Alzira. ¿Cuál es esta factura?

La factura pendiente

Las reversiones han puesto el fin a la gestión privada, pero el proceso está pendiente aún del cobro de las liquidaciones, un dinero que las concesionarias debían devolver a la Administración por diferencias entre lo pagado y el coste real del servicio. A día de hoy, Sanidad admite que tiene pendientes aún las de los tres últimos ejercicios -entre 2023 y 2025- de Dénia, Manises y el Vinalopó, aunque no ofrece la cifra total por ingresar al ser operaciones que "llevan un proceso", esgrimen. En diciembre, Sanitas abonó a Conselleria 246 millones aún pendientes. Según Compromís, Ribera Salud debe aún 75 millones de euros a la sanidad pública y acusan al Consell de perdonarles más de 50 millones de euros en deficiencias estructurales.

Estas son otras de los grandes frentes abiertos. El hospital de Alzira nació ya pequeño, como sigue denunciando la Plataforma per la Sanitat Pública tres décadas después, lo que genera múltiples problemas de saturación. En planta, el centro tiene una cama por cada 726 personas, el doble que por ejemplo La Fe con 308. Además, muchas de las concesiones nacieron con el compromiso de invertir en infraestructuras que no se han cumplido en todos los casos; los nacionalistas defienden que Ribera Salud tiene pendientes de invertir 1,5 millones en el departamento de Elx-Vinalopó y, pese a ello, Sanidad renovó la concesión. Por no hablar de las deficiencias que legaron en las reversiones: maquinaria obsoleta, material en mal estado o UCIs inundables como en Dénia.

El personal: una solución "compleja"

El último problema a resolver son los 5.000 sanitarios subrogados provenientes de las concesiones que no tienen las mismas condiciones laborales que la del resto del personal de Sanidad -además, cada departamento revertido tiene convenios diferentes- y su consolidación. El Consell deslizó en un decreto de la dana la posibilidad de convertir a estos trabajadores en personal estatutario -con plaza fija y definitiva-, pero parece más difícil de lo pensado inicialmente.

En una reunión celebrada la pasada semana, Sanidad trasladó a los cuatro comités que "existe la voluntad política", pero que el "proceso presenta importantes dificultades jurídicas y técnicas que siguen sin resolverse". Desde CCOO, lamentan que no haya una fórmula cerrada ni un calendario concreto para finalizar este proceso y rechazan la integración del proceso en la integración de los consorcios "al tratarse de procedimientos de naturaleza distinta porque este personal ya es empleado público".

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