El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo llega a uno de cada seis valencianos que lo necesitan
El ministerio destaca que el IMV llega a 273.140 personas, mientras la Encuesta de Condiciones de Vida cifra en 1,6 millones la población valenciana en riesgo de pobreza

Imagen de recurso del autobús informativo del IMV en València. / Miguel Angel Montesinos / LEV

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó el pasado mes de enero a 90.073 hogares valencianos en los que viven 273.140 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, casi la mitad de beneficiarios (en concreto, 111.583) son niños, niñas y adolescentes. La cuantía media de la prestación es de 578,35 euros al mes por hogar.
Los datos revelan que el número de hogares protegidos ha aumentado un 21,28 % en la Comunitat Valenciana. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado 48.163 personas más desde enero de 2025. El aumento en el número de ayudas (se han sumado 15.807 en 13 meses) supone que cada mes se han incorporado al sistema 1.215 prestaciones, lo que implica 40 al día.
Desde el Ministerio aplauden los datos que, sin embargo, se cruzan con los de la Encuesta de Condiciones de Vida que publicó hace dos días el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que cifra en un 30,7 % la población valenciana en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional y que empeora un 0,8 % respecto a 2024. Que uno de cada tres valencianos estén en riesgo de pobreza implica a 1,6 millones de personas y significa que solo el 6% de las personas que lo necesitan acceden al Ingreso Mínimo Vital, lo que significa que solo uno de cada seis valencianos que necesitan la ayuda la consiguen.
Las personas más vulnerables no solicitan la ayuda porque no pueden hacerlo. La obligación de un trámite telemático, que incluye certificado de firma digital y un sin fin de papeles para acreditar el estado civil, la unidad familiar, el padrón o el cobro de alguna prestación, impide a quien menos tiene pedir la ayuda a la que tiene derecho. Por ello, la gran mayoría de personas que han presentado la solicitud lo han hecho con asistencia de otra persona.
El perfil de las personas que acceden al IMV en la Comunitat Valenciana tiene rostro de mujer, ya que el número de mujeres titulares de la ayuda (59.871) duplica al de los hombres (30.202). Respecto a las características de la unidad familiar de quienes reciben la prestación los hogares unipersonales son los más numerosos (20.740), seguido de los formados por dos adultos con dos dos menores (14.193) y de dos adultos con un menor (11.361).
La "flexibilidad" de una ayuda que no permite cambios
"El incremento cercano al 19% (a nivel estatal) en el número de hogares protegidos en el último año refleja que el IMV está llegando cada vez a más familias y reforzando la red de seguridad frente a la vulnerabilidad", afirma la ministra Elma Saiz, que destaca la flexibilidad de la prestación. Sin embargo, que el IMV se conceda y calcule de forma anual, con la renta del año anterior, es uno de los motivos que más critica genera entre los afectados, ya que genera cobros indebidos que asfixian aún más a las familias vulnerables.
Y es que presentar la declaración de la renta es obligado para aquellos que empezaron a cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020. Para adultos y para menores. Así, con independencia de sus ingresos, los beneficiarios de la ayuda deben declararla. La ayuda se concede en función de la renta del año anterior. El mes de enero es el momento en el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisa, reajusta o suprime las cuantías que deben percibir de forma anual los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para ello, debe analizar tres requisitos: los ingresos percibidos el año anterior, el certificado de vulnerabilidad (que emiten los servicios sociales municipales) y el empadronamiento (para comprobar que la unidad familiar sigue siendo la misma que el año anterior, cuando se concedió o mantuvo la ayuda). Así, en enero se reajustan las cuantías y se exige el "importe de pagos indebidos" si los hay. La falta de flexibilidad de la herramienta, que no permite paralizar el pago o modificar las cuantías durante el año es uno de los aspectos más criticados de esta prestación de mínimo que se vuelve un problema para quienes deben devolver determinadas cuantías.
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