Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado

Una magistrada del Palacio de Justicia de Benalúa será finalmente la encargada de investigar la polémica adjudicación de 140 viviendas protegidas del residencial Les Naus, en la zona de La Condomina de Alicante, después de que este martes haya admitido a trámite la denuncia que por estos hechos presentó a finales de la pasada semana el sindicato ultra Manos Limpias, a través de los abogados José María Bueno, Yulia Ivastinova y María del Carmen Caballero.

Una denuncia por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios de apenas tres folios basada en informaciones periodísticas que se han ido publicando sobre este escándalo y dirigida contra diez personas: la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, responsables de la cooperativa y de la promotora de la urbanización y un notario, entre otros.

Cuatro denuncias

Ante la suposición de que se hayan podido cometer los hechos delictivos a los que alude el escrito, la magistrada Amparo Rubio ha iniciado un procedimiento de investigación sobre un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción, donde tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Vivienda y dos formaciones políticas (PSOE y Sumar) lo habían denunciado antes de que el sindicato lo hiciera en el juzgado.

En ese caso, la ley obliga a la Fiscalía a remitir a la autoridad judicial todo lo actuado y, de hecho, la magistrada ya se lo ha reclamado una vez abiertas este martes las diligencias en las que los representantes del Ministerio Fiscal serán los dos fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, quienes estaban llevando este asunto hasta ahora.

La primera formación en poner los hechos en conocimiento de la Justicia fue Sumar, que apenas unos días después de que INFORMACIÓN desvelara el escándalo de las adjudicaciones de Les Naus interpuso una denuncia online ante Anticorrupción por hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.

La formación reclamaba que se practicaran diligencias para esclarecer si el procedimiento respetó los requisitos legales y los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad.

Cinco delitos

El PSOE lo hizo también ante Anticorrupción, pero en Alicante, y en su denuncia detalló que en el proceso de estos pisos apreciaban indicios de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley dirigiendo la denuncia contra la ya exedil de Urbanismo; la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal Francisco Nieto; el administrador único de la gestora de la promoción, Francisco Ordiñana; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino.

La denuncia del Ayuntamiento de Alicante detalla que desde el Servicio de Gestión Patrimonial se alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario directa o indirectamente de una vivienda protegida en el residencial Les Naus focalizando las sospechas en el arquitecto municipal que trabajó en el procedimiento y que además es propietario de un piso en el residencial.

Ampliación

Y desde la Conselleria de Vivienda la denuncia se dirige contra las presuntas irregularidades cometidas por uno de sus técnicos, encargado de visar los contratos de compra quien, según el escrito presentado en la Fiscalía, validó datos falsos de la renta de la unidad familiar para que su mujer, también arquitecta municipal, pudiera ser adjudicataria de una de las casas.

La denuncia está pendiente de ser ampliada tras revisar la conselleria que dirige Susana Camarero más expedientes en los que falta documentación clave sobre los cónyuges de los solicitantes, quienes alegan estar en separación de bienes para no sumar sus ingresos, la casuística que más se repite entre los adjudicatarios bajo sospecha.

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