La reestructuración del área de Cultura desemboca en una guerra sindical en la diputación

La propuesta de la Diputación de Valencia para reestructurar el área de Cultura de la institución, con 170 empleados, ha provocado un cisma laboral. Al malestar que reconocen muchos empleados del área que se ven reubicados, se suma también el enfrentamiento abierto entre los sindicatos y la responsable de Recursos Humanos, la vicepresidenta Reme Mazzolari.

Dos de estos sindicatos, CC OO e Intersindical STAS, rompieron el lunes relaciones con el equipo de gobierno. Los representantes de ambas centrales se levantaron de la reunión de la mesa de negociación a las que se había convocados para abordar esta reestructuración, una semana después del primer encuentro.

En un comunicado interno remitido por CC OO a los trabajadores, informan que han acordado “abandonar de manera inmediata y con carácter indefinido, todos los foros de participación, diálogo y negociación colectiva por estar desnaturalizados y violentados en sus fundamentos por la diputación”. Además, van a pedir un procedimiento de medición con la propia responsable de Personal de la Diputación.

Además de anunciar estas decisiones, desde este sindicato se denunciaron la desaparición de medidas de igualdad, incumplimiento de pactos y acuerdos o el cese de interinos. También cargan contra las “formas autoritarias” de Mazzolari, además de “represalias contra representantes sindicales”.

Escrito a Mompó

En paralelo a esto, Intersindical se ha dirigido directamente a Vicent Mompó, presidente de la institución y como “jefe superior de todo el personal”, para informarle de que “ha decidido abandonar, de manera inmediata y con carácter indefinido, todos los foros de participación, diálogo y negociación colectiva, por entender que han sido desnaturalizados hasta sus fundamentos por decisión unilateral de la Diputación”.

STAS habla de retroceso en los derechos colectivos del personal al servicio de la diputación, modificaciones de la RPT carentes de motivación objetiva y suficiente, modificaciones reglamentarias unilaterales o “falsedad documental en las actas” de la mesa general de negociación. También procederá a instar la apertura de un procedimiento de mediación.

Este aumento de la tensión llega después de unos días de gran revuelo en la casa. La propuesta del equipo de gobierno (que suprime la jefatura de servicio, reorganiza el departamento, reduce el número de plazas y cambia el objeto social del MuVIM para acoger el patrimonio propio provincial), así como la manera en que se ha llevado a cabo las negociaciones ha propiciado un cruce de acusaciones.

Reuniones y desacuerdos

La diputación explica que desde el 12 de enero la diputada se ha reunido con los responsables del área, con personal directamente afectado y también con los representantes sindicales. Ha habido dos reuniones en la última semana de la mesa de negociación, a la que no se han llevado propuestas para votación, sino que se han previsto como mesas de trabajo para analizar los cambios, señalan desde el equipo de gobierno.

En paralelo, la posición de la cúpula funcionarial del departamento y los directores de los museos ha despertado suspicacias. Se han mostrado críticos con los cambios, pero algunos sindicatos piensan que los han dejado solos en la defensa de los trabajadores. Los directores, cabe recordar, han pedido reunirse con el presidente de la diputación, Vicent Mompó, para mostrar su desacuerdo con esta modificación de la RPT. Defienden que no se oponen a que se reestructure el servicio, potestad del equipo de gobierno, pero que esta propuesta “no ha sido acordada adecuadamente con los centros gestores”.

De momento, la negociación en torno a esta modificiación de la plantilla continúa. No está claro si irá al pleno de la diputación de febrero, tal como estaba previsto en un primer momento, debido a los plazos, pero desde el PP señalan que no se va a renunciar a ella. Posiblemente en la próxima reunión de la Mesa de negociación ya se vote la propuesta.

El equipo de gobierno también traslada su malestar por el hecho de que el expediente administrativo de la propuesta, con datos de las firmas digitales e informes de responsables funcionariales, acabara filtrada a la prensa. La diputación lo ha elevado a la Agencia de Protección de Datos.

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