El sector del taxi denuncia una 'invasión' de 600 VTC ilegales en la Comunitat Valenciana con licencias de otras autonomías

El vicepresidente y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, acudió este martes a la asamblea de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, celebrada en Alicante. Anunció al sector que el Consell está acabando de cocinar un decreto que pretende "proteger y asegurar la viabilidad del taxi como servicio público esencial". Una norma que, aseguró, viene a "acabar con una ambigüedad que ha generado inseguridad durante demasiado tiempo”.

Menos de 24 horas después, las asociaciones mayoritarias de taxistas, la citada y Unión de Asociaciones Autotaxis de la Comunitat Valenciana, anunciaron la convocatoria de una jornada de paro el próximo 25 de febrero, que incluye una concentración ante el Palau de la Generalitat. Los convocantes agradecen al conseller su buena voluntad ("buena intención", dicen) pero advierten que su supervivencia (7.000 familias viven de estos empleos directos) "pende de un hilo" y temen que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó la ratio 1/30 acabe por "liberalizar totalmente" la implantación de VTC.

Los 15 minutos, estacionar y buscar clientes

Los taxistas no tienen "ni idea del contenido del decreto anunciado", pero consideran que las circunstancias no invitan a esperar de brazos cruzados, viene a explicar a este diario el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino. Las circunstancias reales del mercado no ayudan a la supervivencia del taxi en el ecosistema del servicio público de transporte de pasajeros. Desde esta entidad que agrupa a autónomos denuncian que en torno al 30% de las VTC que actualmente prestan servicio en ciudades y municipios valencianos operan ilegalmente porque circulan con licencias de otras comunidades autónomas. Y esto es ilegal. En números absolutos serían unos 600 vehículos de empresas como Uber o Cabify, de los que unos 250 se radican en la ciudad de València.

¿Cómo lo saben los taxistas? Entre otras razones, porque han realizado una labor de control, con fotografías incluidas, de coches que se contratan con apps de VTC. La matrícula y el número de registro delatan el lugar de procedencia. Legalmente, un coche VTC puede prestar el servicio entre comunidades distintas (si bien hay un cupo máximo tasado) pero ha de regresar de vacío. Esta sería la infracción madre, pero en esa radiografía han detectado otro tipo de infracciones, según explica Del Molino. Entre otras, el incumplimiento del mínimo de 15 minutos entre la contratación del servicio y su prestación, la prohibición de estacionar en la vía pública a la espera de un cliente o deambular en busca de pasajeros. Esto es, actuar exactamente como un taxi.

Uno de los problemas con los que tropieza el taxi es la ineficacia de los servicios de inspección por esa especie de vacío legal o limbo generado por la sentencia. La labor inspectora es una competencia autonómica. El propio Martínez Mus destacó durante su intervención en la asamblea de los taxistas que la Generalitat "ha reforzado durante esta legislatura las inspecciones a las VTC”, en colaboración con otras instancias y con la policía.

Actualización de tarifas

La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) establece en el artículo 140.39 penalizaciones para el caso en el que un coche de VTC "inicie un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en que está domiciliada la autorización". Se fijan multas de entre 1.001 y 2.000 euros para las primera infracción que cometa una VTC. En el caso de ser reincidente, la cuantía oscila entre los 2.001 y los 6.000 euros. El vehículo puede inmovilizarse hasta el pago de la multa cuando se contraviene la norma en los supuestos previstos en punto primero de ese artículo ("inicio del servicio fuera del territorio"), en el punto segundo ("no comunicar el servicio por vía telemática") y en el punto tercero ("captación sin precontratación").

La buena noticia para el sector del taxi es la subida de tarifas aprobada por el Consell a finales de 2025 y que, según el conseller, ayuda a "garantizar la viabilidad de un servicio público esencial". Se contemplan incrementos medios superiores al 9%, con subidas en la bajada de bandera, el precio por kilómetro, la hora de servicio y los mínimos diurnos y nocturnos. Martínez Mus subraya que por primera vez desde 2014 las tarifas del taxi crecen por encima del IPC. El viaje mínimo se sitúa casi en los 5 euros. Se ha impulsado una orden que recupera los suplementos para "jornadas de alta demanda". Por ejemplo en los noches de las fechas centrales de las fiestas de Fallas (del 15 al 19 de marzo) y en los servicios con origen o destino en el aeropuerto, la terminal de pasajeros de Trasmediterránea-Grimaldi o la de cruceros. Se trata de suplementos que oscilan entre los 3 y los 5,4 euros.

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