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Las subidas del 100% del alquiler en València: "Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600"

La Generalitat se niega a limitar los alquileres en las zonas tensionadas tal y como establece la Ley de Vivienda 12/2023 y la PAH exige al Gobierno central que intervenga ante un problema que ya afecta a las clases medias/altas

Imagen de archivo de una manifestación por la vivienda, en València.

Imagen de archivo de una manifestación por la vivienda, en València. / Fernando Bustamante / LEV

Mónica Ros

Mónica Ros

València

Se llama José, tiene 35 años y define a su casero como ese hombre jubilado que tiene su vivienda (en la que habita), una segunda residencia (la casa del pueblo) y un pequeño piso (a modo de inversión). Cuando consiguió su plaza como profesor de instituto, alquiló un piso de 65 metros cuadrado en Benicalap, por 600 euros. Por aquel entonces, en 2021, ya le pareció caro, sobre todo porque "el piso es pequeño, antiguo y está de origen". Ahora, cuando se van a cumplir 5 años de su contrato de alquiler y finaliza el plazo que le impide al casero subirle más de 2% anual que marca la ley, el hombre ya le ha advertido: "a partir de septiembre de 2026, que es cuando vence el contrato, o paga 1.200 euros o se busca otra vivienda". La subida es del 100% y él tiene claro que debe buscarse otro piso.

"¿Cómo voy a pagar 1.200 euros por este mismo piso? Me niego. ¿Cómo voy a aceptar semejante acto de usura? Le he pagado religiosamente, siempre de forma puntual y el día concreto del mes que él me dijo que le venía mejor. Le he llamado dos veces en cinco años: una vez para que se llevase unas cosas del piso y la otra porque se me había estropeado el aire acondicionado. Y encima, cuando me quejo de una subida del 100%, me dice que a mí también me habrán subido el sueldo. Al día siguiente me llamó para decirme si, por favor, podría hacerle fotos del piso. Y ahí comprendí que este señor, el que se supone que es un pobre casero humilde, es un sinvergüenza que quiere aprovecharse de una situación a la que hay que ponerle freno", explica el joven, indignado.

José, sin embargo, sabe que tiene alternativas. Principalmente porque es funcionario, y un salario fijo y público abre puertas bancarias. Además, es ahorrador, algo que no podría hacer "si destino la mitad de mi sueldo al alquiler que me exige este señor". "Pero ahora viene la otra parte, y me encuentro con precios desorbitados para comprarme una vivienda porque la gente pretende vender el piso que ha heredado de la abuela, sin reformar, por 300.000 euros y dar el pelotazo de su vida a mi costa", asegura.

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) aseguran que la crisis de la vivienda afecta ya a las clases medias. Por ello, le exigen al Gobierno Central que establezca unos límites "que permitan a la gente resolver el problema, pagar los alquileres y vivir con unas expectativas esperanzadoras de vida sin amenaza permanente".

"Es lamentable e inconcebible que el Ayuntamiento y la Generalitat se haya negado a poner los límites que establece la Ley de Vivienda 12/2023 en las zonas tensionadas que es, además, una medida positiva pero muy floja porque no cambia de raíz la situación. Hay que poner límites. Podemos discutir qué límites, no hace falta concretarlos ahora -aunque desde luego, un criterio fundamental debe ser que no pueden subir mucho más que los sueldos para que el alquiler una fuente de extracción vampírica de plusvalías; es decir que la mayor parte de nuestro trabajo ahora se lo lleven los propietarios grandes tenedores de vivienda", afirman.

Una regulación "necesaria"

Esta petición se enmarca en la necesaria "regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad para todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales", tal como se establece en el artículo 149 de la Constitución Española. "Si se quiere sobre una horquilla flexible a concretar en cada CCAA adecuado a las diversas situaciones, pero sobre la base que no ponga en peligro el derecho a tener una vivienda para millones de personas. Que nadie vea un intento de recentralización del estado en perjuicio de las competencias autonómicas, sino la necesaria intervención del Gobierno del estado cuando los ayuntamientos o comunidades autónomas puedan vulnerar, por acción o por omisión, derechos básicos", explican.

Y añaden: "Si se permite que el alquiler no tenga topes, que sea especulativo, nos estamos jugando los derechos básicos, las mismas reglas de convivencia democrática"

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