Nuevo frente en À Punt: tres exconsejeros llevan a la Generalitat ante el TSJ por la nulidad de su cese

Tres miembros del anterior Consejo Rector de À Punt, entre ellos el expresidente del organismo Miquel Francés, han demandado a la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que su cese incumplió la legislación europea. Los denunciantes son Francés y los vocales nombrados en representación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, Lola Bañón y Javier Marzal, que tomaron posesión de sus cargos el 13 de abril de 2023 por un periodo de seis años, esto es, hasta 2029 y reclaman tanto ser convocados a los futuros consejos como una compensación como la nulidad de los acuerdos posteriores a su salida del ente y que han supuesto un cambio de modelo de la radiotelevisión pública valenciana.

La demanda, según el texto presentado ante el juzgado al que ha tenido acceso este periódico, expone que la legislación europea no admite el acortamiento de los mandatos de las responsabilidades en los medios de comunicación público, tal y como lo prevén el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, "con el fin de preservar la independencia efectiva de los prestadores del servicio público". "Estamos ante untema extraordinariamente sensible con una regulación específica en el marco de la Unión Europea", apunta la demanda.

Los tres representantes del antiguo Consejo Rector tenían mandato hasta 2029, pero no están siendo convocados a las reuniones del actual consejo de amdinistración. El problema llega con el cambio de ley que impulsaron PP y Vox hace más de año y medio en las Corts. Con esta nueva ley, se creó la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana que sustituía a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Con ello también se creaba un nuevo consejo de administración que hacía las funciones que hasta ahora realizaba el Consell Rector.

En enero se nombraron sus nuevos representantes (7 elegidos en Corts y uno por la Federación de Municipios y Provincias) "sin hacerse la más mínima mención a los tres consejeros con mandato vigente", en referencia a Francés, Bañón y Marzal. No obstante, los tres, según expresan en su demanda ante el TSJ, aseguran que no han sido cesados. "Ninguno de los tres recurrentes ha renunciado a su condición de miembro del Consejo Rector ni sus mandatos han expirado, ni se les ha separado por incapacidad sobrevenida, ni se les ha condenado por delito doloso, ni las Corts ha aprobado su separación", señala la denuncia citando las causas que se pueden dar para su cese. Tampoco hay una resolución en el DOGV que exponga su salida oficial del organismo.

Así, al no concurrir en las causas de cese y no haber comunicación en ese sentido, los consejeros consideran que su mandato "debe continuar hasta el final de su nombramiento oficial". ¿Pero cómo y por qué si se ha disuelto el Consejo Rector del que formaban parte? Es ahí donde se recuerda una situación previa muy similar. Fue el caso de un intento de cese del consejero y presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones al fusionarse con otras entidades para integrarse en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Este consejero tenía su mandato en vigor y la cuestión llegó al Tribunal Supremo que le dio la razón declarando la nulidad de su salida.

"El refuezo de la independencia y la imparcialidad de las Autoridades Nacionales de Reglamentación (...) se vería comprometido si por el mero hecho de una reforma institucional estuviera permitido poner fin de forma anticipada e inmediata al mandato de uno o varios miembros de la instancia colegial", exponía la sentencia. De ahí que la demanda señale que el cese de los consejeros haya sido en un "claro fraude de ley" que se basó en "sencillamente dejar de convocar a las reuniones a su consejo de administración a las personas que torticeramente pretende excluir".

Decisiones sin efecto

A ello se añaden los acuerdos suscritos por parte del Consell el 11 de marzo por el que la nueva corporación "debe mantener los acuerdos que ya tenga establecidos las extintas Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana". En este sentido, los demandantes advierten que se ha "sustituido el instrumento de gestión de los medios de comunicación públicos por otros que llevan a cabo las mismas funciones, que se han subrogado todo el activo, pasivo, personal, derechos y obligaciones del anterior [corporación], excepción hecha de tres consejeros con el sibilino procedimiento de dejar de convocarlos a las reuniones del nuevo ente creado".

Desde que se constituyó el nuevo consejo se han celebrado una decena de reuniones en las que los tres demandantes no pudieron participar porque no fueron convocados por lo que piden que las decisiones que se hayan tomado "deben quedar sin efecto". Estas no son baladí y han supuesto un importante cambio respecto al anterior modelo. Entre ellas destaca la elección del director general del ente, Francisco Aura, la del nuevo director de Informativos o la configuración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo. Esta situación la advirtieron los tres demandantes a Presidencia de la Generalitat en un escrito en mayo de 2025 que no tuvo respuesta.

Suscríbete para seguir leyendo