Los cines Yelmo lamentan "el malentendido operativo" y se ofrecen a atender al alumnado el IES Benicalap

Veinticuatro horas después de que estallara la polémica en los cines Yelmo Campanar de València, la empresa ha roto su silencio. A través de un comunicado, la cadena cinematográfica ha intentado mitigar el impacto reputacional de un incidente que ha movilizado a la comunidad educativa, asociaciones vecinales y fuerzas políticas. La compañía atribuye lo sucedido con el IES Benicalap a un "malentendido operativo" y asegura que las puertas del cine están abiertas para los 100 estudiantes del centro.

La respuesta de Cine Yelmo llega tras la denuncia pública del IES Benicalap, cuyo Consejo Escolar lamentó que un centenar de alumnos se quedaran sin ver la película El Cautivo, de Alejandro Amenábar, debido a que el gerente de las salas supuestamente condicionó la gestión a que la hicieran en castellano, rechazando las comunicaciones enviadas por una docente en valenciano.

La defensa de la operatividad técnica

En su comunicado, Cine Yelmo sostiene que su compromiso con la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana es «firme» y que el incidente no fue una cuestión de desprecio hacia la lengua propia. Según la versión de la empresa, el responsable de las salas de Campanar, al no ser valencianoparlante, solicitó «amablemente» continuar la interlocución en castellano. El objetivo, argumentan, era exclusivamente «garantizar una comunicación fluida y sin errores», velando por que todos los detalles de una visita de cien estudiantes se gestionaran de forma «correcta y eficiente». Mientras la empresa lo define como una «petición operativa», el centro educativo lo percibió como un ultimátum.

El servicio «nunca denegado»

Uno de los puntos más rotundos de la respuesta de Yelmo es el desmentido categórico sobre la prohibición de entrada. La dirección de los cines asegura que el servicio «seguía disponible» y que así se lo hicieron saber a la dirección del centro en comunicaciones posteriores que, según la empresa, no han trascendido a la opinión pública. Afirman incluso que se ofreció atención personal para facilitar la visita matinal, cuyo precio se había pactado en cinco euros por alumno.

Sin embargo, el relato de la empresa choca frontalmente con la documentación aportada por el instituto, donde el gerente llegó a escribir: «Cualquier cosa quedo a tu disposición… Pero en Castellano». Esta discrepancia entre el tono de los correos electrónicos originales y el comunicado oficial de la dirección sugiere un intento de control de daños ante posibles sanciones administrativas. Cabe recordar que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano protegen el derecho de los ciudadanos a no ser discriminados por su elección lingüística.

El marco legal en el ámbito privado

La exhibidora subraya en su nota que cumple «escrupulosamente» con la legalidad vigente y con las leyes de protección de los consumidores. No obstante, el caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones en territorios con lenguas cooficiales. La normativa valenciana establece que las empresas deben garantizar una atención que no suponga una discriminación para el usuario que se expresa en valenciano, especialmente en sectores de fuerte arraigo cultural como el cine.

Entidades como Escola Valenciana y la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia han recordado que la «falta de entendimiento» no es una excusa válida en la era digital. El propio Consejo Escolar del IES Benicalap afeó al gerente que no utilizara herramientas de traducción como el servicio Salt de la Generalitat para solventar la barrera idiomática. La mención de la empresa a que su responsable está «sobradamente preparado» para atender en inglés, pero no en valenciano, ha sido uno de los puntos que más ha irritado a la comunidad educativa, al interpretarse como una jerarquización de lenguas que relega a la autóctona a una posición de inferioridad.

Un precedente en la normalización

Cine Yelmo concluye su comunicado lamentando el «malentendido» y reiterando que sus puertas están abiertas para el IES Benicalap. Lo que para la empresa es una «gestión operativa no ajustada a los hechos», para el centro educativo es una vulneración de los derechos lingüísticos que emanan del Estatuto.

El caso, que ha generado una ola de indignación en redes sociales, podría derivar en una inspección para determinar si, efectivamente, existió una denegación de servicio por motivos de lengua o si, como sostiene la empresa, todo se redujo a una falta de entendimiento entre dos interlocutores que no supieron —o no pudieron— encontrar un punto medio de comunicación. De momento, el centenar de alumnos sigue sin su cita con Cervantes, y el debate sobre la lengua en el mostrador vuelve a la primera línea de la actualidad valenciana.

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