Ni Valencia CF, ni independencia, ni transporte gratis: las 'leyes ciudadanas' encallan en las Corts

Las Corts es la sede de la soberanía del pueblo valenciano, pero al pueblo valenciano le está costando que se debatan sus propuestas. Y eso que la temática que han llevado hasta la ventanilla parlamentaria es variada: desde la defensa del Valencia Club de Fútbol para convertirlo en Bien de Interés Cultural hasta la implantación del transporte gratuito en zonas afectadas por la dana pasando por ideas casi antagónicas de quienes plantean pedir la independencia del 'País Valencià' y quienes reclaman una ley de señas identitarias que penalice esta referencia. Pero ni aún así.

La vía de las Iniciativa Legislativa Popular permite a los representados registrar sus propias propuestas para crear o cambiar leyes para que después las voten sus representantes en el pleno. Sin embargo, esta forma de participación ciudadana ha encallado en los últimos meses a las puertas de las Corts. En muchos casos su naufragio ha llegado en la orilla parlamentaria, cuando se había hecho todo el trámite administrativo y pasado los controles jurídicos y se debía cumplimentar el último requisito indispensable: la presentación de más de 10.000 firmas avalando el proyecto.

Pese a que fue rebajada ostensiblemente desde las 25.000 firmas en el cambio de ley hecho en 2017 por la izquierda, esta exigencia sigue siendo una barrera para varias de las propuestas, tal y como se ha visto en los últimos meses. La última en toparse con este muro ha sido la ILP que pretendía la modificación de la ley de Patrimonio Cultural. El objetivo de esta reforma, impulsada por el grupo Libertad VCF (aunque oficialmente está firmada por tres personas individuales) era habilitar la posibilidad de declarar como BIC a entidades deportivas con la vista puesta en decretar esta figura de protección para el Valencia CF.

Según consta en el DOGV de este viernes, las Corts declaró a final de enero la "caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones correspondientes" de esta ILP. Lo hizo después de que en diciembre se acabara el plazo de ocho meses para presentar las firmas necesarias y de dar otro mes para alegaciones ante el que, sin embargo, la promotora de la propuesta no presentó ninguna. La finalización del proceso por no presentar las 10.000 firmas necesarias contrasta con el anuncio que hizo Libertad VCF en febrero de 2025 de que ya contaba con 8.000 rúbricas.

No es la única propuesta que se ha archivado en los últimos meses ante la imposibilidad de cumplir con las 10.000 firmas requeridas. En octubre de 2025 también se dio por caducada la ILP que reclamaba una ley de transporte gratuito para los afectados de la dana. El motivo, según la Mesa de las Corts, fue el mismo: "la comisión promotora no había completado el proceso de recogida de firmas". Un año antes le ocurrió lo mismo a la ILP sobre "defensa de las señas de identidad valencianas" promovida por personalidades vinculadas al blaverismo. Entre medias, las Corts inadmitió la ley que reclamaba "la independencia del País Valencià" por no cumplir con los requisitos.

Rebaja electoral

Pero lejos de que el fracaso de esas propuestas se erija en una losa moral para quien mira este método de hacerse escuchar en las Corts, ahora mismo hay cinco iniciativas populares en tramitación parlamentaria: cuatro de ellas en fase de recogida de firmas y una en una fase previa, recientemente presentada. Esta última fue registrada esta misma semana, impulsada por las Ampas, y reclama "la climatización sostenible y el confort térmico de los centros educativos públicos". Ahora ha de recibir primero el visto bueno de la cámara y después empezar el proceso de recogida de firmas.

En esa situación están las otras cuatro. Más allá de la importancia social que tienen la de garantizar el acceso a la FP de personas con diversidad, modificar la ley de Salud o impulsar un sistema de autobuses entre el Campus de Burjassot y l'Alcúdia, Benimodo, Carlet y Alginet, la más destacada a nivel político es la propuesta por Unió Municipalista, el partido del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, para rebajar el listón electoral del 5 al 3 %. El límite para que presenten las 10.000 rúbricas se acaba el 3 de marzo y fuentes de Ens Uneix se muestran confiados en cumplir con este requisito. Otra cosa será lo que ocurra en el pleno, donde se tendría que votar. Ahí acabaron sepultadas las ILP predecesoras a principio de legislatura.

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