El fiscal del caso Taula-Imelsa pide una condena "dura y ejemplar, porque la corrupción es un cáncer para la democracia"

El actual fiscal Anticorrupción del caso Taula-Imelsa Fernando Maldonado solicita para los cinco acusados en la pieza del caso Taula-Imelsa "una condena dura y ejemplar, porque la corrupción es un cáncer para la democracia". Una corrupción que, ha asegurado, "la hemos oído, observado y palpado en este juicio y es un cáncer para la democracia, que es fuerte pero también débil, por lo que hay que cuidarla, mimarla y protegerla siempre y en todo lugar". Maldonado ha realizado hoy su informe final en el juicio por la pieza E del caso Taula-Imelsa que juzga el presunto amaño de los contratos en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando estuvo dirigida por la concejala María José Alcón (ya fallecida, por lo que no se la acusa), además del contrato zombi del yonqui del dinero, Marcos Benavent, que presuntamente también ejercía de recaudador de las mordidas que pagaban tres empresarios, también juzgados en esta causa.

La sala Tirant I acoge desde el 26 de enero, justo cuando se cumplían diez años de la macrooperación policial con la que estalló el caso Taula-Imelsa, el juicio de la pieza E del caso Taula-Imelsa que encara ya su recta final y en la que se han sentado en el banquillo de los acusados Marcos Benavent, el político del Partido Popular, Vicente Burgos, primer marido de María José Alcón, y gerente de la Fundació Jaume II el Just, además de tres empresarios que presuntamente pagaron mordidas para que la concejalía de Cultura que dirigía Alcón les adjudicara determinadas obras: Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.

En su informe final, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ha señalado que tanto Marcos Benavent como Vicente Burgos "representan la corrupción" tanto por el contrato zombi del yonqui del dinero como por el pago de presuntas mordidas. "La nómina se la pagaba la fundación pero trabajaba para el PP", ha destacado el fiscal sobre el contrato zombi del yonqui del dinero. "Los empresarios pagaron cantidades para acceder a los contratos. Estaban todos en el ajo", ha señalado sobre el pago de las presuntas mordidas por parte de los empresarios.

Sobre la nueva versión aportada por Marcos Benavent en este juicio, sobre que declaró fumado cuando colaboraba con la UCO de la Guardia Civil y que Vicente Burgos le pidió que vigilara a su entonces mujer Maria José Alcón y que le contara mentiras, el el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado considera que se trata de "declaraciones groseras porque faltan al respeto a su abogado, a la Guardia Civil, al juez y al fiscal. Nadie que se encuentre en unas condiciones no aptas hubiera tenido que declarar ante todas las autoridades. Ha pasado que se ha arrepentido de arrepentirse. Han pasado diez años. No sabemos que ha podido pasar. Pero no nos creemos una sola palabra de lo que ha dicho en este juicio", ha asegurado sobre la nueva actitud de Benavent.

También duda de que su anterior colaboración se justificara en que "disparaba contra el PP. "¿Por qué iba a hacerlo si le han garantizado todo tipo de trabajos y sueldos públicos". El fiscal ha recordado que las confesiones iniciales de Marcos Benavent cuando colaboraba con la justicia "se complementan con los audios" y la investigación realizada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción que demuestran cómo "las autoridades y funcionarios juegan con la res pública. Quienes han sido elegidos por los ciudadanos para defender el interés público, que algunos defienden con interés privado".

"9.000 euros para dos regalitos de navidad y cuatro fiestas"

El fiscal ha recordado durante su alegato las grabaciones que afectan a esta pieza del caso Taula-Imelsa. Como la realizada el 23 de diciembre de 2005, Alcón y Benavent hablan del cobro de comisiones por adjudicaciones de la Mostra de València. «Solo hay un 2%: 9.000 euros (...) Para dos regalitos de navidad y cuatro fiestas», se escucha decir a la edil, ya fallecida, que llega a lamentar el escaso beneficio teniendo en cuenta que es ella la que adjudica el contrato, como titular del área de Cultura.

Ante tales evidencias, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ha modificado su petición de pena y ha elevado de seis años y medio a once años, la petición de cárcel para Marcos Benavent: cinco años por el delito de cohecho, seis por malversación y 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.

El abogado del Ayuntamiento de València, que ejerce la acusación particular, defendió que existen en esta causa "prueba lícita y suficiente para desvirtuar la presuncion de inocencia" en referencia a las grabaciones "no manipuladas". El letrado considera que "Alcón usó su cargo para financiar al PP con la ayuda de Marcos Benavent, que ni siquiera trabajaba en el Ayuntamiento de València" mediante "la ajudicacion irregular de contratos a los tres empresarios que sobornaron a la señora Alcón a través de Marcos Benavent". Unos contratos formal y administrativamente correctos. "Nadie pone en duda la ejecución de los contratos y su calidad técnica". Pero sí el pago de mordidas por los empresarios "para obtener un trato de favor" gracias a la influencia de Maria José Alcón que "no era un florero. Era una concejala con capacidad de influencia y decisión. No era un miembro insignificante en la junta de gobierno, participaba aunque sin voto".

Por último, el abogado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarrro, ha solicitado la absolución de su cliente, basándose en la petición de nulidad de las grabaciones, por las irregularidades y la deficiente cadena de custodia de los dispositivos de almacenamiento (pendrive) aportados a la causa por la diputada Rosa Pérez Garijo y por el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario de Xàtiva Mariano López. Navarro ha puesto en duda la integridad de los audios en manos de ambas personas. En el caso de Pérez Garijo porque "tuvo tres meses el pendrive, antes de entregarlo a la Fiscalía". Además de criticar "quién es ella para tener un pendrive con hechos delictivos para investigar por su cuenta y no entregarlo desde el primer momento, para obtener un rédito político". Además de acusar al exsuegro de Marcos Benavent de revelación de secretos.

Sobre el fondo del asunto, la prevaricación (por el amaño de contratos) y la malversación (por su contrato zombi) ha defendido que no son de aplicación para Benavent, porque no era funcionario en el fondo, ha planteado que no son constitutivos de delito los hechos por los que se le acusa a Benavent.Aunque, en el caso de apreciar delito, ha solicitado que se aprecien las atenuantes de dilación indebida, porque la causa judicial se inició en julio de 2014 en la Fiscalía y en marzo de 2015 en el Juzgado de Instrucción 18 y estos hechos se juzgan en 2026, once años después y la de cuasiprescripción que se reivindica en "los casos en los que falta poco tiempo para que prescriba".

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